Cuando aumentar la edad de jubilación es una distracción

En una entrevista reciente, Ana Matilde Gómez afirmó que le parece que la cuestión de más años en la edad de retiro es una especie de distracción frente al manejo de las multimillonarias reservas de la CSS que propone el proyecto de reforma gubernamental. En este sentido, la exdiputada se acercó a lo que todo/a conocedor/a de cómo funciona un seguro social fácilmente deduce, al revisar el articulado mareador de dicho proyecto de ley (Ver artículo publicado el 5/01/2025 en este diario titulado “Lecciones sobre seguridad social, seguros sociales e individuales”). Es decir, cuando la gente está debidamente informada -aunque no esté instruida escolarmente- es menos susceptible a la manipulación por razonamientos acríticos difundidos por muchos medios de escolarización y de (in)comunicación social.

Esta manipulación se acomete en declaraciones como las del representante del capital financiero -a la postre, cada vez menos nacional- el empresario Ernesto Pérez B. Este afirmó sobre las reformas a la CSS que: “Si no se modifican la edad de jubilación y los aportes patronales no hay solución” mientras que no se haga de manera inmediata “lo que ibas a gastar en educación o en salud o carretera tienes que quitarlo de ahí para meterlo en este hueco” (Pérez B., entrevista en EcoTV, 10/01/2025). Este argumento es válido si y solo si se decide no tocar los mecanismos generadores de inequidad que han provocado los déficits financieros al no cumplirse con los cánones de los seguros sociales y, de lo cual, el señor expresidente es parte responsable de dicho perjuicio.

Aquí, muchos pensarán en los usos privados y favorables a ciertos colectivos políticos de las “distintas” administraciones gubernamentales de las últimas cuatro décadas. Esto hace referencia a las indulgencias dadas a deudas con la CSS de prominentes grupos empresariales. Desde el día siguiente que se tomó posesión de la administración de esta institución, luego de la invasión estadounidense que posibilitó tal hecho, se borraron deudas de cuotas patronales por más de 120 millones de dólares. Una de las empresas beneficiadas era nada más y nada menos que una cervecería propiedad de la familia del presidente de ese momento y del propio director de la CSS. Pero, más cerca a nuestra fecha actual, el doctor Martiz (primer director que acusaba la presencia de una mafia en los servicios médicos) denunció la “desaparición” de varios millones en insumos médicos, y ni hablar de softwares contratados por el director Sáez LLorens -período de gobierno Martinelli- para digitalizar información de asegurados/as en los programas de servicios médicos y de pensiones por más de 70 millones, perfectamente inútiles.

En realidad, no nos referimos a eso, que indudablemente cabe mencionarlo, sino a los mecanismos introducidos a través de disposiciones administrativas y legales para que no funcione como debe ser el seguro social de las pensiones o IVM. Si lo miramos desde el punto de vista de las columnas que sostienen un seguro social, los dueños del capital privado financiero se las arreglaron desde 1982 -a través de directores- y desde las reformas de 1991 -a través de diputados a su servicio- para quitarle toda capacidad de invertir en actividades productivas y rentables que pudiesen ser parte importante del soporte financiero de ese programa. Igualmente, impidiendo que se obtuviesen fondos admitidos por ley, como es el caso de dividendos de las concesiones estatales por fibra óptica.

Todo esto lo ocultan panegiristas de la privatización de los fondos del seguro social -poner en manos de los negociantes privados de pensiones las jugosas reservas de IVM- tales como el expresidente Pérez B. Igual se cuida de mencionar que impidió que la CSS fuera accionista en la privatización de los lucrativos servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones en su período gubernamental, o que el Banco Nacional pagara un interés mayor de 3 % por los fondos de los asegurados depositados allí. Hoy, todos esos dividendos estarían evitando estar en discusión alguna sobre déficits financieros. Con estos “olvidos”, lógicamente que cualquiera puede ser manipulado para que llegue a la conclusión de no dejar otra opción que la aplicación de medidas (paramétricas) que eleven la edad de retiro y el monto de las cuotas que proponen apologistas de la propuesta del gobierno. Definitivamente, la exprocuradora Gómez dice algo cierto, el tema de la edad de retiro “es una distracción” dentro del proyecto de reforma gubernamental. ¿Seguirán los diputados esta trama circense en contra del interés de una parte importante de la clase trabadora?