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Piden a Cortizo vetar el proyecto de ley que incentiva a limitado grupo de inversionistas del turismo
Actualizado
- 30/04/2022 13:29
Creado
- 30/04/2022 13:29
Un grupo de 18 personas emitió una carta abierta donde afirma que la iniciativa legislativa otorgaría incentivos fiscales que sufragará la ciudadanía
Este sábado, un grupo de 18 personas organizadas, pidió mediante una carta pública al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, que vete el proyecto de ley 789, que otorga incentivos al fomento del turismo en Panamá, por inconveniente e inexequible, debido a que solo beneficia a un grupo limitado de inversionistas.
Mediante el escrito explican que, el proyecto de ley otorga una serie de créditos fiscales equivalentes, entre el 60% y el 100% del monto de las inversiones en proyectos turísticos que estos (inversionistas) desarrollen en ciertos distritos del país, con el argumento de que los proyectos ayudarán en la promoción de la actividad en el territorio nacional.
Advierten que los créditos fiscales equivalen a que "todos los ciudadanos, sufraguemos el costo de las inversiones turísticas que estos lleven a cabo, pero solo estos inversionistas se benefician de las mismas. Esto, solo y de por sí, es un abuso a la ciudadanía, por no llamarlo de otra forma más apropiada".
"Lo que tampoco dicen los promotores de este proyecto de ley 789 es que el mismo fue aprobado en cortísimo tiempo por la Asamblea Nacional y sin que mediara estudio alguno por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, según ha afirmado su propio representante, ni de ningún otro organismo, público o privado, que justifique el otorgamiento de semejantes beneficios fiscales. Y que, además, al igual que la Ley que pretende reemplazar, adolece de importantes vicios insubsanables de inconstitucionalidad y le causará graves perjuicios económicos al Estado", agregaron en la nota.
En la misiva también indican al presidente Cortizo que el proyecto de ley 789, que modifica el artículo 9 de la Ley 80 del 2012 y en parte, la Ley 122 de 2022 ha recibido varias críticas de la ciudadanía y está impugnada por la Corte Suprema de Justicia, acción que cuenta con el concepto de la Procuraduría General de la Nación, por lo que es "inconstitucional".
Los firmantes son:
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