Enfrentar al enemigo de todos

El Gobierno de México y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han convocado a una reunión hemisférica de alto nivel contra la delincuencia organizada transnacional, uno de los mayores desafíos que tiene nuestra región. El encuentro se llevará a cabo el 1 y 2 de marzo próximos y en él las autoridades del continente encargadas de enfrentar el problema del delito y la violencia intercambiarán información y experiencias, y buscarán mayores y mejores formas de coordinación de sus esfuerzos.

El crimen organizado transnacional es el principal responsable continental de actividades como el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas e inmigrantes, la trata de personas, el lavado de dinero, la corrupción, el secuestro y los delitos cibernéticos. Estas bandas criminales también utilizan su organización y poder económico para generar pandillas delictivas juveniles, corromper a funcionarios públicos y privados y en ocasiones incurrir en actos terroristas. Todas estas actividades son perpetradas transgrediendo fronteras y jurisdicciones nacionales y desplegando capacidades que a veces llegan a superar a las de las fuerzas de la ley.

Esta actividad criminal no aqueja sólo a un país: es el enemigo de todos. En 2010 —el último año para el cual el Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA tiene datos oficiales— hubo 154.836 homicidios dolosos en todo el hemisferio, lo que significa que en promedio se cometieron 424 homicidios cada día, 17 cada hora y prácticamente uno cada 4 minutos. Tres cuartas partes de esos homicidios se cometieron con armas de fuego, el porcentaje mayor de cualquier región en el mundo.

Detrás de los fríos datos se oculta la dramática realidad de seres humanos que pierden la vida, sufren heridas, pierden sus ahorros o se ven arrastrados a la miseria. Son las verdaderas víctimas, cuya voz raramente se escucha, pero cuyo silencio estruendoso nos obliga a reaccionar.

Además de este efecto principal, las actividades del delito organizado amenazan importantes áreas de actividad económica como el turismo o la producción agrícola. Generan costos en materia de seguridad privada, atención sanitaria a víctimas, aumento del gasto público en aplicación de la ley, disminución de la inversión pública y privada en actividades productivas y otros que aún son difíciles de estimar.

Cuando el control del delito organizado sobre barrios, comunidades o zonas geográficas más amplias dificulta, impide o incluso sustituye la acción de las instituciones públicas, estamos ante una amenaza cumplida contra la gobernabilidad democrática. La situación se repite cuando el delito organizado interviene directamente en procesos electorales amenazando o incluso asesinando a candidatos, amedrentando a los electores y en muchos casos imponiendo a sus propios candidatos. Y lo mismo ocurre cuando el delito organizado corrompe a funcionarios públicos y privados.

En toda la región los gobiernos están desplegando sus capacidades para enfrentar el desafío de la inseguridad de sus ciudadanos, e igual sucede con la cooperación internacional, como muestran iniciativas como los Planes ‘Colombia’ y ‘Mérida’ de ayuda de los Estados Unidos a Colombia y México. La OEA ha desarrollado también una amplia red de instituciones para la cooperación en la lucha contra el delito y la violencia, como la Convención Interamericana contra la Fabricación Ilícita y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados; el Plan Hemisférico Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; las reuniones ministeriales de Justicia y Seguridad; y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

En cada una de estas instancias se logran avances constantes, pero es necesario ir más lejos: si las fronteras no frenan la actividad de estas bandas, tampoco deben ser un obstáculo para su combate. Es preciso compartir experiencias, coordinar acciones y armonizar leyes y reglamentos para que ese enemigo común encuentre una reacción única. A esa tarea se dedicarán las autoridades de seguridad del hemisferio los próximos 1 y 2 de marzo en Ciudad de México.

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA.