Entre 10 a 20 sobrevuelos de drones ocurren a diario en las cárceles

La introducción de sustancias ilícitas, celulares, cigarrillos y armas a los centros penales a través de drones se ha convertido en el talón de Aquiles del Sistema Penitenciario. A pesar de los controles que ha instalado la institución, con ayuda de Aeronáutica Civil, que consisten en bloqueos del espacio aéreo y la coordinación con los fabricantes de los aparatos, al día sobrevuelan entre 10 a 20 aparatos cargados con estos artículos.

Decomisan una gran parte, lo que ha ocasionado que los privados de libertad perfeccionen el método con drones capaces de alcanzar más altura. Lo hacen de noche, cuando la oscuridad hace que sea casi imposible detectarlos.

“Es una organización que existe”, asevera Euclides Castillo, director del Sistema Penitenciario, quien añade que gracias a la coordinación policial se han detenido a varias personas en el perímetro del polígono de La Joya, La Joyita y la Nueva Joya, quienes participan manipulando los aparatos. “En las barriadas vecinas hemos trabajado mucho para verificar que no se estén dando los sobrevuelos”, agrega.

El director sabe que desde la cárcel operan los llamados “call centers” para cometer delitos, dedicados a la extorsión o estafa a incautos que terminan pagando dinero por supuestos secuestros u otros. Todos los días, dice, hacen requisas en las que se decomisan celulares, cigarrillos, armas y artículos prohibidos, pero los drones ha sido difícil controlarlos. Parecen haber sustituido la introducción de objetos con familiares, la complicidad policial o de custodios. La vigilancia en la entrada se ha robustecido en un 90%, explica Castillo, por eso han optado por la tecnología.

La conversación con el director del Sistema Penitenciario surgió a propósito de la situación que retrató el informe de Derechos Humanos 2021 elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los penales panameños.

En él se hace hincapié en la falta de atención médica para los privados de libertad y la corrupción, como lastres en los centros penitenciarios panameños.

El informe retrata un sistema carcelario hacinado en el que la autoridad parece haber sido superada por pastores evangélicos y/o líderes de pandillas que ejercen un control firme sobre los pabellones.

Castillo, nombrado en el cargo en enero pasado (2022), dice que se respeta el derecho al culto, pero que las decisiones las toma cada director. No niega que durante la pandemia pudo existir un relajamiento, como vía de escape ante la ausencia de visitas. “Que quede claro, se conversa con ellos, pero los que toman las decisiones son los directores”, asevera.

De acuerdo con el reporte estadounidense, la corrupción dentro del sistema no ha cesado, y ésta se traduce en privilegios para los llamados líderes de los pabellones que sería imposible sin la colaboración de los custodios civiles o de la policía.

Derechos inalienables de los privados de libertad, como traslados expeditos o acceder a sus abogados deben ser aprobados por estos líderes, lo cual involucra el pago de coimas, una situación de larga data pero que se ha acentuado por la aparente débil intervención de las autoridades en retomar el control.

Castillo lo niega: “Tenemos docenas de salidas a diario, y estoy completamente seguro de que nadie paga para salir o ver a su abogado”.

El año pasado la Defensoría del Pueblo recibió 410 quejas del sistema: de la Joyita 43; contra la dirección General del Sistema Penitenciario 67; Contra La Joya 33; contra la Nueva Joya 45. Pero la mayoría de ellas, 222 fueron quejas relacionadas a temas de atención médica.

Las dificultades para gestionar el transporte de reclusos suele ser la causa principal de la falta de atención médica. Dependen de la disponibilidad de vehículos policiales o del sistema nacional de ambulancias. La Dirección General del Sistema Penitenciario habilitó en 2021 un camión para que funcionase como ambulancia, no obstante, continuaron las quejas por falta de vehículos, a pesar de que en el perímetro del polígono se habilitó la Clínica Vírgen de la Merced en la que laboran ocho médicos.

Castillo no lo niega, pero afirma que la semana pasada habilitó dos busas adicionales para subsanar esta situación.

Un dato preocupante es que el 60% de los nuevos ingresos son jóvenes entre 18 y 25 años. Una señal de los retos que enfrenta la sociedad ante la deserción escolar, la falta de oportunidades laborales y débil educación a la que se enfrenta la población en edad productiva del país, además el ambiente en que crecen donde se normaliza el delito y la violencia.

Otro dato que llama la atención es el índice de reincidencia delincuencial. Castillo dijo que se trata del 15% a la semana, es decir, que del total de los ingresos que arriban cada siete días, el 15% es reincidente. Una tasa “altísima” que anuncia la urgencia de robustecer los programas de resocialización internos y de tratamiento post libertad, especialmente en los seis primeros meses de libertad, los más críticos.

En eso se quiere enfocar Castillo. Afirma que de los 20,341 privados de libertad que aloja el sistema, un poco más de 11 mil participan en los programas de resocialización que han instalado en todos los centros a nivel nacional, con una mirada más cercana a los que están en provincias, que antes estaban olvidados, dice el director.

Lo hace en colaboración con varias instituciones gubernamentales. El análisis sobre las necesidades laborales por actividad que hay en cada región le permite capacitar a los internos y cuando cumplen sentencia tienen una oportunidad de trabajar, en vez de volver al crimen.

El encargado de ayudar a los liberados es el Departamento de Tratamiento y Rehabilitación en el que trabajan 15 personas a nivel nacional en conjunto con la Junta Técnica de cada centro. Ante la contradicción sobre la tasa de reincidencia y el resultados de los programas de resocialización, Castillo afirma que aún no se pueden palpar los resultados de las actividades que se han instalado en esta administración en las cárceles de todo el país.

También preocupan las abultadas penas, de más de 35 años, que impone el Órgano Judicial.

Un asunto que se suma a las condiciones de hacinamiento que son de larga data. “Una persona que condenan a 45 años hay que tratarla de manera inmediata psicológicamente para poder comprender eso. Buscamos con nuestros equipos adecuar todo”, señala. Recuerda que recientemente la Asamblea Nacional tenía la intención de incrementar una vez más las penas y él se opuso por las consecuencias que ocasionan al sistema penitenciario.

Para aliviar el hacinamiento, Castillo espera que este año se inicie la construcción de un centro penitenciario en la provincia de Colón. En provincias centrales también se realizan los estudios sobre un terreno identificado para la construcción de otro centro porque porcentualmente en el interior del país es donde más se presenta el hacinamiento.