¿Está Panamá preparado para un derrame?

Recientemente, se llevó a cabo un simulacro de emergencias globales en el que el Gobierno decidió incluir un ejercicio de nivel 2 para simular un derrame de hidrocarburos. Tanto las Organizaciones de Respuesta a Derrames de Petróleo (OSRO), como los armadores de buques tanque, terminales y otros operadores, realizan simulacros regularmente, generalmente organizados por su respectiva OSRO. Estos simulacros se llevan a cabo para establecer métricas de rendimiento en términos de tiempo de respuesta, eficacia en la recolección, entrenamiento de personal nuevo y práctica de maniobras específicas como el cercado en tándem, que requiere gran destreza, especialmente en condiciones climáticas y marítimas adversas.

La diferencia en este caso es que el simulacro fue convocado por el Gobierno, lo cual no había sucedido desde la privatización de los servicios marítimos en la década de 1990. Además, como un elemento adicional, la Autoridad Marítima, responsable de la convocatoria, asumió su papel correspondiente como comandante del incidente, involucrando a cuatro compañías con licencia, que son las primeras OSRO del país. Esto es un precedente positivo en el cual el Gobierno y múltiples empresas privadas se comprometen a colaborar en beneficio común de proteger los mares y las comunidades costeras.

Desde su creación y posterior introducción en los años 90, siguiendo el desastre del Exxon Valdez, las OSRO han desempeñado un papel clave en la respuesta a derrames de petróleo en países que adoptan este sistema público-privado. Sin embargo, en Panamá, la existencia y financiamiento de las OSRO siempre han tenido que ser justificados, a diferencia de otros países, donde es la norma. Además, en caso de incidentes cuya procedencia es desconocida, el Gobierno contrata a empresas privadas como ejecutoras, pero sin tarifas estandarizadas y aceptadas, lo que genera dudas sobre los costos involucrados.

En línea con la Ley 26 de Puertos del 2008, que estableció un sistema de licencias para los servicios marítimos auxiliares que antes se otorgaban mediante concesiones, como el servicio de lanchas y remolcadores, las OSRO también deben adaptarse a este sistema abierto de licencias de operación, cumpliendo con los requisitos de seguridad y tributación establecidos por el Estado. Este cambio garantizaría una mayor transparencia y establecería un marco legal claro para la operación de las OSRO, brindando confianza tanto al Gobierno como a los actores involucrados.

La migración hacia un sistema de licencias de operación para las OSRO permitiría una mejor regulación de sus actividades, asegurando que cumplan con los estándares de seguridad y calidad exigidos. Asimismo, ayudaría a establecer tarifas claras y aceptadas, evitando posibles dudas o sobreprecios en caso de contratación por parte del Gobierno en situaciones de derrames de petróleo.

El sistema más efectivo y transparente para contratar a una empresa privada para la limpieza y respuesta a derrames de petróleo dependerá de diversos factores que se deben implementar:

- Desarrollar políticas y procedimientos claros, transparentes y disponibles al público para la contratación, que describan los criterios y el proceso para seleccionar empresas privadas.

- Implementar un proceso de auditoría para garantizar que las empresas privadas sean seleccionadas en base a su capacidad para proporcionar servicios de alta calidad a un precio razonable, y para asegurarse de que cuenten con la experiencia, los recursos y el conocimiento necesarios para responder eficazmente a los derrames de petróleo.

- Involucrar a múltiples actores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y agencias gubernamentales pertinentes, en el proceso de contratación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

- Establecer métricas de desempeño claras y monitorear y evaluar regularmente el desempeño de las empresas privadas para asegurarse de que cumplan con sus obligaciones contractuales y brinden servicios de alta calidad.

Sin embargo, para lograr esto, es necesario contar con un plan nacional de contingencia y adoptar el marco jurídico internacional del OPRC, lo cual es una deuda pendiente con el mar. Al lograr esto, podemos garantizar que el país esté siempre preparado. Actualmente, los panameños vivimos bajo una vulnerabilidad desconocida en nuestros concurridos mares. Lamentablemente, en Panamá no tenemos una cultura marítima, a pesar de la riqueza, el sustento y el aporte al PIB que el mar nos brinda, así como los hermosos lugares que podemos mostrar a quienes nos visitan y el aire puro que se respira (lejos de la bahía de la cinta costera).

Algunos datos relevantes a tener en cuenta son:

Los dos derrames más grandes en Panamá fueron el de Bahía Las Minas en 1986, con un total de 36 000 toneladas métricas, casi igual al derrame del Exxon Valdez y Chiriquí grande en 2007, con un total estimado de 700-1000 toneladas, aunque su categorización como nivel 3 es debatible, ya que el ente internacional fue llamado, pero se pudo solucionar con esfuerzos locales.

El derrame más grande hasta la fecha es el del Deepwater Horizon, con un total aproximado de 225 000 toneladas de hidrocarburo derramados al océano.

El incidente del Sanchi, que involucró 120 000 toneladas de condensado de alta volatilidad y 2000 toneladas de “fuel oil”, fue catastrófico, pero fue el resultado de una colisión entre un petrolero y otro buque, lo cual podría ocurrir en Panamá. ¿Estamos preparados? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Está Panamá preparado para un derrame de nivel 3? Aún no, pero los recientes esfuerzos son un paso más hacia eso, y con la participación de empresas privadas y las comunidades, lo lograremos. Sin embargo, debemos rescatar la institucionalidad, despolitizar el problema y comprender que un cuerpo de bomberos requiere fondos para subsistir, aunque no haya incendios todos los días, porque algún día ocurrirá lo inesperado. De la misma manera, aunque no haya derrames todos los días, no significa que en algún momento no necesitemos una respuesta.