El ‘diálogo’ del Seguro Social comenzó, pero ¿cómo terminará?

Las palabras del presidente cuando el pasado jueves hizo “su valoración” de la primera sesión del diálogo “para salvar la Caja”, como se le denominó con cierta pompa en sus inicios, pero al que ahora se conocerá como el “Conversatorio Nacional sobre la Caja de Seguro Social”, aparte de retratar los problemas, también incluyeron la advertencia del rumbo que piensa seguir.

Quienes vieron la comparecencia presidencial recordarán que dedicó varios minutos a describir, con buenas dosis de dramatismo, el vía crucis por el que, desde hace muchos años, transitan los asegurados y sus dependientes cuando, después de sortear innumerables peripecias y largas esperas, logran acceder en búsqueda de remedio a las diferentes instalaciones de la Caja de Seguro Social.

En sus palabras puso mucho énfasis en que a los funcionarios de la institución les había recordado que quienes acuden a las clínicas y hospitales del Seguro, merecen ser atendidos bien y con prontitud, “porque ellos, los asegurados, son los dueños de la institución y los que pagan sus salarios”. Tal vez no lo cito textualmente, pero por ahí sonaron los tiros.

Estuvo bien ese recordatorio, pero ese, desde luego, no es el tema medular que se debe debatir en el diálogo. Para corregir esas conductas negligentes y degradantes, solo es necesario que la dirección de la institución cumpla estrictamente con sus responsabilidades. Pero, el recuento presidencial sí puede y debe haber servido como advertencia para los malos funcionarios y como estímulo para que los asegurados las denuncien y exijan sus derechos.

De las declaraciones del presidente, también destacó su afirmación de que “gobernar conlleva la obligación ineludible de decidir”, lo que es cierto. De quien es elegido para gobernar, el pueblo espera que tenga el carácter y la firmeza para tomar las decisiones que resuelvan o contribuyan a resolver los problemas que preocupan o sufren los pueblos que los encumbran a ese sitial. Pero, para gobernar bien no solo se requiere contar con el mandato del pueblo; también es necesario mantener la sintonía con la mayoría del electorado. Y para mantenerla solo hay una vía: la consulta, que debe ser permanente.

Solucionar la crisis de la seguridad social es, sin duda alguna, el reto más importante que enfrenta la nación, y la capacidad que tenga el nuevo gobierno para superarla, antes que cualquier otro tema, definirá cómo será recordado. El “conversatorio”, como método marca un buen inicio, pero que tenga un buen final está por verse. Y la conducta del gobierno de imponer metodologías, plazos y voceros, presagia confrontaciones antes que vías para el consenso.

Si hay que hacer un balance preliminar de lo que hasta ahora ha aportado “el conversatorio”, viene quedando la impresión de que el gobierno, antes de convocarlo, ya tenía metas preestablecidas, que ensayaría a tratar de “consensuarlas”, pero que, en el caso de que no lo logre, se lanzará por la calle del medio con el proyecto que ya debe estar preacordado en el Consejo de Gabinete. Solo de esa manera puede interpretarse la declaración, que fue más una advertencia, de que, en el caso de que no se llegue a una propuesta consensuada, su gobierno llevará la suya a la consideración de la Asamblea Nacional.

Ese curso es el que, previsiblemente, seguirá el gobierno. Pero también es un hecho que, si su propuesta no responde a la aspiración mayoritaria de la ciudadanía, pero más específicamente de los “dueños del Seguro Social” que, y esto es bueno aclararlo, no lo son el gobierno ni los patronos, estaría montándose el escenario para una confrontación cuyas dimensiones superarían las que vivimos durante las protestas contra la minería.

Varias medidas previas, pero sobre todo prácticas y tácticas, pueden prevenir esa previsible confrontación: 1) No imponer plazos perentorios para el desarrollo del “conversatorio” 2) Amortizar las urgencias, mediante el anuncio de que en el Proyecto del Presupuesto del año 2025 se incluirá la partida necesaria para paliar temporalmente el “déficit de caja” del Fondo de Pensiones, y 3) Anunciar que la propuesta final, que presumiblemente saldrá del Órgano Ejecutivo y la que seguramente sería diferente, que propondrían los asegurados y pensionados, serán sometidas a “una consulta” para que sean “los dueños del Seguro Social”, los que finalmente decidan.