Autonomía universitaria en Panamá: derecho y quehacer

En fecha reciente, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) fue escenario de un foro dedicado al tema de la autonomía universitaria, en el marco de la Cátedra de Estudios Nacionales Ricaurte Soler. Dos expertos jurisconsultos expusieron el perfil legal de la autonomía en las universidades oficiales de nuestro país, y se refirieron a un nuevo elemento que permite la intelección contemporánea de tal tema: la concepción de la educación como un derecho humano y el reconocimiento pleno de bien público.

De esta manera, son tanto el texto constitucional panameños (en especial sus artículos 103 y 104) los que dan base al reconocimiento de la autonomía en Panamá, así como una serie de convenios internacionales de los cuales el Estado panameño es parte. Todas las leyes y los estatutos de las universidades oficiales convergen en definir los elementos fundamentales de la autonomía: autogobierno, libertad de cátedra, participación democrática. Tanto la Unesco como las cumbres mundiales de educación superior y una multitud de declaraciones de asociaciones de universidades en el continente, proclaman la defensa de este derecho y apelan a su estricto respeto.

Sorprende pensar que en Panamá los abogados y estudiantes panameños de derecho hayan abordado el tema de manera escasa, con muy notables excepciones, entre ellas las de Anayansi Turner y la de la doctora Aura Emérita de Villalaz No obstante, la literatura a este respecto en Panamá es muy amplia, pues se corresponde, no tanto al derecho positivo la jurisprudencia, como a los estudios politológicos en las ciencias sociales, en correlato con las luchas nacionales, especialmente emprendidas tempranamente por docentes y estudiantes para la defensa de la autonomía. Herederos de la Reforma de Córdoba, Panamá no pudo sustraerse a los ecos de ese movimiento de 1918 -fundamentalmente político y público-, pero que estuvo presente en la fundación de la Universidad de Panamá en 1935, y que luego abarcó el proceso constitutivo de las hoy seis universidades oficiales creadas luego de la decana de los estudios universitarios en nuestro país.

Y este fenómeno responde a que la autonomía, si bien es un derecho y un bien público de alta prioridad, es uno que no solo se consagra en el cuerpo jurídico de la nación, sino que expresa las luchas políticas para orientar las fuerzas del Estado mismo, y de los gobiernos que desde diferentes puntos de vista ideológico o de intereses particulares, más o menos velados, hacen una lectura mayormente restrictiva de la autonomía. Y es que los derechos se conquistan y no son meras dádivas del Estado. Al menos eso es lo que nos dice la historia sobre los derechos humanos fundamentales.

En este sentido, la producción sobre la autonomía universitaria es abundante entre los intelectuales, sociólogos, politólogos, historiadores, filósofos, especialmente del propio ámbito universitario, que hicieron de su defensa una cuestión de vida y principios. Y es que la lucha por la autonomía en Panamá estuvo siempre asociada indisolublemente a dos elementos consustanciales a nuestra historia política y social: la lucha por la recuperación del Canal de Panamá y la soberanía integral, por un lado, como por la lucha contra las injusticias sociales, la inequidad y la exclusión promovida por la dinámica del mercado y el globalismo.