Trump, imperio y Panamá

Intentar analizar las inaceptables y ofensivas declaraciones de Trump sobre Panamá no pueden hacerse desde una visión estrictamente economicista, que deje por fuera el papel que en la lucha por la hegemonía juegan los factores militares de seguridad.

De hecho, la propia hegemonía económica se vincula con la potencia militar del hegemón. No queda duda que, por ejemplo, la hegemonía del dólar como moneda internacional se basa, entre otras cosas, en el poderío militar de los Estados Unidos. Más aún, en el caso de ese país en el que el gasto militar alcanzó a 1,045.0 millones de dólares, en el que, además, las empresas de fabricación de armas generan directa e indirectamente 2.7 millones de puestos de trabajo. Es evidente la vinculación entre los intereses económicos y militares.

Lo anterior explica que las llamadas preocupaciones por la “seguridad nacional” sean un factor fundamental en la política tanto del Partido Demócrata como en el Partido Republicano, tal como lo afirma Enrique Daza en su reciente artículo titulado “El gran ganador en las elecciones de Estados Unidos es el complejo militar industrial” (2024)

Esta importancia de los factores militares de seguridad nacional se ha acrecentado de manera exponencial en los últimos tiempos. Esto se debe al reto que sienten los Estados Unidos a partir de los que consideran Estados rivales estratégicos, entre los que, de acuerdo a la definición norteamericana, se encuentran la República Popular de China (RPC), Rusia e Irán.

No es casual que el documento de la Cepal titulado “América Latina y el Caribe Ante las Trampas del Desarrollo”, al analizar la pandemia y los recientes fenómenos geopolíticos, afirme que: “Desde entonces, comienzan a manejarse con mayor intensidad estrategias para aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro y dar prioridad a la seguridad nacional, energética y alimentaria. Se destaca el propósito de aumentar la capacidad de fabricación nacional (reshoring), establecer nuevas cadenas de suministro entre socios extranjeros alineados con los intereses propios (friendshoring) y reducir la dependencia de socios comerciales considerados no alineados con esos intereses”.

En el caso de América Latina, la preocupación de Estados Unidos está dada por el avance de la RPC, tanto en términos del comercio exterior como de las inversiones, la que interpreta como un desafío a la seguridad nacional norteamericana, incluyendo el aspecto militar.

En este sentido, no es extraño que miembros del equipo de transición de Trump, en comentarios publicados en el Washington Post del 28 de diciembre de 2024, haya señalado que la motivación básica de las declaraciones sobre Panamá, Groenlandia y Canadá del presidente electo cumplen con la “misión de debilitar a Rusia y China”. También señalaron que la idea básica sería obligar a esos países para que se alineen en esa dirección.

Teniendo esto en cuenta es importante señalar tres objetivos militares que estarían involucrados en la estrategia norteamericana para América Latina, los cuales implicarían puntos de presión sobre Panamá.

En primer lugar, como señalan tanto la generala Laura Richardson exjefa del Comando sur, así como Leland Lazarus de Brookings Institution, los Estados Unidos consideran que la infraestructura latinoamericana vinculada con la RPC puede tejer un uso doble que mezcle el uso comercial con el de seguridad, es decir que dificulte las operaciones militares norteamericanas en el caso de un conflicto bélico con la RPC. De ahí, el interés sobre amilanar la operación del Canal y los puertos al interés norteamericano.

En segundo lugar, la generala Richardson, ha señalado la importancia estratégica económica y militar que tiene para Estados Unidos el control sobre los recursos naturales de América Latina. No es casualidad que Tristan Pascall de First Quantum esté buscando el apoyo de Trump para la reapertura de la contaminante mina de Donoso.

En tercer lugar, está el interés de Estados Unidos de excluir a las empresas RPC de los sectores vinculados con las tecnologías de la información. A este respecto R. Evans Ellis, señala que los proyectos de la RPC en este campo representan riesgos de seguridad en la información.

Frente a esta situación, Panamá debe defender, en base a sus intereses nacionales, una clara política de no alineamiento en el campo económico, político y militar. Sin duda, el multilateralismo es la mejor estrategia para un desarrollo nacional con justicia social y sostenibilidad ambiental.

No se pueden repetir posiciones como la del anterior gobierno, que jugó con la idea de que el Canal era neutral pero no el país. Tampoco tienen sentido las palabras del señor Mulino, cuando afirmó que la frontera de Estados Unidos queda en el Darién. ¡Soberanía, democracia, justicia social y pleno respeto a la madre naturaleza!