A defender la Caja de Seguro Social

Los distintos Gobiernos neoliberales que han dirigido nuestro país, siguiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han realizado campañas y construido escenarios para sustentar la “necesidad” de privatizar las instituciones del Estado panameño. Así lo hicieron cuando privatizaron el IRHE e Intel. Hoy, desde hace varios años, lo vienen haciendo con el Seguro Social, desmejoran los servicios de la institución y comienzan campañas de repudio a la misma. No garantizan un buen servicio y se da el “no hay medicamentos”, “no hay reactivos”, “no hay insumos”, las citas son para un año después, la atención es deficiente, cuando esto se da, el asegurado termina diciendo “mejor que cierren el seguro”.

La Caja del Seguro Social es una de las instituciones más grandes de nuestro país y no podemos permitir que la misma sea privatizada. Las y los trabajadores no tendríamos a donde ir a ser atendidos, requerimos que la institución preste un buen servicio.

El objetivo de crear una institución como la Caja de Seguro Social, mediante Ley 23 de 1941, buscaba tener un programa de riesgos de enfermedad y maternidad, de proveer los servicios de salud a todos los asegurados y beneficiarios, con el fin de mantener activa la fuerza de trabajo, que produce la riqueza del país, y cubre la maternidad mediante la licencia de gravidez, cuyo propósito es reproducir la fuerza de trabajo por un lado y que la misma pueda estar en condiciones para producir.

Desde un inicio el sistema fue aplicado con carácter obligatorio a los trabajadores públicos y privados en los distritos de Panamá y Colón. En 1943 se incluye la cobertura de riesgos para las y los trabajadores en caso de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte beneficiando a los cónyuges e hijos menores.

Siguiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional, el 27 de diciembre de 2005 se da la Ley 51 que modifica la Ley de la Caja de Seguro Social, esta Ley, que se vendió como la panacea que solventaría las dificultades que tenía la institución, ha sido un rotundo fracaso.

La Junta Técnica Actuarial, nombrada con base al Artículo 217 de la Ley 51 de 2005, hace un informe con fecha 30 de noviembre de 2019, y en su conclusión y recomendaciones finales señala lo siguiente: “Recomendamos a la Junta directiva y al Poder Ejecutivo, comenzar los diálogos nacionales para una reforma de la Ley del Seguro Social, ya que los análisis anteriores anticipan una situación compleja que conllevará a cambios sustanciales en la Ley para poder solventar la situación financiera del SEBD. Estos cambios tendrán que ser una combinación de aportes extraordinarios del Estado, aumentos en las contribuciones de cuota obrero-patronal, incremento de las edades de referencia de pensión, disminución de beneficios, entre otros”.

No es necesario que se diga paramétricas, ya que allí están las medidas que quieren imponernos. Las y los trabajadores hemos señalado desde el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), la siguiente propuesta: 1.- Exigir volver al Sistema Solidario. 2.- Recuperar los fondos sustraídos, producto de la evasión en el pago y hechos fraudulentos de las empresas. 3. Exigir que se realicen las auditorías e investigaciones y se sancione a quien o quienes lesionaron los recursos de la Caja de Seguro Social, producto de las obras inconclusas, sean personas jurídicas, naturales o funcionarios que por acción, omisión o negligencia permitieron esta lesión y se concluyan las obras necesarias para el mejor desarrollo de la institución y en beneficio de toda la población asegurada. 4.- Incrementar los intereses pagados a la CSS por los fondos depositados en el Banco Nacional. 5.- Permitir la Inversión del dinero de la CSS en la economía de segundo piso del Estado. 6.- Ampliar la cartera de préstamos hipotecarios. 7.- Establecer un sistema tributario progresivo, donde las grandes empresas paguen proporcionalmente sus impuestos.

Hoy, en la Caja de Seguro Social hay 38 mil empleadores que le deben a la institución 283 millones de balboas, dinero que le han descontado a las y los trabajadores y no lo han pagado y el Gobierno debe más de 400 millones al Seguro Social. La Caja de Seguro Social no puede continuar de manera benevolente con todos los que de una u otra forma han usurpado dineros y bienes de la institución.

Por una Caja de Seguro Social Solidaria, Unitaria y Universal.