CSS en debate: segundo asalto de lucha social

Desde la semana pasada sonó la campana que inició el primer debate en la Asamblea de diputados, donde se abrió un nuevo momento de intervenciones sobre la defensa de intereses en favor y en contra de los grupos a los que beneficia con muchos millones de dólares el infausto anteproyecto de marras. Por si no se han percatado aún, es de esto que se trata la propuesta de reforma de la ley de la CSS, en algunos casos, con rostros identificables, en otros no tanto. A esto se refería el dirigente sindical Marco Andrade de la Conusi, cuando describió algunas de las relaciones familiares estrechas entre el ministro Chapman y empresas listas para asaltar el gran botín de la CSS. Su hermano y su esposa están directamente vinculados a este tipo de empresas que manejarían los codiciados fondos que, de aprobarse la ley, se les pondría a disposición plena para que hagan fiesta con estos.

Pues sí, mis estimados lectores/as, de lo que se trata es de consolidar el andamiaje del asalto al gran botín de la institución, a los tres componentes fundamentales de todo seguro social, a saber, las inversiones para robustecimiento propio del sistema de protección social, dirigidas a sectores de la economía productiva nacional. En segundo término, a los aportes del Estado, que deberían dirigirse a cumplir con su función subsidiaria en favor del bien común, y en tercer término, el fondo generado por las cotizaciones obrero-patronales.

En lo concerniente al atraco a las inversiones, se puede observar que es precisamente lo que se establece en el artículo 65 y siguientes, cuando se le daría potestad al director general -quien en la forma actual se debe al que consiguió nombrarlo y este es el presidente- a poner la totalidad del fondo constituido para inversiones en las manos de agentes especuladores privados y como nunca antes, poner hasta 75 % de estos montos en manos de especuladores extranjeros.

Esto es, pues, la clave central del anteproyecto, poner los recursos monetarios que acopie la institución a partir de los aportes de los asegurados y otras fuentes del Estado, bajo el usufructo de empresas especializadas en hacer fortunas con los recursos de los trabajadores y pequeños empresarios. Otra cosa sería dirigir las inversiones hacia el fomento del desarrollo de los distintos sectores de la economía nacional, por ejemplo, para hacer realidad el tren Panamá-David, u otra actividad que permita la dinamización de la economía nacional, evitando endeudar más al país.

El otro componente tiene que ver con el diseño de un sistema en el cual la entrega del control de los fondos se hace a través de las contribuciones directas de los asegurados, instaurando la capitalización individual en vez de la colectiva basada en la solidaridad intergeneracional de los seguros sociales convencionales. La herramienta central aquí vendría a ser la constitución de las llamadas “cuentas individuales”, que por definición rompen con el modelo que permite capitalizaciones mayores que benefician a los cotizantes, al ser colectivas y alcanzar economías de escala. El control de este botín se le estaría entregando a las llamadas “administradoras de fondos de pensiones”. En este régimen de aseguramiento, el carácter subsidiario del Estado viene a corromperse, ya que las contribuciones del Estado se orientan a asumir los costos que representan estas nuevas transacciones privadas y no a robustecer el beneficio de los asegurados.

Ahora bien, en ninguna parte del anteproyecto se presenta la viabilidad económica y financiera de las medidas propuestas. Esto pone en entredicho la autonomía de los diputados frente al Ejecutivo. Lo conducente es que se le regrese al presidente dicho anteproyecto hasta tanto plantee su sustentabilidad, tal como sí hacen cuando regresan los presupuestos gubernamentales por no estar debidamente “sustentados”. ¿Por qué ahora no se han atrevido a hacerlo? Parece obvio que su alineamiento está con los intereses contrarios a los del pueblo.

Lo que cabe entonces es el rechazo total de un anteproyecto que no demuestra que sus beneficios son mejores que los que se tenían, al menos con la ley anterior. Ya las organizaciones del pueblo mostraron la viabilidad económica y social del modelo anterior (solidario), eso fue el primer asalto de la lucha, en este asalto le toca al gobierno demostrar su sustentabilidad financiera, económica y social, no a las organizaciones del pueblo. El tercer asalto... después se los comento.