CSS: una propuesta sobre el tapete (Parte III)

El nuevo Sistema de Pensiones para Panamá, bajo esta propuesta, transformaría los dos sub sistemas (de beneficio definido y mixto), en uno solo, de ahorro individual con complemento solidario.

La primera aclaración que debe hacerse es que no se trata de “fusionar los fondos”. En la naturaleza de un sistema de ahorro individual, éste está conformado por fondos individuales, autónomos entre sí, que se alimentan de aportes de trabajadores (cuentas únicas, independientes e individuales). Algunas de ellas se alimentarían de un aporte complementario por razones solidarias.

En consecuencia, el nuevo sistema estaría conformado por:

Grupo 1: Los nuevos aportantes: conformado por todos aquellos que empezarán a cotizar luego de implementado el nuevo sistema. Sus fondos individuales se alimentarán exclusivamente con los aportes que realice el trabajador y su empleador para dicho fondo.

Grupo 2: Los actuales aportantes al sub sistema Mixto: Sus fondos individuales estarían conformados por todos los aportes históricos realizados, los rendimientos de dichos aportes, así como los nuevos aportes y rendimientos, a partir de la vigencia del nuevo sistema, hasta su jubilación.

Grupo 3: Los actuales y futuros jubilados que pertenecen al sub sistema de beneficio definido. Debido a que el fondo común que debe cubrir estas pensiones está próximo a agotarse, se requiere de un financiamiento especial, único, global y solidario.

Para financiar el déficit actuarial de las pensiones del sub sistema de beneficio definido, que se estima en US$15,000 millones, la opción menos perjudicial sería una emisión de deuda interna por parte del Estado panameño. Dicha deuda estaría de conformada por obligaciones que se conocen como “bono de reconocimiento”. Se denomina así porque a través de ella que la sociedad reconoce un pago a los jubilados por el tiempo en que aportaron al sistema y que por la irresponsabilidad de algunos ha dejado de tener fondos. Dichos bonos generan intereses y su redención se daría en el momento de la jubilación. Ello permitiría esfuerzos graduales en la generación de recursos por parte del fisco. No se requiere obtener los fondos “de un solo golpe”.

Estamos, por lo tanto, ante un inminente e inevitable endeudamiento de la sociedad para hacer frente a pensiones futuras. Sería una gran deuda, única y lamentablemente necesaria para hacer frente a obligaciones previsionales de la sociedad con la sociedad y nos plantea el reto de implementar cuanto antes una política fiscal de austeridad extrema, que atenúe el efecto de mayor endeudamiento y las consecuencias de ello en la calificación soberana del país, y que además facilite al país la capacidad de hacer frente a los vencimientos graduales de los bonos de reconocimiento.

Con estos esquemas de financiamiento se “pone candado” a la posibilidad de que los pagos de pensiones futuras puedan requerir recursos del fisco y desestabilizar las cuentas nacionales, con el consecuente beneficio para las generaciones futuras y el país.

Otro punto importante en esta propuesta es cómo se financiaría la pensión complementaria, es decir, el monto de subsidio a los jubilados que recibirían las pensiones más bajas. En la práctica sería como establecer una “pensión mínima” ya que el aporte complementario funcionaría como una nivelación. Y solo se haría hasta donde los recursos lo permitan.

Para poder financiar la pensión complementaria, se plantea la creación de un Fondo de Contribución Solidario (FCS), que consistiría aportar 1 centavo de balboa por cada transacción bancaria (de cualquier tipo) que haga cualquier persona natural o jurídica. Tal como se plantea, este fondo tendría cuatro características: 1) factible (su aplicación no genera un “gran dolor” para la sociedad); 2) autónomo (no afecta cuentas nacionales, mucho menos las fiscales); 3) específico (los activos del fondo solo pueden usarse para el fin planteado); y, 4) sostenible (este fondo nunca quebrará porque solo se podrá hacer contribución solidaria en la medida en que existan recursos).

Resulta muy importante que se lleve a cabo un filtro que determine quiénes recibirían la pensión complementaria (por debajo de un umbral establecido) y que realmente lo necesiten. Por tratarse de un subsidio, corresponde (como debería ser siempre) entregar solamente a los que lo requieren, es decir, hacerlo en forma discriminada. La supervisión de un regulador fuerte y especializado (Superintendencia de Pensiones) es elemento importante para el cumplimiento de las condiciones fundamentales del subsidio.

La implementación de este nuevo sistema implica un verdadero “revolcón”, y como ya sabemos, existen muchos intereses que buscarán impedir a toda costa cualquier propuesta que afecte sus beneficios individuales de poder o de beneficios económicos. También estoy convencido que no faltarán los que critican sin proponer nada a cambio e incluso los que intencionalmente distorsionan la propuesta. Asi mismo, será un gran reto explicar sus ventajas y desventajas a los diferentes grupos de interés (medios de comunicación, parlamentarios, gremios, pensionados, trabajadores) de la sociedad, por ser un tema que involucra muchas variables sociales, financieras o macroeconómicos. La mayoría de ellas, de alta sensibilidad.

Otros elementos retadores de la propuesta son: la inevitable necesidad de tomar más deuda, la armonía y consenso entre poder ejecutivo y legislativo, así como la continuidad y compromiso que requiere este sistema por parte de varios gobiernos consecutivos.

Las ventajas que -considero- puede traer esta propuesta serían: la eliminación --para siempre-- del déficit actuarial de pensiones (sostenibilidad); la confianza que genera por la aparición tangible de un beneficio propio en los aportes individuales y los incentivos para aportes voluntarios; la proporcionalidad que establece entre pensiones y aportes; y, la flexibilidad de escoger el porcentaje de aporte por cada trabajador, eliminando la aparente necesidad de hacer modificaciones paramétricas (ni de edad de jubilación, ni de aportes).