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El estatuto constitucional impuesto por la dictadura militar en 1972 cumplirá, -dentro de cuatro días- cincuenta y dos años de regencia y convertida en un ícono de protección de la corrupción y de la impunidad que, durante más de medio siglo, han penetrado las venas y arterias de nuestra población.
Partiendo de la enseñanza de Thomas Jefferson cuando, en 1816, escribía: “Pero también soy consciente de que las leyes y las instituciones deben evolucionar paralelamente al progreso de la mente humana. A medida que se desarrolla e ilustra, a medida que se hacen nuevos hallazgos, se descubren nuevas verdades y cambian las maneras y las opiniones con el cambio de las circunstancias, las instituciones deben progresar igualmente y mantenerse al paso de los tiempos. No es más absurdo pedir a un hombre que siga llevando el gabán de su adolescencia que exigir de una sociedad civilizada un sometimiento perpetuo al régimen de sus ancestros bárbaros...”.
Cada día más y más ciudadanos de todas las edades se interesan y se muestran más a favor de un cambio constitucional que los empodere para poder alcanzar, sin prisa pero sin pausa, a través de un proceso constituyente, democrático y participativo, mecanismos de control que limiten e impiden el ejercicio irracional del poder político.
Con relación a la participación ciudadana, Mark Tushnet nos enseña que: “La participación en los procesos constituyentes es, en suma, el mecanismo contemporáneo para asegurar que una constitución es realmente un ejercicio del poder constituyente”.
Peter Haberle, en la página 129 de su obra El Estado Constitucional, plantea hace décadas muy claramente que: “El Estado constitucional democrático de la actualidad se entiende y se vive a partir del poder constituyente del pueblo”.
Como hemos vivido medio siglo bajo un pseudo constitucionalismo consentido, podemos comprender que el necesario cambio constitucional que requerimos con urgencia, encuentre en su camino con posiciones contrarias al mismo. Ello es así porque muchos sectores de nuestra formación social se han negado rotundamente a entender “la necesidad de producir cambios anticipados para evitar los catastróficos”.
El camino hacia el cambio constitucional ha de requerir una participación ciudadana de todos los sectores que integran nuestra sociedad: las organizaciones todas de la sociedad civil, asociaciones, gremios, partidos políticos, universidades, colegios, así como expertos, la comunidad internacional y medios de comunicación. Tengamos muy presente que un proceso constituyente no puede ser excluyente. Todo lo contrario. Y, quienes pretenden excluir es porque no quieren el cambio constitucional o solo buscan el cambio para que nada cambie.
Los diseños de cambio constitucional no son fáciles, sobre todo porque no se puede negar que la apertura del proceso constituyente se produce en momentos en que nuestro país atraviesa una crisis producto de múltiples causas, entre las cuales predomina la situación económica y social, llena de desigualdades por el imperdonable fracaso que, de la mano de la corrupción y la impunidad, llevaron adelante los gobiernos post-invasión.
Una fase de alfabetización constitucional deberá entonces, abrir las puertas para el debate, la conversación y los diálogos tan ausentes hasta el presente, del acontecer nacional.