¿Enterrada la profesión de historiador?

El susurro a los oídos del supuesto presidente de todos los panameños, por parte de una reducida élite de historiadores y los poderes económicos tras fundaciones y museos que lucran de lo historizante, para que vetara el Proyecto de Ley 638, que regulaba la profesión de historiador, sin dudas, fue escuchado.

Los primeros, fieles a los intereses de los de su clase, toman los fundamentos de la investigación histórica para hacer un uso político del pasado. Los segundos, poco o nada saben de la historia, pero sí de negocios, por lo que apuestan al relato del pasado como generador de ganancias. Lo cierto es que, aunque no se esté de acuerdo, habría que respetarle su perspectiva respecto a la ciencia histórica, la cual seguramente ensalzan como “la historia, su historia, la única entre todas las ciencias que sostiene su estatus”.

Es una forma de hacer historia que no es la nuestra. Es una historia más bien parecida a la del historiador francés Louis Halphen, de la que alguien se quejó por ser una historia historizante que exige poco. Muy poco, demasiado poco para los bien entendidos del oficio. Insisto en que hay quienes olvidan que la historia, más que simple relato, es un método de investigación o procedimientos utilizados para juntar evidencias –documentos, huellas, restos fósiles– sobre las actuaciones de los hombres en el tiempo.

Es una ciencia de pruebas que investiga sobre la realidad, por tanto, los historiadores son cientistas sociales que, fieles a los fundamentos del oficio, buscan acercarse a comprender, interpretar y reconstruir de la forma más realista posible acontecimientos, problemas, personajes, situaciones o momentos en el tiempo largo o corto. Históricamente, la historia y los historiadores han sido objeto de ataques, incluso se ha dado entre los de la propia tribu, toda vez que los pensamientos, las ideas y experiencias son diversas, pero enterrados, sepultados, ¡Jamás!

Desde mucho antes de encaminarse el proyecto de Ley 638, los historiadores ya existíamos como profesionales, abocados a la investigación y la enseñanza –transmitiendo todo conocimiento producto del oficio y sus experiencias– sin reconocimiento por parte del Estado y sin existencia en el manual de cargos. A propósito, su producción historiográfica ha sido tan efectiva que las influyentes formas de poder en su afán de consolidar su dominio económico e ideológico se han enconchabado para neutralizarnos.

A pesar del veto presidencial, seguimos vivos. Heridos, pero no muertos, hemos perdido una batalla, mas no la guerra. Toca seguir trabajando, utilizando los procedimientos del método histórico para juntar las evidencias que nos permitan deconstruir el proyecto tendencioso de los que creen que la historia es propiedad exclusiva, ficción literaria o interpretaciones superficiales e improbables, que sirve solo para el lucro. Dadas las circunstancias, los historiadores, como lo proponía Joseph Fontana, “…debemos actuar como la conciencia crítica de la sociedad del tiempo presente”. (De La Torre, 2018. p. 1).

En suma, como lo recomendé a un amigo, llevemos el proyecto vetado a cada rincón de nuestro país, para que todo historiador habido y por haber conozca sus intenciones y bondades, para seguir nutriéndolo de cada sugerencia, para debatir y resarcir lo que supuestamente lo hace inexequible. Incluso, que los amigos historiadores del extranjero nos ayuden a fortalecer nuestra propuesta y volvamos a intentarlo. El historiador debe cumplir la exigencia que formulaba Bloch de convertirse en “la voz que clama en la plaza pública”. (Fontana, 2003. p. 26).