Oportunidad de administración portuaria

Al escuchar y leer diversas opiniones en relación con el contrato-ley de la nación donde el Estado concretó con la empresa Panama Ports Company (PPC) a 50 años, siempre y cuando, a los 25 años, después de una revisión exhaustiva, se comprobase total cumplimiento de lo suscrito, luego entonces procedería una prórroga automática para los restantes 25 años, vemos que, entre muchísimas intervenciones, se manifestaron denuncias señalando la incapacidad de la Junta Directiva de la AMP, por falta de seguimiento y fiscalización del contrato; sin embargo, contribuyó al perfeccionamiento con visos de ilegalidad inducidas por la Administración Moscoso (2002) y por la Administración Torrijos, posteriores a la asignación original, bajo la Administración Pérez Balladares (1997), perpetrándose desmejoramientos de condiciones y beneficios para la nación.

Ahora bien, la más reciente decisión de prórroga automática, como resultado de una auditoría oficial, efectuada por la Contraloría General de la República, donde se considera que ha sobrepasado flagrantemente los requisitos insoslayables, amparados en normas y leyes que soportarían una exhaustiva revisión de contrato y sus posteriores cambios, la exigible protección de los intereses nacionales debió efectuarse para determinar razones que concretarían la nulidad del contrato. Particularmente, opino que después que una Junta Directiva incompetente, por falta de capacidad y transparencia, integrada por miembros ausentes y otro impedido de actuar, como mínimo, pudieron haber conformando una comisión alterna de profesionales nacionales, interdisciplinarios e idóneos vinculados al tipo de negocios y administración portuaria; sin embargo, contradictoriamente, aceptaron la proclividad típica ahora de este Gobierno de contratar firmas extranjeras para que sustenten informes que, a su vez, sustentan el supuesto cumplimiento de contrato, situación inadmisible.

Es el colmo que personajes como Guillermo Cochez hablen de descalificadores y nuevos especialistas en puertología, refiriéndose a ciudadanos con sentido común, defensores de los intereses nacionales; sin embargo, no se percata de que su apreciación sí es descalificadora e insolente, con la notable intención de defender los intereses foráneos en contra de su propio país. Ahora no puedo tampoco callar ante la tranquila apreciación de nuestro presidente, cuando, con suma facilidad, nos tira al desvío, aseverando que después de lo actuado por la Contraloría y sus resultados nos expondríamos a una demanda y si alguien no está de acuerdo, puede ir y plantear demanda, nos deja atónitos su actitud, y defraudados.

Todavía no comprenden por qué nos incluyen en listas grises y de otras tonalidades, presentando ante la faz mundial una imagen sobre la base de inconsistencias e inconformidades, que denotan falta de transparencia y profundas raíces de corrupción, con mínimo interés de superar la condición maltrecha en la que naufragamos.

Es importante señalar que convergemos muchos ciudadanos en razón de nuevas alternativas para afrontar la situación de crisis actual, entonces, propongo un paliativo extendido a las masas más vulnerables, ya que percibimos falta de reflexión del Gobierno de generar acciones más agiles que propugnen tangible e inmediata recuperación y cambiar matemática y contablemente la figura alarmante que tenemos de un 21 % de desempleo, un 53 % de mano de obra en el subsector informal y tan solo un 26 % de empleados con capacidad de aportar a la CSS y pagar impuestos diversos, razón por la que considero que tenemos la oportunidad de conformar una Comisión o Comité Conjunto entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para que tomen el control y administración portuaria de esos dos puertos (Balboa y Cristóbal) adyacentes a la vía interoceánica, icono de nuestra identidad de servicio internacional, de tal manera que el aumento que representan la mano de obra y los beneficiarios indirectos, incluyendo la escuela de aprendices, conformando sustancial aporte económico al fisco panameño, ya que los contratos que celebra PPC a nivel de licitaciones internas conllevan cantidades de mano de obra y dinero que pueden endosar beneficios directos al Estado. Debemos continuar con la fomentación de desarrollos portuarios en donde la geografía nacional nos dé garantías de más empleos y crecimiento económico y seguirá siendo oportunidad de negocios y desarrollo y no ocuparnos de demandas y recursos seudolegales velados de oligopolio rampante.

Presidente, requerimos se pliegue al pueblo y se abra de los atavíos que lo amarran a los intereses de pequeños grupos de poder, ejerciendo esfuerzos de compromiso a favor de las grandes mayorías, por lo contrario, si está decidido y convencido de que se debe a los pequeños grupos influyentes a su alrededor y son su cuota y esfuerzos de poder, es importante darle a conocer que los ciudadanos sabremos a qué situación atenernos, porque basta de improvisaciones y palabras de cerebros desconectado de la realidad y las acciones propuestas. Ya no hay ni tiempo ni espacio para esperar dádivas ni prebendas y politiqueras, se nos va de las manos, le reiteramos, lo principal, el aseguramiento del futuro de los no culpables de nacer, que ya suman alrededor de 1 100 000 habitantes menores de 16 años. De excusas ya no podemos seguir viviendo, nos abruman las faltas de concordancia armónica con el Poder Legislativo a favor de los más necesitados.