Contrato minero o… continúa la tradición entreguista

En los inicios de nuestra mediatizada República, un periódico publicó una denuncia de Buenaventura Correoso que difundió masivamente, en la que señalaba que se pretendía introducir en nuestra primera Carta Magna -lo que diez días después ya era un hecho-un artículo que a la postre rezaba que: “El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá intervenir en cualquier punto de la República de Panamá para restablecer la paz pública y el orden constitucional si hubiere sido turbado (…) ”. En esa censura profética, Correoso advirtió que “Todo será calificado y penado como acto subversivo (…) Los menos gobernarán sempiternamente porque se apoderarán del poder por delante y echarán sus raíces, que vendrán a ser profundas” (El Lápiz, 18/enero/2004).

La historia de las intervenciones estadounidenses confirma las voces de alerta de este segmento de liberales, cuyos peores costos fueron pagados por las clases populares, las mayores de estas, en la masacre perpetrada contra participantes de la huelga inquilinaria de 1925 y población civil en la invasión de 1989.

Pero lo que aquí se hace pertinente destacar, no es el hecho de un artículo que le daba mayor fuerza a lo ya pactado en el tratado canalero de 1903 “que ningún panameño firmó”, -pero que quedó demostrado que los conservadores no tendrían objeciones mayores por firmarlo- sino que tanto interés por fijar esa y otras cláusulas de entrega de nuestra soberanía nacional tenían los norteamericanos como los sectores más conservadores, integrantes todos, de las élites económicas de la época.

Por su parte, los liberales veían en esa cláusula, no tanto una pérdida de la soberanía nacional, como alegaban, si no como un ardid de los conservadores concebido en su contra. La historia habla que jamás fue aplicada en contra de la partidocracia sino en perjuicio de las clases populares con potencial sublevación, ante la incapacidad institucional para controlar reclamos populares de las élites que fueron puestas al frente del gobierno semicolonial. La represión al movimiento inquilinario de 1925 por parte del ejército gringo, por ejemplo, no fue invocado por conservadores si no por un gobierno liberal, el de Rodolfo Chiari. Este tipo de cláusulas fue una mera justificación de intervención militar del imperio colonial para el cuidado de sus intereses económicos y geopolíticos, a la vez que un blindaje para el colonialismo interno de las élites del país, frente a movimientos por los derechos sociales y políticos de las clases populares.

En pleno siglo XXI, sometidos ahora a formas neocoloniales de explotación, las concesiones de nuestra soberanía a empresas extranjeras del control de nuestros medios y bienes que producen riquezas se han seguido dando como las de principio de la República.

El Dr. Luis Barría, colega de nuestra Facultad de Derecho, ha hecho llamados de alerta sobre las “concesiones leoninas” hechas a empresas extranjeras como las de los puertos marítimos y el complejo hotelero en Río Hato (Decameron) donde se han otorgado el usufructo de los bienes propiedad del Estado hasta por más de 40 años, sin mayores compensaciones para el país. En esta misma línea se encuentra la concesión minera en el occidente de la provincia de Colón, En vez de ser la representación del Estado la que establezca las condiciones de explotación por ser recursos de propiedad de los nacionales, ha sido la empresa minera la que ha impuesto sus intereses y en exceso.

Los conservadores que entregaron nuestra soberanía ayer tienen sus herederos hoy. Sus opositores que hacen parte de las élites, como los liberales de ayer, lo hacen porque ven un posible ascenso de poder económico distinto al que poseen en sus actividades oligopólicas ya consolidadas-tales como el comercio de importación y exportación portuarias, transporte internacional, banca y seguros-y otras en ascenso, como el turismo internacional y energía. No obstante, de imponerse la actividad mega minera metálica, como hasta ahora lo están logrando los sectores promineros-independientemente de si los diputados aprueban el contrato original u otro maquillado-estos opositores, que son parte de las élites, buscarán sacar algún provecho marginal en su momento.

Este tipo de concesión de nuestra soberanía económica, ambiental y territorial a una corporación minera como la FQM, solamente puede ser detenida radicalmente por el pueblo organizado y consciente; a los demás “opositores”, incluyendo potencias extranjeras, solo les interesa el 'Qué hay pa´ mi'.