El pueblo panameño y su límpida cara

En Panamá, los partidos políticos y el TE promueven que la democracia es ir a votar cada cinco años y nada más. Está visión restringida de la democracia no propicia la creación, desde la sociedad con la participación ciudadana real y concreta, de un mecanismo de control de las acciones de los que gobiernan, empresarios que traen a la acción pública sus prácticas en la esfera privada, con beneficio restringido a un círculo económico afín a los gobernantes. En estos tiempos incluye consorcios internacionales beneficiados con contrataciones, los incentivos fiscales y los llave en mano.

En nuestra querida y vulnerada Patria, estamos cansados del cacareado ‘Pro Mundi Beneficio', con ello se irrespeta a los nacionales, cuando los políticos en el poder toman decisiones lesivas a los intereses nacionales que se traducen en perjuicio nacional y particularmente afectan a los panameños de escasos recursos y en estado de pobreza y pobreza extrema. Esos políticos son quienes disponen de los fondos del Estado, de todos para realizar actividades que no son consultadas al pueblo. Ese es el caso de la JMJ, cuyo objetivo es ‘lavar la cara de Juan Carlos Varela', a costilla del contribuyente de a pie. En el caso de la universidad, ningún universitario, que sepamos, ha sido consultado sobre la ‘acogida' de peregrinos ni los gastos para tal encomienda.

Hay apuro en la pretensión, a través de madrugonazo, de aprobar la penalización de la Evasión Fiscal, con el objeto de sacarle más dinero del bolsillo a los contribuyentes para seguir con la orgía de derroches de Fondos Públicos y cumplir oficiosamente con los Organismos Internacionales, entidades que no entienden que en Panamá la evasión se hace legal por vía de los mal llamados ‘incentivos fiscales', que siempre favorecen a las grandes empresas transnacionales, con todo tipo de exoneración, en detrimento del erario y generando una desigualdad tributaria. Mientras las empresas portuarias, turísticas, hidroeléctricas, generadoras y otras son ‘beneficiadas' con exoneraciones, los pobres tienen que pagar impuestos a cambio de servicios públicos precarios y de pésima calidad para el contribuyente.

En el servicio público de dotación de agua potable, el nivel de desprecio expresado a las personas más humildes llega hasta llamarles ‘marginales'.

No existe un Plan Nacional de Desarrollo, pero los intereses económicos sí tienen su plan para beneficiarse de la posición de Panamá y sus ventajas. La planificación estatal sucumbió desde la fusión del Ministerio de Planificación y Política Económica con el Ministerio de Hacienda. Estos cambios no son cosméticos, sino que responden a un cambio de lógica del Estado Social, al Estado Empresarial, donde el centro y razón de ser de la existencia del Estado es servir a la lógica de mercado. Los ciudadanos pasan a un tercer plano, ya que los inversionistas extranjeros, tienen mayor prioridad que los ciudadanos panameños.

Desde 1990, cuando en el Gobierno de Endara se condona la deuda a empresarios deudores del Seguro Social, la corrupción ha sido el común denominador. Se habla de cero tolerancia a la corrupción, y es cuando más crece. El impacto de la corrupción es profundo en la sociedad, y traspasa sus efectos hasta cinco generaciones.

El año 2005 se crearon los programas de asistencia, resultado del fracaso de la Política Económica, y el modelo concentrador de la riqueza en actividades, particularmente improductivas, que han dejado en debilidad permanente a los sectores primarios y secundarios de la economía, con la disminución en la generación de empleos productivos y el fomento de la migración del campo a la ciudad. La pobreza, resultado del modelo concentrador, genera otras manifestaciones en el conjunto de la sociedad, como la reducción de la frágil cohesión social, fortalecimiento de los factores de discriminación económica y social, aumento de la delincuencia, aumento de la desnutrición, incremento de la violencia intrafamiliar, vulneración de la solidaridad social, incremento en las desigualdades sociales, y desestructuración de la identidad nacional.

El Canal de Panamá ha brindado 15 mil millones, ¿dónde y cómo se usaron? La Deuda Pública, estimamos que alcanza los 45 mil millones, sin incluir los llave en mano, lo cual es una fuerte presión para la sociedad panameña.

Las políticas de 100 a los 70, la Beca Universal, Ángel Guardián, Red de oportunidades y Barrio Seguro, no han sido evaluadas. Salvo la última, todas las anteriores vienen de otros Gobiernos y se siguieron ejecutando, más que nada por clientelismo político. En el caso de la JMJ, los excesos en gastos de tarima, seguridad del evento, y demás gastos inherentes, estimamos que podrían superar los 200 millones de dólares, y todo esto con cargo al erario, sin consulta a los ciudadanos panameños. Esto es una práctica consuetudinaria de los gobernantes que una vez en el poder, hacen uso desmedido de los dineros públicos para beneficio de una élite, con fines personalistas, rentabilidad política y de grupos económicos, en detrimento del conjunto de la sociedad.

Consideramos que la sociedad panameña debe priorizar la búsqueda de mecanismos adecuados de control de las acciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que no practican la consulta ciudadana real. La Contraloría General de la República está obligada a realizar su trabajo. Desde la sociedad debemos impulsar la auditoría social y la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas.

ECONOMISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.