¿Los choques externos golpean a Panamá, qué hacer para contrarrestarlos?

El 2023 trae consigo nuevos desafíos. Sobresalen siete áreas prioritarias que urge atender:

• Bajar la tasa de desempleo de 9.9 por ciento y aumentar ingresos reales de la población. Requiere fortalecer competencias y mejorar la calidad el sistema educativo para aumentar productividad y tener acceso a mejores empleos a la vez de jerarquizar la participación privada en el proceso productivo;

• Eliminar pobreza permanentemente;

• Reducir la brecha fiscal, disminuyendo evasión y elusión y transformando al presupuesto nacional en mecanismo de medición de resultados para asegurar que cumpla su cometido. Los desbalances financieros del Gobierno Central y la Caja del Seguro Social forman parte conexa de una brecha que no se reducirá pasando su monto de un bolsillo del Estado a otro bolsillo;

• Especificar quienes sufragarían el costo del ajuste que la economía requiere;

• Aprovechar oportunidades que surgen globalmente en beneficio de todos los panameños;

• Establecer políticas de fortalecimiento del capital humano desarrollando una economía de conocimientos para aprovechar avances tecnológicos globales que mejoren la distribución de ingresos;

• Desarrollar estrategias para hacerle frente al cambio climático y deshielo del Ártico.

El potencial de desarrollo de Panamá se encuentra ligado al óptimo aprovechamiento de su posición geográfica. Este es engendrado por flujos financieros provenientes de exportaciones de bienes y servicios, en donde la logística, comercio y turismo, junto a inversión directa extranjera e ingresos derivados de la cuenta de capital de la balanza de pagos, estimulan la demanda interna mediante la expansión del crédito bancario. Este último, junto a la paridad del Balboa con el Dólar, ausencia de controles de capital, y aumentos de productividad, contribuyeron a expandir el PIB real en 6 por ciento anual en promedio durante 1989-2019, crecimiento más alto de América Latina y uno de los más altos globalmente. Dichas características consintieron a que la economía redujera pobreza y desempleo, mejorara distribución del ingreso y alcanzara la categoría de país desarrollado.

Es comprensible que por su buen desempeño según estándares regionales se corre el riesgo de aletargar dicho proceso, pensando que todo es manejable con un mínimo esfuerzo, a la vez de dispensar mayores subsidios e incentivos para evitar acciones que impliquen algún dolor temporal. Si ese fuera el caso, el país podría convertirse en complaciente, como sucedió en la mayoría, si no en todos, los países de renta media en América Latina (la famosa y peligrosa trampa de la renta media).

La economía es vulnerable a cambios externos repentinos que surgen de la interacción adversa de políticas. Aspectos negativos incluyen aumentos en el precio internacional de materias primas, alimentos y fletes, tasas de interés, y debilitamiento de las economías de socios comerciales. Esta se beneficia más de la exportación de servicios que de bienes al ser impactada con menor intensidad por la volatilidad global en precios. El cambio climático, COVID-19, guerra en Ucrania, interrupciones en la cadena de suministros y precios crecientes en alimentos, fertilizantes y combustibles han debilitado los sistemas alimenticios. Ello hace permisible que la economía global se encamine hacia una tercera crisis alimentaria en menos de dos décadas.

Panamá fue golpeada duramente por choques externos durante el 2020-2021, requiriendo introducir controles sanitarios y paralizar actividades económicas. Esto no sólo redujo contagios y muertes; aseguró que el capital humano en el país no desapareciera. El Estado respondió con subsidios e incentivos para mitigar impactos adversos. Dichas políticas resultaron costosas: (i) sacrificaron prioridades claves del Programa Económico de Gobierno, (ii) aumentaron planilla y subsidios en detrimento de gastos de desarrollo, (iii) deterioraron indicadores macroeconómicos, fiscales, sociales y ambientales, (iv) incrementaron desempleo, informalidad, déficit fiscal y deuda pública, (v) redujeron el ingreso real a aquellos por debajo de líneas de pobreza, informales y clase media baja, (vi) desviaron recursos a actividades privadas que no los necesitaban y (vii) debilitaron la liquidez de empresas privadas.

El 2022 resultó turbulento a pesar de prácticamente haberse recuperado el PIB perdido al enfrentarse la economía a nuevos vientos en contra. Conflictos internacionales, inflación, aumentos de tasas de interés y dificultades en el suministro de alimentos y materias primas causaron conmociones en el proceso productivo. El costo de la canasta básica se incrementó a la vez de que el crecimiento de la demanda agregada y consumo personal se debilitaron debido a persistentes presiones inflacionarias importadas. Hacerles frente requiere rapidez en establecer y coordinar políticas públicas a la vez de promover participación privada nacional y extranjera para asegurar la sostenibilidad de la expansión en curso. En el largo plazo todos los factores son variables, por lo que las perspectivas de repetir éxitos pasados podrían cambiar si no se aprovechan las oportunidades. La forma fácil de tomar decisiones implica la posibilidad de repetir los errores estratégicos de los países latinoamericanos.

Este es el momento de lograr que las autoridades nacionales y la actividad privada se organicen para considerar temas de más largo plazo, y si las “ventajas comparativas” tradicionales (posición geográfica, logística, desarrollo del “Conglomerado del Canal” y centro financiero regional) continúen manteniéndose como bases para el desarrollo a largo plazo a la luz de cambios “estructurales” fundamentales que se originan en la economía global, así como un importante desarrollo tecnológico, mayor transparencia y coordinación de políticas y gestión tributaria y un creciente desapalancamiento de cadenas de valor para mejorar la seguridad económica.