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- 23/12/2021 00:00
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Agremiados a la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento, en formación, manifestaron su disposición de apoyar y participar en forma activa junto con la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) en capacitaciones por sector regulado y en las mesas de trabajo que buscan reglamentar la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, que modifica las leyes 23 de 2015, 51 de 2016, 52 de 2016 y 129 de 2020, entre otras.
En representación de las empresas de cumplimiento autorizadas por la SSNF, el presidente de Apec designado, Álvaro Tomas, dijo mediante un comunicado que “como empresas de cumplimiento, contamos con la autorización, capacidad y experiencia para cooperar con la SSNF en la capacitación, a lo largo del territorio nacional, de las empresas que son sujetos obligados de dicha superintendencia”.
Indicó que “el público en general, erróneamente, considera que estas leyes solo afectan a los abogados y no se percatan de la cantidad de sectores que están regulados”; no obstante, “estos sectores van desde la venta de autos nuevos y usados, establecerse en zonas francas, la venta de metales y piedras preciosas, los promotores, los corredores de bienes raíces, los contadores públicos autorizados y los proveedores de la industria de la construcción, entre otros.
Enfatizó en que “solo a través del esfuerzo coordinado de la empresa privada con el Gobierno Nacional podremos llegar a los niveles de capacitación y efectividad que exigen los organismos internacionales para que nuestro país salga de las listas que tanto afectan nuestra imagen y reputación”.
La Apec se refirió al respecto cuando Panamá se encuentra en peligro de caer en lista negra del Grupo de Acción Financiera (Gafi), lo cual representa una amenaza para la economía, ya que el país requiere terminar 2021 con avances en el funcionamiento de un registro de beneficiarios finales y con una promulgación o sanción de la ley de extinción de dominio para ser retirados de esta lista, en cumplimiento de los estándares internacionales.
En enero de 2022, el grupo evaluador llevará a cabo una reunión “cara a cara” con las autoridades panameñas para revisar los avances que ha hecho el país en su plan para salir de la lista gris del organismo.