Las cosas son como son

Comparto aquí mi modesta perspectiva, misma en la que he sido reiteradamente solo consecuente con mis principios y acciones, ambos que en mi caso van siempre alineados en la misma dirección, sin mayores afanes, ni buscando explotar nada para beneficio meramente taquillero…

A diferencia, valga decirlo, de ciertos farsantes y oportunistas de conocida postura variante, que hoy festinan con el tema solo por “taquillar” y por pura conveniencia electorera (todo frente a la cercanía de unas elecciones que, bueno es decirlo!, en este momento es evidente que, tal como estaban ya preconcebidas, en buena forma es un hecho que dejaron de importar mucho a la población, pues incluso sus actores en gran medida no parecen conectados con el sentir del país, ni mucho menos apuntan a prometer la solución de lo que ahora más nos afecta… elecciones que por tanto no se percibe que estén hoy orientadas a atender el problema de fondo… ese que ahora más que nunca quedó claro es otro, y que es la gran tarea que nos queda pendiente por atender después de todo lo recientemente vivido…).

Estuvimos en contra del Contrato original, lo digo acá solo por constancia histórica, y no por presentarme como un radical ni extremista en el tema, ya que no lo soy ni me considero tampoco un furibundo anti minería, pues siendo consecuente entiendo muy bien que esta es una actividad como muchas otras que solo requiere cuidadosos límites y exigente regulación y que no debiese ni puede ser ilegal per se, sobre todo cuando es claro que dependemos de ella en más de mil formas en nuestro diario vivir y cuando además es cierto que puede llegar a representar importantes beneficios para el país.

Simplemente hay que regularla y limitarla y saber cómo y hasta dónde llegar con su desarrollo, sin afectar negativamente a la población y al medio ambiente, y sobre todo hacerlo con debida consulta y transparencia y cumpliendo con el obligado marco legal que para ello existe. Nos opusimos pues desde el principio a ese Contrato cuando todo nació en 1997 y lo hicimos por un principio básico y por razones igualmente elementales: Teníamos muy claro que la mejor propuesta para el país en temas de esa naturaleza, tal como estaba legalmente establecido, solo podía salir de una competencia abierta entre interesados, o licitación pública, es decir, entre varios proponentes, tal como, repito, está bien definido en nuestro ordenamiento jurídico al respecto, y ello no se estaba respetando.

Y por supuesto que el tristemente establecido 2% para el país, propuesto en aquel momento, y que salía precisamente como consecuencia de una negociación directa entre dos partes y con un solo interesado, y no de una licitación pública, era absolutamente ridículo, miserable, absurdo e inaceptable.

Luego, 20 años después, la Corte Suprema nos dio la razón a los 21 legisladores que originalmente en aquel momento no respaldamos ese contrato; y hoy, de nuevo, en una instancia que nunca debió llegar a ser necesaria, así nuevamente lo ha reiterado. Luego del Fallo de la Corte del 2017, si se entendía y sobre todo si se respetaba lo que es una sentencia de la Corte Suprema, tal como era debido y una obligación, y no se burlaba tal dictamen ni se actuaba al margen del mismo, nada de lo acontecido después, ni de lo que ha sucedido, debería haber ocurrido.

Estaba ya dictado y además hasta advertido por el Procurador de la Administración, cuya opinión, igual que el referido Fallo anterior de la Corte, maliciosamente quisieron ocultar para no atenderlos, tal como en efecto pretendieron insistir hacer, metiendo al país en una costosa crisis absolutamente innecesaria.

Aquí entre otras cosas, respecto a lo antes descrito, se han cometido graves violaciones a la Ley y a la Constitución por negligencia inexcusable y por tanto existen responsabilidades que deberán ser encaradas por los gestores de este drama, que es evidente que actuaron con deliberado propósito y en alta traición al país, al interés nacional y a su ordenamiento legal. Todo el gobierno actual debe por tanto renunciar, eso es obviamente solo lo consecuente y también lo lógico. Luego de ser los causantes del incendio del país y de incitar con su irresponsable proceder a la ira popular, se escondieron y se negaron a enfrentar sus actos y a cumplir con sus obligaciones, dejando imprudentemente a los panameños enfrentados en las calles.

Ni siquiera fueron capaces de cumplir luego con su responsabilidad de gobernar en lo más básico, procurando así se mantuviese el respeto a la integridad, la vida, la honra y los bienes de los panameños.

Renunciaron pues a sus obligaciones de hecho y con ello a hacer cumplir y a preservar los derechos más elementales de la población. Deben hoy echarse a un lado por incapaces y además porque de forma tácita, aparte de burlarse del país, renunciaron a cumplir y a hacer cumplir la Ley y abandonaron sus más elementales responsabilidades constitucionales. Lo antes indicado debería ser pues un asunto de solo puro trámite.

Se requiere ahora la conformación de un gobierno de carácter “Nacional” -no de un solo partido ni electorero- que administre con delicado e imparcial balance el proceso de cambios indispensables que deben venir, para que así el país finalmente se recomponga y se levante de esta instancia fortalecido, transitando hacia un nuevo modelo democrático, con las debidas y muy pendientes reformas y rectificaciones que en esta hora resultan ya absolutamente impostergables.