Exdirectivo de consorcio para obra del Canal narra la larga historia de un despojo y trabas judiciales

La trama sobre supuestas irregularidades cometidas presuntamente por jueces y magistrados del Órgano Judicial, en el manejo de un proceso legal que involucra al consorcio conformado por las constructoras ICA-FCC-MECO; no termina.

El proceso tiene como demandante a las empresas Sonama, S.A. y Sonama Panamá S.A., quien señala al consorcio ICA-FCC-MECO, por incumplir un contrato pactado para efectuar trabajos de excavación y remoción de tierra en el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, una pugna legal que ya tiene 11 años en la Corte Suprema de Justicia, sin que aún se resuelva.

Esta vez un ex directivo de ICA, en una declaración notarial jurada realizada en Miami, Estados Unidos, el pasado 12 de noviembre de 2024, reveló las interioridades de este caso y todo lo que se hizo primero desde el consorcio para perjudicar a Sonama, S.A. y Sonama Panamá S.A., y parte de lo que se ha hecho en las instancias judiciales panameñas para enmarañar este proceso.

Ernesto Fernando Inderbitzin Campos, ex directivo de ICA y de nacionalidad mexicana, quien en el 2010, era empleado de ICA, y fungía como jefe de obra del consorcio en Panamá, reveló en esta declaración jurada todo los hechos, desde que el consorcio ICA-FCC-MECO resultó adjudicatario del contrato Pac-4 de las obras de la ampliación del Canal de Panamá.

Explica que en el periodo de marzo, abril y mayo del 2010, se decide subcontratar parte del movimiento de tierras a la empresa Sonama, quien presentó la mejor oferta y por lo cual se ordenó la movilización inmediata de la maquinaria pesada necesaria desde España para iniciar los trabajos.

No obstante, destaca que posteriorente, la empresa MECO, -quien años después de declaró confesa de haber pagado coimas en Panamá para obtener contratos de obras públicas- a través de sus directivos comienza a presionar de manera continua al consorcio para que le quite la mitad de la obra adjudicada a Sonama y se le adjudique a la propia MECO.

Detalla Inderbitzin Campos que justamente ante esta situación, el 23 de julio de 2010 se citó a una reunión a Manuel Valiente, quien es el gerente de la empresa Sonama, a la cual también asisten como parte del consorcio el señor Pedro Collado; de FCC y miembro del comité de gerencia, el señor Javier Sanz, quien era el gerente y su persona (Fernando Inderbitzin Campos), como jefe de obra del consorcio.

Allí se le comunica al señor Manuel Valiente por parte de los representantes de FCC, la voluntad del consorcio de quitarle la mitad de la obra contratada, pero Sonama rechaza dicha reducción de obra.

El ex feje de obra del consorcio, explica que ante la intransigencia de MECO, estos finalmente logran que se le asigne hacer la mitad de la obra y que la otra mitad la realice Sonama. MECO según Inderbitzin Campos, escogió la mejor zona de trabajo de las dos posibles a nivel económico de realización, sin siquiera comunicarle nada a Sonama.

No obstante, cuenta el ex directivo que aunque se dan adjudicaciones definitivas para el movimiento de tierra en primera fase, la mitad a MECO y la mitad a Sonama, posteriormente desde el 22 de septiembre de 2010, MECO empieza a presentar reclamaciones e inconformidades al consorcio, habiendo ya empezado la obra.

Pero a pesar de esa insistencia el 1 de diciembre de 2010 MECO anuncia la salida de su equipo de la obra y el consorcio decide la compra urgente de maquinaria.

Recuerda Inderbitzin Campos, -quien cita las actas de gerencia del consorcio como pruebas de su relato- que se dieron cuenta que al incorporar los equipos comprados por el consorcio, debido al abandono de MECO, obligan a detener los equipos de Sonama, no adjudicándole y rescindiéndole el compromiso de obra de la segunda fase, “pues caso contrario, nuestros equipos pararían”.

Incluso, relata Inderbitzin Campos que en el comité de gerencia número 1 del 5 de abril de 2011, el gerente del consorcio intenta construir “basado en hechos falsos”, un comité de gerencia que no se produjo.

“Ponen como asistentes a gente que no estuvo porque no se produjo y como firma en el cajetín de asistencias, burdamente adjunta fotocopia del cajetín de otro comité, con lo cual demuestra su burda falsedad. Basado en esto, y en hechos falsos, intenta construir una rescisión de Sonama”, afirma el ex jefe de obra del consorcio, que hoy está jubilado.

El gerente de Sonama, Manuel Valiente contestó oponiéndose a todo lo expuesto y denunció la falsedad de tal reunión.

Según Inderbitzin Campos, la situación estaba bien clara, “hacía falta rescindir el contrato con Sonama en el mes de agosto de 2011, basado en hechos totalmente falsos, para que no se paralice la maquinaria que el consorcio ha tenido que comprar tras el abandono de MECO”.

