Acabemos con la bellaquería

El pasado 17 de octubre denuncié ante la Procuraduría General de la Nación a un expresidente por posibles delitos contra la Administración Pública en su modalidad de peculado por el uso abusivo de las partidas discrecionales confiadas al despacho de la Presidencia.

Los mandatarios anteriores, desde 1990, también han abusado de estos dineros para gastar dineros públicos en asuntos diferentes al objetivo que deben tener, como ayudar a gente con problemas urgentes de salud, catástrofes o emergencias sociales. Hubo quien dispuso de estos fondos para costear flores a su esposa e hijas, o comprarse ropa y prendas para lucir mejor o, en el caso de Martinelli y Varela para igualmente pagar la cirugía bariátrica a funcionarios o abogados personales.

En aras de la transparencia que se pregona, el actual gobierno debe reglamentar el uso de tales partidas para que no se cometan los abusos y arbitrariedades que tanto han indignado a la ciudadanía.

¿Será eso lo único donde los gobernantes despilfarran o se llevan lo que no les pertenece o se aprovechan de su posición como funcionarios para hacerse un dinero extra? Lo hemos visto con los muertos que seguían cobrando salarios en Meduca o los docentes que cobraban altas sumas para ayudar a colegas a conseguir nombramientos. O perforadoras de pozo abandonadas que fueron pagadas por adelantado y nunca se llegaron a usar.

Durante el gobierno de Varela, como muchas otras cosas, quedó pendiente el tema de las notarías públicas, fuente en algunos casos de corrupción y de repartir beneficios a quienes no son notarios pero que los ayudaron a obtener esos preciados cargos. ¿Habrá seguido con la misma práctica el actual gobierno? ¿O el de designar a un notario titular, pero el dueño de la notaría es algún alto funcionario con lo que se redondea el “bajo” salario que como ministro tiene ($7 mil al mes)? Lo mismo pasa en los consulados, donde no existen límites para lo que los cónsules puedan conseguir para sí por sus gestiones oficiales y al regresar al país lo hacen como grandes potentados. ¿Se habrá cambiado esto? ¿Se estará combatiendo el nepotismo que tanto daño hizo antes?

O el funcionario que gestiona la mudanza de la sede de la institución confiada para dársela a algún amigo que, de vuelta, le “regala” dos o tres mensualidades de lo que le paguen por el contrato obtenido. Durante la gestión de Gerardo Solís como contralor siempre se dijo que había personas que, a cambio de una alta comisión, “ayudaban” a cobrar a quien tenía una cuenta pendiente con el Estado. ¿Será eliminada del todo tan nefasta práctica en el actual gobierno, donde el mismo presidente Mulino ha señalado que ya se le han acercado algunos a pedirle favores que podrían ser violatorios de la ley?

Si las prácticas correctas, que deben originarse en el presidente de la República, no se irradian al resto de la administración pública con su ejemplo, tal como no ocurrió en el gobierno que terminó el pasado 30 de junio, difícilmente podríamos esperar que el resto del aparato del Estado funcione sin corrupción.

La práctica de “aceitar” al funcionario para que cumpla con el deber que tiene ha sido histórica. Es un proceder que quizás heredamos de los colombianos o hasta de los mismos españoles. Hay que denunciarlo cuando se presente como mecanismo para que así se ayude a erradicar de la práctica diaria, sin que el denunciado se vengue contra el denunciante, como es lo que ocurre ahora. No puedo entender cómo un director del IMA puede justificar que se importen 9 millones de piernas de jamón, cuando los porcinocultores tienen lo que necesita el mercado para Navidad, aduciendo una inexistente tradición que argumenta que al panameño le gusta el jamón de fuera de Panamá porque tiene hueso. Hay algo aquí que no me $$$uena bien.

El país necesita cambiar. Para que ello ocurra tendremos que cambiar los que vivimos aquí. La coima y la trampa requieren de dos. El que coimea y el que recibe la coima. El que se beneficia de una trampa y el que recibe algo por hacerla. La única manera de lograrlo es a través de sancionar enérgicamente, sea quien sea, cuando se le encuentra en alguna actividad delictiva.

¿Lo podrá hacer el presidente Mulino? Nos gustaría que tenga éxito.