Javier Caraballo, de bateador emergente a ‘campeón anticorrupción’

El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, se dirigió a los medios de comunicación por última vez en el “Castillo de Grayskull”, el villanesco mote de la sede regional de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

Celebraba la construcción de la tercera fase del edificio, un proyecto que llevaba más de veinte años pendiente. Caraballo deja el cargo el próximo 31 de diciembre, y con él varios casos de alto perfil e investigaciones pendientes.

“Nosotros dejamos fiscales empoderados en la investigación de estos casos de alto perfil, totalmente preparados. La mayoría de estos casos están a la espera de audiencias”, manifestó Caraballo desde el castillo renovado.

La mayor parte de la gestión de Caraballo se llevó a cabo bajo una interrogante constante, ¿hasta cuándo ocuparía el cargo? Asumió como procurador designado el 1 de marzo de 2021 tras la renuncia de Eduardo Ulloa. Este había sido el escogido tras un arduo y escrupuloso proceso de selección para reemplazar a la procuradora Kenia Porcell, quien había renunciado tras el escándalo de los “Varela Leaks”. Duró poco más de un año y se fue en medio de la investigación por abusos a menores dentro de albergues regulados por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Caraballo era el reemplazo, el bateador emergente hasta que se designara finalmente un reemplazo definitivo. Permanecería en ese limbo tres años, hasta febrero de 2024 cuando finalmente ocuparía el título de Procurador General de la Nación.

Una de las primeras pruebas de fuego para Caraballo fue en su primer año como procurador designado.

En noviembre de 2021, tomó la decisión de mandar de vacaciones a cuatro fiscales, Nahaniel Murgas, Ruth Morcillo, Zuleika Moore y Adecio Mojica, quienes se encontraban mencionados en una denuncia presentada por la entonces exministra de Educación, Lucy Molinar por presunta simulación de hecho punible y calumnia.

Remover a fiscales de casos de alto perfil, generó cuestionamientos, sobre todo por la complejidad de muchos de los procesos como el Caso Odebrecht. Mover fiscales era en cierta forma una admisión de culpa del Ministerio Público. Las vacaciones se extendieron, los traslados continuaron y en febrero de 2024, cuando Caraballo deja de ser procurador designado y se convierte oficialmente en procurador general de la Nación, destituye oficialmente a Moore y Mojica.

“La arbitraria decisión tomada por el procurador Caraballo, constituye una violación a los principios de independencia judicial citados, a la institucionalidad de un Estado de Derecho y un duro golpe a la credibilidad del Ministerio Público”, cuestionó en ese momento la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Moore fue también la fiscal a cargo del Caso Radares y fue quien solicitó la detención provisional del ahora presidente de la República, José Raúl Mulino, quien pasó seis meses en la cárcel.

Poco tiempo después de las destituciones, se anunció la renuncia de Aurelio Vásquez, quien había sido fiscal en el proceso contra los hijos del exmandatario Ricardo Martinelli vinculados con el presunto pago de sobornos en el Caso Blue Apple. Vásquez había sido removido del Caso Blue Apple y Odebrecht en 2020 por el entonces procurador Ulloa.

En el papel, las destituciones de Moore y Mojica estuvieron justificadas por el hecho de que no eran funcionarios de carrera y sus puestos eran de libre nombramiento y remoción.

Caraballo defendió su decisión, recordando que el Ministerio Público tuvo que solicitar un traslado de partidas para pagar 50 mil dólares por la mala prestación de servicios luego que Moore ordenara el secuestro de una finca a un empresario sin que estuviera ligada al Caso Odebrecht.

“Permítanme manejar la institución, confíen en la institución y no hagan cálculos políticos con respecto a cada decisión que se toma”, declaró el procurador en su momento.

Entre los casos de alto perfil que permanecen pendientes se encuentran Odebrecht y Blue Apple en espera de audiencias. En espera de casación están el Caso UAF dónde la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Emma Reyes, fue condenada a 120 meses de prisión por peculado doloso y el Caso Alcaldía de Panamá dónde se condenó a 12 años de prisión al exalcalde capitalino Bosco Vallarino por peculado culposo. Vallarino fue aprehendido en octubre de 2024 en su residencia luego que la Policía Nacional publicara su foto y ofreciera una recompensa. Fue sancionado por corrupción de servidores públicos.

Una investigación notoria que dejó interrogantes fue el Caso Pandeportes, donde se asignaron 39 millones de dólares a organizaciones deportivas, siendo beneficiadas principalmente aquellas que contaban con políticos en su nómina. Auditorías de la Contraloría General de la República constataron “perjuicio económico” e “incorrecciones” vinculadas a políticos. El Ministerio Público solicitó llamar a juicio a directivos de federaciones deportivas.

En 2023 se inició también la Operación Jericó, dirigida contra un grupo criminal dedicado al tráfico ilegal de drogas. Por este caso hay 37 imputados, entre ellos Abraham Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda. Hay 28 personas bajo detención provisional y se han logrado 3 acuerdos de pena.

Hay dos investigaciones pendientes también por la desaparición de 19 mil dosis de fentanilo de la Caja de Seguro Social (CSS).

Otro caso también que captó la atención pública fue la desaparición de la joven Aderlyn Llerena. Un hombre fue condenado por este caso, pero nunca se esclareció el paradero de la niña de 9 años.

El procurador general de la Nación emitió su opinión sobre el contrato minero entre el estado y First Quantum, en la cuál consideró que el contrato era inconstitucional.

Las declaraciones se dieron en un momento histórico, en medio de un estallido social masivo en el país contra el contrato minero. El pronunciamiento del procurador, a pesar de no ser vinculante, fue una pieza más en la batalla legal contra el proyecto minero.

Caraballo también se pronunció durante el proceso electoral, cuando se presentó una demanda contra la candidatura de José Raúl Mulino por no haber pasado las primarias del partido Realizando Metas. “Somos del criterio que no viola ninguna norma de la Constitución”, manifestó Caraballo en marzo de 2024.

De acuerdo al último informe de rendición de cuentas presentado por el Ministerio Público en febrero de 2024, se logró incautar entre 2023 y 2024 127,85 toneladas de droga, 30% más que en el periodo 2019-2020, antes de la entrada de Caraballo. En 2023 se incautaron 3,5 millones de dólares y en 2022, un total de 22 millones de dólares.

Se iniciaron 116 casos por blanqueo de capital, logrando 61 sentencias y 58 acuerdos de pena. En los delitos contra la administración pública se lograron 125 sentencias y 121 acuerdos de pena.

En diciembre de este año, fue reconocido como “campeón anticorrupción” por el Departamento de Estado de Estados Unidos, postulado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Leyde la embajada de Estados Unidos en Panamá.

El 23 de diciembre se llevó a cabo la reunión final de transición entre Javier Caraballo con su sucesor ratificado, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy.