El debate constituyente

Se han requerido 100 años de vida republicana para incorporar en nuestro mecanismo de reforma constitucional la denominada ‘Constituyente Paralela'. Esta fórmula político-jurídica permite la asunción de sesenta representantes directamente escogidos por el pueblo, con potestad para reformar total o parcialmente la Carta Fundamental. Aunque nuestra historia constitucional da cuenta de la implementación de dos procesos constituyentes de naturaleza originaria, lo fundamental en nuestras actuales circunstancias pasa por realizar un repaso los factores que hasta el momento han impedido la puesta en escena de la Asamblea Constituyente Paralela.

La génesis de este debate nos acerca al Gobierno liderado por el señor Martín Torrijos, destinatario inmediato de las últimas reformas constitucionales en el país. La compleja naturaleza de este proceso conlleva la necesidad posterior de evaluar de la forma más prudente y objetiva, como las modificaciones incorporadas al texto impactaron la institucionalidad del Estado. Lo anterior, constituye per se un argumento atendible que nos libra de promover cualquier tipo de censurar por la falta de posteriores iniciativas de reformas; y por ende, la utilización del mecanismo recién creado.

Para el año 2009, la poderosa alianza política articulada por Martinelli-Varela logró garantizar que más del 60 % de los panameños favoreciera dicha propuesta. La mancuerna que parecía infranqueable, sucumbió por motivos que no vienen al caso detallar, no obstante, el significado y la trascendencia de este hecho político, impactó en el devenir institucional del país. Desde nuestra perspectiva, desaparecieron de inmediato las condiciones políticas necesarias para afrontar el camino de las reformas constitucionales. La desidia institucional que caracterizó al Gobierno de Ricardo Martinelli solo generó la posibilidad de congregar a distinguidos intelectuales del país, para concertar un proyecto de reformas constitucionales que, a la postre, resultó olímpicamente engavetada por quien la convocó,

Para las elecciones generales del 2009, los gurús del ‘marketing' político ubicaron señales dentro de la sociedad que les permitieron articular en el área comunicacional una serie de propuestas relacionadas a los requerimientos urgentes de reformas institucionales del Estado. Fue así como la dupla Varela-Saint Malo logró descifrar con mayor eficacia estas expectativas sociales, incorporando dentro de su programa de campaña la promesa de liderar un proceso de reformas, mediante el llamado a una Asamblea Constituyente Paralela.

No hay dudas de que la administración Varela quedó atrapada por los factores verdaderos de poder y bajo un discurso dubitativo y plagado de excusas aparentes, solo les alcanzó ensayar un tenue llamado a consultas ciudadanas, sin evitar que la gran mayoría de los panameños censurara la falta de cumplimiento de aquella promesa de campaña.

En la actual coyuntura es viable advertir la existencia de un consenso general sobre la necesidad imperiosa de reformar nuestra actual Constitución Política. No obstante, el debate se plantea en dos puntos específicos: en principio, existe preocupación respecto al alcance de tales reformas; es decir, cual será la magnitud de este proceso reformatorio, ya que por un lado están los que abogan por la imperiosa necesidad de renovar en su totalidad la Carta Magna y otros, que sostienen que solo basta afinar ciertas áreas de nuestro modelo institucional. El debate se profundiza aún más cuando examinamos las posturas que promueven un determinado modelo o mecanismo; entendiendo que existen, al menos, cuatro posibilidades: la Constituyente Originaria, la Constituyente Paralela, dos Asambleas Distintas o las dos Legislaturas.

Precisamente, los argumentos que hasta el momento han sido esbozados guardan estrecha relación con ambos tópicos; los que abanderan la posibilidad de reformas lo más amplias posible, en el sentido de facilitar la oportunidad para derogar de una vez por todas la Constitución Política de 1972. En cambio, los sectores empresariales abanican la idea de establecer reformas más puntuales, rápidas y concretas, de tal suerte que el proceso no entrañe un peligro o retroceso para el desarrollo económico del país.

Es justo señalar que al debate se han incorporado los que defiende el resultado de las anteriores elecciones generales. Ellos predican que el presidente electo, Laurentino Cortizo, no solo posee legitimidad democrática para llevar a cabo un proceso de reformas cuya naturaleza y alcance son limitados para la revisión puntual de ciertos títulos constitucionales, sino que ostenta el aval necesario para ejecutar la fórmula suscrita en el artículo 313 de la Constitución Política, que desarrolla el sistema de las dos Legislaturas y el posterior Referéndum ratificatorio, tal como lo prometió en campaña.

Como colofón, un grupo de distinguidos panameños pone en tela de duda los verdaderos efectos de las reformas, o en todo caso, de una nueva constitución, por más avanzada o moderna que esta resulte, pues la acumulación de las innumerables y profundas contradicciones que sufre nuestra sociedad, solo podrá resolverse por la combinación de una serie de factores y circunstancias que se conjugan mediante una plataforma institucional sólida y liderazgos transparentes que propicien el desarrollo de las virtudes del hombre social.

Lo cierto es que el debate está planteado y a los nuevos liderazgos políticos, solo les corresponde reconciliar las diferentes posturas, para así generar una prosperidad justa, sinónimo de libertad para crear, moverse, emprender y sobre todo construir valores de igualdad de oportunidades que permitan el respeto a la dignidad del hombre.

En este laberinto, cobra vigencia lo dicho por Alfred de Musset: ‘Todos los males del siglo provienen de dos causas; la gente lleva dos heridas en el corazón. Todo aquello que fue ya no es; todo lo que será aún no es. No busquéis en otra parte el secreto de nuestros problemas'.

EXPRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS.