¿Austeridad en el sector público?

Si hay una cualidad inherente al Gobierno de casi cualquier Estado moderno es su crecimiento incesante. Ningún candidato a gobernante prometerá trabajar exclusivamente con las instituciones existentes o reducirlas.

Abocarse a un plan de consolidación de ministerios, autoridades, direcciones, secretarías, institutos o, su equivalente más sutil, que es la reducción de planilla en general y de jefaturas en particular para hacer más eficiente la provisión de servicios públicos o hacer menos costoso para los contribuyentes actuales y futuros (deuda pública) la supuesta intención de cumplir esos cometidos del Estado de favorecer el acceso de las personas a todos los derechos sociales y de otra índole que reconoce la Constitución Política, es para los políticos, algo irracional.

Y los datos lo demuestran. Según las leyes de Prepuesto General del Estado correspondientes, el rubro de gastos dedicados casi absolutamente para funcionamiento del Gobierno creció 85 % en diez años, pasó de algo menos de diez mil millones de dólares en el 2013 a los cerca de dieciocho mil millones para este año.

El Gobierno, por lo tanto, no se achica, pero vale aclarar que ocasionalmente, al menos brevemente, sí adelgaza como parte de ese “natural proceso” que acompaña a los cambios de Gobierno en el que se reemplaza abrupta o progresivamente a los mal llamados funcionarios de libre nombramiento y remoción, que no son de la cuerda de los nuevos gobernantes, por los que sí lo son.

Por fuera de esta regla no escrita de la administración pública, es muy raro que se plantee este escenario y, sin embargo, hace un año pareció que iba a ocurrir un suceso de excepción con la Resolución de Gabinete n.° 79 de 12 de julio de 2022, que establecía medidas de austeridad para el Órgano Ejecutivo, entre las que se contaba “La instauración de un proceso de reducción del 10 % de la planilla”.

Según cómo se analice, la democracia tiene el atributo o defecto de provocar cambios aparentes, reales, transitorios o duraderos, según la intensidad y constancia del ruido en la sociedad.

Como el político tiene por oficio la captación y, si puede, la conservación de votos, actuará y se expresará en función de lo que en la calle haga ruido y era eso, precisamente, lo que había en julio del año pasado, período en el que, salvo por los políticos, muchos protestaron por el marcado deterioro de sus finanzas personales.

Para cumplir la meta de austeridad aludida, no se acudió a la fórmula gratuita de dejar sin efecto, para empezar, el nombramiento de los 17 192 funcionarios, que, para agosto de 2022, se habían agregado a la planilla existente al inicio del Gobierno en julio del 2019 y así cumplir, de entrada, con el 6.7 % de ese objetivo de 10 %. En cambio, se optó por bonificar el retiro voluntario de funcionarios, mediante el Decreto Ejecutivo n.° 204 de 2022 que, si le atribuimos teóricamente el costoso efecto, solo había producido para abril de este año, la reducción de 2.3 % de la planilla.