COVID-19: protejamos a las personas más vulnerables contra el hambre

Con el cierre de escuelas por la COVID-19, más de 85 millones de niños y niñas beneficiarios de los programas de alimentación escolar dejaron de recibirla en 32 países de América Latina y el Caribe. Para muchos ese plato representaba su única comida del día.

En situaciones normales el acceso a alimentos es un problema en comunidades pobres. Lo es más aún en esta emergencia. Entonces, es necesario encontrar alternativas para las niñas, niños y sus familias.

Varios Gobiernos autorizaron la preparación de raciones para llevar a casa que incluyen productos como arroz, frijoles, aceite y harina de maíz. Las entregas se realizan en las escuelas siguiendo protocolos de desinfección, uso de mascarilla y distancia social para evitar la propagación del coronavirus. En algunos casos, también se hacen entregas a domicilio.

Este cambio de modalidad muestra cómo un programa nacional de protección social se adapta para seguir cumpliendo su función en tiempos de crisis.

Sin embargo, existen otros grupos de población vulnerable que, debido al aislamiento, también necesitan continuar recibiendo asistencia de forma regular de programas sociales. Entre ellos están los adultos mayores, las mujeres embarazadas y lactantes, las niñas y niños menores de cinco (5) años, personas que viven con VIH y familias con bajos ingresos.

Programas sociales diseñados para reducir la pobreza pueden servir de base para responder a escala: las pensiones sociales, subvenciones, transferencias monetarias o en especie, entregas de alimentos y comedores económicos. Más de 200 millones de personas, o sea el 35 % de la población, ya están cubiertas por programas de protección social en América Latina y el Caribe.

El desafío presentado por la COVID-19 es grande, como lo es la voluntad de los países.

Veintitrés países de la región han utilizado herramientas de protección social existentes. Por ejemplo, han duplicado montos y adelantado pagos a beneficiarios de programas de transferencias monetarias. Esta expansión en un momento de crisis hace la diferencia. Permite a las personas que viven del día cubrir ciertas necesidades básicas y tener la capacidad de quedarse en casa.

La emergencia también ha impulsado la innovación, con la creación de nuevos bonos y el uso de la tecnología para llegar a beneficiarios de manera rápida y segura.

Pero aún falta garantizar la cobertura de las necesidades de grupos que se han quedado desamparados. Es decir, que las redes de asistencia se expandan y protejan a más gente y más grupos, como migrantes y personas que no tienen empleos formales.

La labor de dichas redes es fundamental dada la magnitud de esta emergencia sanitaria y su gran impacto social y económico. En los últimos años hemos trabajado con Gobiernos para que sus programas nacionales se fortalezcan y se adapten a choques, como desastres naturales y el cambio climático. Varios países que se han preparado para emergencias ahora están activando sus programas para responder a la COVID-19.

Asistimos también de manera más puntual. Durante la COVID-19, apoyamos a algunos Gobiernos a analizar la capacidad de las tiendas afiliadas a los programas sociales e identificar debilidades en su cadena de suministros. También a desarrollar guías para prevenir el contagio del coronavirus en tiendas, escuelas y comedores comunitarios que distribuyen alimentos. Y colaboramos para que la comunicación con las personas beneficiarias de estos programas se mantenga, aún en medio del aislamiento.

Si no actuamos rápida y decididamente, muchas poblaciones vulnerables que no están en condiciones de afrontar este choque adicional podrían ser empujadas aún más hacia la pobreza y el hambre. Es urgente que todos los sectores de la sociedad nos unamos para derrotar esta enfermedad y proteger a los países y comunidades más vulnerables de sus efectos potencialmente devastadores.