COVID-19 y discapacidad: realidad de inminente prescindencia

Si alguna vez escuchó Ud. la frase “alguien hizo un círculo para dejarme afuera, pero yo hice uno más grande para incluirlos a todos”, le aseguro que hoy, en tiempos de pandemia, la misma no tiene vigencia.

Cada día los círculos se van haciendo más cerrados y el impacto que COVID-19 ha dejado en las personas con discapacidad es devastador.

La pausa en sus terapias físicas, citas médicas y tratamientos, el acceso limitado a medicamentos y el confinamiento ha contribuido al deterioro de muchas condiciones.

Centros de rehabilitación fueron convertidos en centros de atención de pacientes con COVID-19, dejando a muchas personas sin acceso a sus tratamientos. Y, aunque de manera virtual se ha continuado con un porcentaje de atención, se sabe que en rehabilitación es justamente la relación uno a uno con el terapista lo que la hace provechosa.

Esto habla de cómo las personas con discapacidad, hasta para una emergencia sanitaria, quedan rezagadas en atención e información sobre cómo poder combatirla.

En Panamá, de acuerdo con datos del único estudio de prevalencia que existe, y que está desactualizado, pues es del 2006, viven alrededor de 380 mil personas con algún tipo de discapacidad, de ellas, se calcula que la mitad son mujeres.

Las historias de esas mujeres con discapacidad muestran cómo, tras ocho meses de crisis sanitaria, su futuro sigue siendo tan incierto como el primer día, y que lo que sí es seguro es que la pandemia les traerá más desigualdad. Comparto algunas de sus vivencias.

El aislamiento ordenado por la presencia de COVID-19 hizo que todos los avances que Amalia, de 85 años, había logrado en su tratamiento por demencia senil, se perdieran.

Cuenta su hija Ana, que antes se levantaba temprano para ir a sus terapias de estimulación cognitiva, y ocupacional sumamente animada y con fuerzas para caminar y llegar hasta sus talleres junto a otras señoras de la tercera edad.

Obviamente, ya no solo no quiere salir, sino que no es recomendable, su marcha está casi nula y ahora su bastón la acompaña permanentemente para ir a cualquier sitio, hasta unos cuantos metros de su cuarto al comedor. Su salud está profundamente deteriorada.

En abril de 2019, Olga, de 75 años, resbaló en el área rural donde vive, tras un deslizamiento por lluvias. Olga vive en estado de pobreza y sus vecinos, a pesar del mal tiempo, la llevaron al hospital regional donde se le diagnosticó que jamás podría volver a caminar. Olga hoy vive confinada, dependiendo del bono solidario para comer e inmóvil.

También está el caso de Marta, y su hija Andrea con autismo. La joven de 15 años asistía a un colegio regular acompañada de una maestra de apoyo. Al cerrar los centros escolares por COVID-19, su maestra, para que no se atrasara en el año, la siguió acompañando en casa, pues su condición no le permite concentrarse en un aula vía Zoom. Las restricciones impidieron que Andrea siguiera con ese contacto, y la maestra dejó de asistirla y hoy su poco lenguaje desapareció y su estado hiperactivo empeoró. Al igual que el de muchos otros estudiantes con esta condición.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho distintos llamados para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad durante la crisis sanitaria.

El comisionado y relator sobre los derechos de las personas con discapacidad, Stuardo Ralón, expresó su preocupación por la falta de información accesible sobre la pandemia, lo que “ha perjudicado la efectiva adopción de medidas esenciales de prevención y autocuidado de las personas con discapacidad”.

“Considerando los potenciales efectos de la pandemia COVID-19 y la posible escasez de recursos médicos, los Estados deben elaborar protocolos de atención, a fin de garantizar que las personas con discapacidad cuenten con una atención en salud y educación óptima, segura y sin discriminación”.

Como hemos visto, Panamá no escapa de esta realidad.

Las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales para buscar atención médica, como la comunicación, el desplazamiento y la movilidad; lo que podría originar que sus casos de COVID-19 sean incluso más graves.

La instrucción del Gobierno fue clara: “Quédate en casa”; pero las personas con discapacidad psicosocial, así como aquellas en condición del espectro autista y sus familias, tuvieron que rodar de hospital en hospital y farmacia en farmacia en búsqueda de sus medicinas, pues el desabastecimiento de medicamentos de salud mental se hizo aún más notorio.

El estigma de peligrosidad que aún se tiene para con las personas que viven con discapacidad intelectual y psicosocial es real y acrecienta su aislamiento.

La crisis de COVID-19 les ha planteado desafíos particulares, desafiantes y difíciles a las personas con discapacidad. Por eso los círculos de inclusión se están cerrando en lugar de agrandando. Cabe proponer reformas a los sistemas sociales para construir una “normalidad” mucho mejor y un futuro más inclusivo que el actual.