El FFD y la tozudez de los gobiernos

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) fue creado por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares en 1995 —no por generación espontánea— con la finalidad de que los dineros de la privatización revirtieran en obras sociales en pro del país, al mismo tiempo que se constituía la única fuente de ahorro nacional.

El FFD se compuso por los ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas —IRHE, INTEL y puertos— y de los activos de la Región Interoceánica. Las disposiciones sobre su uso prohibían la utilización del capital, que a finales de la administración Pérez Balladares totalizaba mil trescientos (1300) millones de dólares, cantidad equivalente en acciones que el Estado tiene en las empresas operadora. Se estableció una política de inversión de bajo riesgo, para lo que se ordenaron depósitos a corto plazo en bancos solventes.

Desde el año 2000 sufrió modificaciones, que resultaron en importantes mermas a su capital. Mientras que a finales de 1999 el 95% del capital era líquido, a mediados de la administración Torrijos solo el 5% del monto total cumplía con esa condición. Mientras el monto total del FFD sumó en 1999 mil trescientos millones; en 2007 la cuantía se desmejoró sustancialmente para totalizar unos 1120 millones.

La ex presidenta Mireya Moscoso fue la primera en proponer una modificación a la ley original, cuando impulsó un cambio que permitiera usar el capital del Fondo Fiduciario para el Desarrollo en obras sociales con el pretexto de reactivar la economía. La Asamblea Nacional aprobó el uso de 200 millones en una diversidad de obras, entre ellas el proyecto de riego en la provincia de Chiriquí Remigio Rojas, que terminó siendo financiado con un préstamo de un banco local. A la fecha no se han rendido cuentas, no solo del uso sino del destino de fuentes que debieron ir a ese fondo durante los gobiernos de Moscoso y Torrijos.

Una investigación del diario La Prensa, en el año 2007, evidenció que durante esos períodos gubernamentales se dejaron de depositar cerca de 229 millones producto de ventas de activos de la Región Interoceánica; mermando el capital del FFD y contraviniendo la Ley que lo creó.

Incluso un Torrijos, que dedicó gran parte de su discurso presidencial a destacar su gestión por encima de los gobiernos anteriores, utilizó 10 de los 200 millones en el año 2007 argumentando que se requirieron para activar la economía, una excusa que ese año perdía validez. Este gobierno, cuantifica los montos que no fueron depositados en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo por la administración Torrijos en 520 millones.

Aunque la salida al mercado liderada por la Administración Martinelli aumentó su capital y le devolvió liquidez, reavivar iniciativas como la de Moscoso, puede arrojar resultados más drásticos que los vistos —mejor dicho, no vistos— en ese momento.

Proponer el uso de cerca de 400 millones para la compra de los corredores es un cambio en sentido de retroceso y por demás incoherente, si el principal motivo que se tuvo para que estos pasaran a manos del Estado fue una reducción en el costo del peaje, lo que fue descartado inmediatamente por el presidente de la República.

El Estado panameño traspasó a manos de operadores privados los servicios públicos, los que, además de invertir en infraestructura, respondían por la eficiencia y eficacia en la prestación de estos servicios.

Lo ideal sería que, así como la ampliación del Canal se consultó en un referéndum, el uso de los dineros del Fondo Fiduciario para el Desarrollo sea una decisión de todos y no una cuestión dejada a la tozudez que tienen los gobiernos en meterle la mano. Aunque he de reconocer que la idea da escalofríos. No vaya a ser, al paso que vamos, que quedemos aprobando la reelección a 5 años.

*PERIODISTA.