Finalmente el 17 de agosto de 2011, se le da orden a Sonama de que paralice sus trabajos y proceder a la medición y liquidación de obra.

Luego de lo ocurrido en esta pugna contractual, la empresa Sonama demandó civilmente al consorcio ICA- FCC- MECO, en 2013, pero a pesar de que el proceso lleva ya 11 años de haber sido interpuesto; y luego de un recurso final de casación presentado hace 4 años, este aún no ha sido resuelto por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSS).

Viacrucis legal

Parte del viacricis legal que han sufrido los representantes de Sonama, también fue relatado por el ex jefe de obras de ICA en la declaración jurada hecha en Miami.

Allí Inderbitzin Campos señaló que la firma de abogados del consorcio, un poderoso bufete panameño, cita a declarar a todos los miembros del comité de gerencia como testigos al Juzgado Séptimo en Panamá, “pero como un testigo no puede mentir en sus declaraciones, nos dicen a todos los miembros del comité de gerencia que no asistamos, cosa que cumplimos. No nos presentamos”, asegura.

Explica que después, ya en el Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá, esa firma de abogados los vuelve a citar, y le comunican posteriormente a los convocados que no asistan a declarar.

Destaca que allí surge un problema. Ya que en ese momento él era jubilado y no trabaja más para ICA. Sostiene que al no trabajar ya en ICA, y dada su religiosidad, decide ir a la declaración del Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá los días 24 de febrero de 2020 para tratar de resarcir los daños ocasionados a Sonama, obedeciendo a su conciencia.

Explica que el día anterior a las 17 horas le comunica a Manuel Valiente, gerente de Sonama de su asistencia como testigo a la declaración del día siguiente, la cual fue solicitada por los abogados del consorcio.

El señor Valiente le comunicó a su abogado de su comparecencia. No obstante, detalla que una vez se apersonó al Primer Tribunal para su declaración ante la magistrada Eva Cal, notó con sorpresa la presencia de varios abogados, por un lado juristas de la firma de abogados que defendía a Sonama, en la cual una de ellas tenía una relación familiar con uno de los abogados del poderoso bufete que representa al consorcio ICA-FCC-MECO, lo que confunde a Inderbitzin Campos, quien dice no entender lo visto.

Recuerda que la magistrada Eva Cal, en vez de tomarle su declaración, anuncia un receso de un par de horas para consultar su libro, “presuntamente entiendo que lo que hace es ganar tiempo para que un abogado de mayor peso de la firma de abogados del consorcio se presente, ya que no esperaban su comparecencia”.

Indica que conociendo su derecho legal a declarar, no le fue posible, a pesar de que consideraba que la abogada de la firma de abogados que representaba a Sonama, tenía todo el derecho a preguntar a cualquier testigo citado por la contraparte, “pero la firma de abogados del consorcio, no se lo permitió”.

Precisó además que la magistrada tenía la obligación de tomar declaración a un testigo de su importancia, al ser el jefe de obra del consorcio y conocedor de la realidad de los hechos.

El gerente de Sonama al darse cuenta que había un aparente entendimiento entre abogados de la firma que lo representaba y los abogados de la contraparte, le reclama a su apoderado legal, a lo que finalmente estos deciden abandonar el caso.

A esta situación “irregular” también se suma la decisión del Juez Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, Guillermo Ballesteros de ordenar levantar un secuestro millonario que había sido decretado contra el consorcio ICA-FCC-MECO, pese a la decisión emitida por el Tribunal Superior.

Tras esta decisión, el Juez Ballesteros fue sancionado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por incurrir en desacato en una decisión de esta instancia superior en la disputa legal entre estas empresas.

”Retraso por influencias”

Frente a estas situaciones, Manuel Valiente, representante de las empresas Sonama S.A. y Sonama Panamá, ha manifestado su preocupación por la forma como se manejan los procesos judiciales en Panamá, tras señalar que se percibe un “atraso por influencias” en la demora de la Corte Suprema de Justicia para emitir una decisión final en este proceso.

“Toda la segunda parte del contrato no se nos pagó; la movilización, todos los costos de todo esto, los daños y perjuicios que eso ocasiona, a todo eso hay derecho según la justicia. Tenemos toda la documentación notariada, peritada, presentada y admitida; lo que demuestra toda nuestra reclamación”, enfatizó Valiente.

Valiente recordó que directivos de las empresas FCC y MECO, que son parte del consorcio demandado, resultaron confesos y llegaron a acuerdos de pena con las autoridades de Panamá por el pago de millonarios sobornos a las autoridades del Gobierno de esa época para adjudicarse obras estatales.

Sala Civil sigue sin pronunciarse

El caso está -desde hace cuatro años- en la Sala Primera de lo Civil, luego de haberse interpuesto el recurso de casación.

Esta Sala Primera está a cargo de los magistrados Mirian Chen, que es la ponente del caso, además de Ángela Russo y Olmedo Arrocha. La magistrada Russo también fue recusada en este caso.