Pabo instala extractora de palma apoyada en cuestionable consulta ciudadana

La presencia y el ruido que producía una maquinaria dragando el río Fonseca, así como la tala hasta altas horas de la noche de árboles de teca, alertaron a la comunidad del distrito de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí, de que algo estaba pasando.

En esa zona, próxima a los manglares de San Lorenzo, la empresa Industria Panamá Boston (Pabo S.A.), cuya casa matriz es el Grupo Numar de Costa Rica, construye una planta extractora de aceite de palma.

Pabo, que mantiene unas 2,500 hectáreas del cultivo de palma aceitera, según la información de su portal, presentó el pasado 13 de noviembre un estudio de impacto ambiental (EIA) categoría I solicitando al Ministerio de Ambiente el aval para edificar una estructura para blanqueo, desodorización y jabonería para su complejo agroindustrial.

Este estudio, en cuyas páginas se observa que el 97% de los 29 encuestados temen afectaciones ecológicas, se encuentra en evaluación, según se informó desde el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)..

Este es el más reciente de otros cuatro estudios ambientales requeridos para el complejo agroindustrial, que están divididos de la siguiente manera: construcción de galeras, vías de acceso, movimiento de tierra para las tinas de oxidación y la construcción de la planta extractora de aceite de palma.

El de la extractora es el único estudio categoría II, presentado en marzo de 2023 y aprobado en diciembre del año pasado por MiAmbiente, según su expediente digital.

No tener la aprobación ambiental para la operación de la planta, de acuerdo con las fechas del ministerio, no fue óbice para que desde octubre de 2022 se hiciera la palada simbólica de la construcción del complejo agroindustrial, una inversión que la compañía estima en $30 millones.

“Se inició hoy la construcción de un moderno complejo agroindustrial”en el que además de la extracción de aceite de palma, se elaborarán productos de consumo masivo como jabones de baño y detergentes, se lee en su página web.

“En los últimos años, las empresas dividen el proyecto en varias etapas y MiAmbiente los acepta. Es una estrategia engañosa que oculta los impactos ambientales porque no se hace un análisis real de una obra”, explicó Damaris Sánchez, directora de la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá (Fundicep).

Esta organización no gubernamental ha recibido llamadas de vecinos de la zona y líderes “inquietos” que temen impactos ambientales de la Pabo, cuyo complejo ha avanzado en más de un 40%.

Esta planta tendrá la capacidad de procesar 30 toneladas de racimo de fruta por hora, para exportar el 90% del producto, y se levanta en un terreno de 47 hectáreas, una operación que no prevé su abandono, cita el EIA.

Para el penúltimo estudio, el de la operación de la planta, se encuestó a 44 personas aunque en el distrito de San Lorenzo habitan unas 7,500.

Además, para la operación de la planta extractora se estimaron las “viviendas” a 2 kilómetros a la redonda.

“Esto es algo inusual”, consideró el experto en derecho ambiental Harley Mitchell, porque normalmente se suele considerar a los habitantes, porque con las viviendas no se tiene certeza de quiénes viven ahí.

Sumando los dos últimos estudios, se encuestó apenas al 0,9% del distrito, a pesar de que Panamá ratificó el Acuerdo regional de Escazú que busca garantizar la participación ciudadana y justicia ambiental.

En este sentido, el Decreto 123 de 2009 establece que para los estudios categoría II y III el Ministerio “podrá disponer de la realización de un foro público” cuando la obra “lo amerite” o la comunidad lo solicite y para esto se debe considerar no menos del 2% de la población impactada.

Los manglares de San Lorenzo, junto con los de los distritos de San Félix y Remedios, en la provincia chiricana, se consideran de gran valía económica, según el análisis de “protección de reservas y sumideros de carbono en los manglares y áreas protegidas de Panamá”, coordinado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo.

A pesar de que la planta se ubica a unos 10 kilómetros del manglar de San Lorenzo y se aprecia en las imágenes satelitales que algunas de las parcelas del cultivo están pegadas al cauce del río Fonseca, el Ministerio de Ambiente no requirió el foro.

Según el EIA de la Pabo en el proyecto de la planta no hay ríos o quebradas, pero entre la carretera Panamericana y el terreno de la extractora existe un drenaje que descarga sus aguas al río Fonseca.

¿Por qué el ministerio no convocó un foro? Porque “durante el proceso de evaluación no se presentó ninguna solicitud por parte de la comunidad” para realizarlo.

Además de las encuestas, “se hizo un aviso de consulta pública” fijado en abril 2023 y desfijado en abril de 2024 y dos “publicaciones” en un periódico y la comunidad no hizo comentarios, contestó el ministerio a La Estrella de Panamá.

Pero la comunidad parece tener otra opinión, como se aprecia en varias de las encuestas del estudio para la jabonería que cuestionan que el sondeo se da cuando la obra está avanzada.

“Nunca hemos sabido de una consulta pública, solo de una reunión informativa. Si se hubiera dado una consulta pública se hubiera preguntado sobre los daños ambientales”, dijo Jorge Moreno, padre de familia y morador del distrito de San Lorenzo.

Los riesgos ambientales y los malos olores conocidos por esta industria, que tiene una fuerte presencia en Puerto Armuelles, Chiriquí, le preocupan a Moreno, quien señala que “la comunidad desconoce las normas ambientales e inclusive sus derechos para pedir un foro”.

Las consultas son“una burla”, describió por su parte Remigio Palacios, un morador de San Lorenzo, quien no duda en afirmar que estas se dan cuando todo se ha decidido.

Los entrevistados por La Decana estiman que las autoridades locales y ambientales se han aliado con la Pabo.

Una semana después de una carta enviada a MiAmbiente en octubre pasado y firmada por moradores de las comunidades de El Jobo y Llano Grande, debido a la tala y el dragado del río, cuyo autor y permiso se desconocen, la Pabo hizo otra reunión informativa.

En ella, supuestamente, se comentó que posteriormente extraerían material pétreo del río para hacer unos caminos tanto para la compañía como para la comunidad, comentó Palacios.

En cinco distintas ocasiones, La Decana ha intentado por diversos medios comunicarse con la Pabo para obtener su versión, pero esto no ha sido posible.

Los esfuerzos realizados permitieron ubicar solo a quien aparece como “contacto” de la empresa en la EIA, el consultor Heriberto Degracia, quien dijo que el equipo legal de la Pabo atendería.

“¡Qué parte no entendió que no es responsabilidad mía, mi parte es asesoría ambiental!”, contestó un tanto alterado al solicitarle el celular del gerente general de la empresa, Carlos Ortiz Malavassi.

No obstante, en la página web de la Pabo se afirma que tienen un “firme compromiso con el desarrollo sostenible”.

“Esta operación ha sido avalada con el sello de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y emplea de forma directa 200 trabajadores formales, en su mayoría del pueblo ngäbe-buglé”.

De acuerdo a su página web, Fabio Guerrero, gerente general del Grupo Numar, la mayor procesadora de aceite de Costa Rica, mencionó en el acto de la palada simbólica que fortalecer sus operaciones en Panamá representa un importante paso para el desarrollo de la agroindustria sostenible en Centroamérica con una estrategia de sostenibilidad y de alto impacto social.

Con esta planta, Panamá contaría con cinco extractoras de aceite de palma, un cultivo que ha crecido en los últimos años superando las 20 mil hectáreas y se concentra el 90% en Chiriquí.