Luchemos por el 6 % para educación

Toda persona es, en esencia, lo que la educación hace de ella; las sociedades que se sustentan en personas educadas, profesional y moralmente, alcanzan significativos niveles de prosperidad. Estos principios, tan claros y contundentes, fundamentan el espíritu de la legislación panameña, que reconoce la obligación de asignar recursos presupuestarios suficientes para que el sistema educativo funcione con eficiencia y excelencia. Pero, la decisión gubernamental de seguir evadiendo el deber de otorgar no menos del 6 % de su producto interno bruto (PIB) al sector educativo, evidencia una actitud despectiva y mezquina hacia la mayoría de los panameños, negándoles el derecho a prosperar con una mejor educación.

Según el último informe del Banco interamericano de Desarrollo, Panamá apenas invierte el 3.3 del PIB en educación, desglosado de la siguiente manera: 0.1 % en preprimaria, 1.1 % en primaria, 1 % en secundaria y 1 % en terciaria, estas cifras están por debajo del promedio latinoamericano. El Estado panameño es uno de los que menos invierte en educación, a pesar de que la Unesco recomienda que lo mínimo que se debe invertir es el 6 %, por ello ha de aceptar el compromiso de fortalecer las instituciones administrativas que ejecutan los fondos del sistema educativo para que se cumplan con calidad los fines de la educación.

La relevancia de la educación en el desarrollo de la persona y de la sociedad es una noción universal aceptada y comprobada históricamente. Los pueblos que asumen la educación de sus hijos como una responsabilidad sagrada, dotando de los mejores recursos posibles a todas las instancias educativas, son sociedades que no solo invierten en un futuro de bienestar, sino que crean un presente más fraterno e iluminan el valor de su pasado. La legislación educativa panameña establece que la inversión en educación ‘tendrá prioridad en el Presupuesto General del Estado' y taxativamente señala que: ‘El presupuesto del Meduca no será inferior al presupuesto del año anterior, y el gasto público en el sector educativo no será inferior al 6 % del producto interno bruto'.

El Gobierno actual, del presidente Juan Carlos Varela, se comprometió ante la faz de la nación a cumplir con estas disposiciones legales; compromiso reiterado desde el 2016, luego de que los gremios docentes exigimos el respeto de la ley y justicia para nuestra educación.

Lamentablemente, el Gobierno del presidente Varela ha mostrado una constante reticencia y desinterés por acatar las normas nacionales; y más deplorable aún, es inaudito que el pueblo panameño tenga que salir a las calles para pedir y casi rogar al Gobierno que asigne más recursos para mejorar nuestra educación. El Gobierno actual se muestra ciego e indolente ante las necesidades obvias que muestra cada año el sector educativo: edificaciones escolares deterioradas e improvisadas; carencia de infraestructura educativa básica (bibliotecas, laboratorios, comedores, aulas, gimnasios, etc.); nombramientos de docentes insuficientes y tardíos; centros educativos carentes de materiales didácticos apropiados y cuyos alumnos y docentes deben suplirlos con su propio ingresos y en otros casos a través de asociaciones de padres de familia y de organizaciones cívicas.

Son muchas las necesidades que presenta el sistema educativo, que exigen una mayor inversión y una mejor gestión administrativa. El Ministerio de Educación debe afrontar con responsabilidad y capacidad el reto de gestionar eficientemente los recursos que se le asignan. Se supone que, con la creación del Viceministerio de Infraestructura Educativa, el Meduca debería contar con una mejor y más eficaz ejecución del presupuesto asignado al sector, principalmente en materia de construcción y reparación de centros escolares.

Como docentes panameños, hemos asumido el compromiso nacional e histórico de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al derecho a una educación digna y de calidad, por una sociedad justa y solidaria. Por ello, reclamamos al Gobierno nacional que cumpla con el compromiso de dotar de más recursos a nuestra educación. A ello mandata el imperativo ético de asegurar a toda persona el derecho a educarse profesional y moralmente, hagámosle justicia al sistema educativo panameño.

EL AUTOR ES FILÓSOFO E HISTORIADOR; SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES (ASOPROF).