Rescatando al soldado Harley...

El reciente Acuerdo 398 alcanzado por la Suprema Corte de Justicia que otorga facultades al señor presidente de esa corporación para separar del cargo a aquellos funcionarios judiciales de carrera en el evento en que sean procesados por faltas disciplinarias o éticas; además de llevar a cuestas el peso de varios recursos de nulidad que —irónicamente— tendrán que dirimirse en este mismo escenario; continua siendo objeto de fuertes críticas por quienes pudiesen figurar en el ojo de la tormenta —que ya arrojó sus primeros resultados— y algunos miembros de la sociedad civil que evocan el carácter inconstitucional de un acuerdo que se superpone a lo que dispone la ley en esta materia.

Lo cierto es que para el grueso de la membresía de este país las justificaciones que motivaron la implementación de la norma y los resultados que se desprenden de la misma nos otorgan como sociedad civil sobradas razones para defenderla y aplaudir el inicio de ese proceso de depuración y rescate a favor de un sistema judicial inamovible y cautivo de la pastosidad y la selectividad en que opera.

¿Para quién es un secreto que la administración de justicia en nuestro país anida en un permanente caos?

Mora judicial, incumplimiento en los procedimientos, sentencias y notificaciones durmiendo las mil y una noches, son solamente algunas de las irregularidades y constantes quejas que durante mucho tiempo cayeron en saco roto y fueron encubiertas por un velo de impunidad y protección construido en derredor de muchos de éstos microfeudos (juzgados), que aprovechándose de su legitimidad y autoridad, impartieron fallos bajo criterios de subjetividad y parcialidad.

El peligro de no ofertar justicia y en tiempo oportuno, como viene ocurriendo, no radica expresamente en el descontento y la impotencia de las partes, reside en el mensaje masivo y reiterado que estamos enviando a la sociedad en general, que es la figura en quien recae verdaderamente el agravio desprendido del delito y que, en base a los nefastos acontecimientos y sus efectos, parece estar descifrando erróneamente que el crimen y la impunidad en este país tienen algún grado de recompensa.

La ocasión es propicia para hacer un llamado a la comunidad en general, a fin de promover y respaldar los procesos tendientes a depurar nuestras instituciones judiciales; los métodos pueden ser discutidos sobre la marcha, lo absurdo es concebir la idea de que vamos a ordenar la casa, sin endosarle autoridad a quien tiene la responsabilidad de hacerlo.

Debemos entender de forma clara que la inoperancia en nuestras instituciones radica en su estructuración burocrática y la jerarquía “virtual” existente en las mismas, donde sólo existen superiores de organigrama que en la práctica gestionan maniatados y de espaldas a sus subalternos.

El primer paso ha sido dado, de nosotros depende dar continuidad y seguimiento a este proceso, fiscalizando que se obre en estricto derecho y sin atropellos contra quienes entorpezcan u obstaculicen el implacable brazo de la justicia.

*Financista, docente e independiente.alfasa13@cwpanama.net