Imputan cargos a dos funcionarios de la Anati por tráfico de influencias

Dos funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), junto con otro particular, están acusados de tráfico de influencias.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Oris Medina, le imputó el cargo a las tres personas luego de la detención por la Fiscalía Anticorrupción por los supuestos delitos contra la administración pública en perjuicio de la Anati.

Las aprehensiones se registraron el lunes durante un allanamiento efectuado por la Fiscalía Superior Anticorrupción a la sede de la entidad, por supuestas irregularidades en la legalización de tierras.

La Anati, en una respuesta a La Estrella de Panamá, detalló que en la mañana del lunes 27 de marzo se les notificó de un proceso de allanamiento en las instalaciones.

Mediante este proceso, la Fiscalía Anticorrupción verificó dos departamentos por la presunta comisión del delito contra la administración, donde se menciona a dos funcionarios de la institución.

“En búsqueda de la mayor transparencia en la gestión pública y manteniendo nuestro compromiso, se está dando la mayor colaboración al Ministerio Público; se han iniciado las investigaciones administrativas y se presentarán las denuncias para que se apliquen las sanciones correspondientes”, respondió Anati a las preguntas.

José Saldaña, el jurista que presentó la denuncia en el Ministerio Público el año pasado, dijo que en la institución los funcionarios cobraban los trámites para adelantar los procesos, y si los terrenos estaban en ubicaciones estratégicas se traspapelaban los documentos.

El fiscal anticorrupción Olmedo Gómez, al finalizar la audiencia de imputación, explicó que “un servidor público que tenía calidad de director dentro de la Anati utilizaba a otro servidor de la Anati, y a un particular, para recibir dinero a través de ellos, que fue utilizado para agilizar los trámites en el departamento de mensura”.

La Estrella de Panamá conoció que los detenidos son el director a.i. nacional de Políticas Legales y Asesoría Jurídica, Abdiel Bernal, y Ángelo Madrid, quien aparece en planilla como analista financiero.

El fiscal precisó que se les imputaron cargos de autor principal al director y a las otras dos personas como autores primarios.

Los terrenos en disputa están ubicados en Pacora .

Había un departamento que se encargaba de emitir los planos y las inspecciones (mensura). Ese departamento tiene la capacidad de agilizar los trámites siempre y cuando haya orden de un superior.

“Por recibir un beneficio por ejercer esta influencia, a este funcionario se le imputaron cargos”, precisó el fiscal.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Oris Medina, aplicó las medidas cautelares personales de reporte periódico dos veces al mes, prohibición de salida del país y prohibición de acercarse a las víctimas.

Esta causa penal tuvo su inicio el 14 de febrero del año 2022, cuando el Ministerio Público empezó una investigación por supuestas irregularidades en la legalización de tierras.