Negociación de un contrato minero: el debate fuera de la mesa

Antes que nada deseo aclarar que como ciudadana y defensora de los derechos humanos, soy anti explotación minera a cielo abierto, aquí en Panamá y en cualquier parte del mundo. Ahora, hablando sobre este escenario real de negociación, es importante acudir al sentido común de la ciudadanía y recordar que Panamá tiene una vasta experiencia en negociaciones internacionales, pudimos desarrollar estrategias para recuperar el Canal ante los gringos; posteriormente hicimos una negociación exitosa para la construcción del tercer juego de esclusas; en cada caso se supo manejar los conflictos y litigios que surgieron de cada uno de estos escenarios. También hay que tener presente que en Panamá existen recursos humanos expertos en este campo y sobre los derechos e intereses del país; con estos dos elementos presentes: experiencia y capacidad técnica jurídica, nadie en su sano juicio va a entender si el resultado de una “dizque” negociación, permite que el país renuncie a sus derechos constitucionales como dueño de estos territorios y de sus bienes naturales, y reciba migajas de los miles de millones que gana una empresa minera, dejando contaminación y destrucción del patrimonio ambiental del país.

Espero un milagro, aunque parezca ironía, no lo es. En serio, espero un milagro que haga reaccionar al Presidente y reúna urgentemente un Equipo interdisciplinario con integridad profesional y visión estratégica que le permita ver este asunto de Panamá minero como uno de los peores errores de la historia panameña. La minería, aunque se desarrolle como un enclave industrial, sus impactos en el resto del país serán malignos a corto y largo plazo, e irreversibles. La discusión es que modelo de sociedad deseamos, ¿en qué Panamá deseamos que crezcan nuestras familias? y para esto, ¿qué tipo de economía se debe impulsar? En estos momentos se mantiene el enfoque economía vs derechos humanos, se piensa en: “atraer plata, inversiones, pero no en que tipo de impactos tendrán estas inversiones en los derechos de las personas y su calidad de vida”. Tuve la esperanza que la pandemia le abriría los ojos a nuestras autoridades y a las empresas y verían que se abrió un portal para repensar nuestro modelo de economía y de sociedad hacia una sociedad del cuidado y una economía verde.

Panamá debe ser declarado en su totalidad territorial libre de minería, y a la vez ser referencia de buenas prácticas de desarrollo humano sostenible para una economía verde. Nuestro vecino Costa Rica lo tiene así consignado por ley, es un país libre de minería, que con menos recursos que nosotros ha diseñado un modelo de economía de servicios ambientales, turísticos y tecnológicos que le generan miles, de miles de empleos permanentes y bien remunerados. Costa Rica es un ejemplo para seguir. ¿Qué nos pasa? ¿No amamos nuestro país? ¿Somos menos inteligentes, pero si cobardes y corruptos? No soy torrijista, pero me imagino qué haría Torrijos ante las compañías mineras y sus compinches: los mandaría muy lejos, ¡por abusadores y corruptos! Ojalá que este gobierno que se dice torrijista recuerde la innegable valentía de su líder.

No soy experta, pero los estudios y las malas prácticas aquí en Panamá han demostrado que no es posible. Tampoco ayuda la ineficiencia de la veintena de instituciones que se suponen que le deben dar seguimiento al contrato y su operación industrial. Nadie responde por las denuncias interpuestas por grupos ambientalistas sobre la corrupción y conflicto de intereses de funcionarios públicos; nadie dice nada sobre la endogamia y cambio de roles entre funcionarios de las mineras que luego pasan a ser funcionarios de los ministerios que les aprueban y facilitan todo; nadie hace nada ante la indolencia de las autoridades y las denuncias de reiteradas violaciones de las mineras, con afectaciones ambientales a las comunidades aledañas. Las mineras transnacionales prefieren gastar una fortuna en estrategias publicitarias y narrativas engañosas, antes que ser responsable, no solo reparando los daños, sino cambiando su tecnología y sistema de prevención de daños ambientales. Es hora de exigir a sus gobiernos y financiadores responsabilidad, aplicando las cláusulas sociales.

Mientras otros países de Europa, y de América como Costa Rica, han visto estratégicamente la sostenibilidad ambiental y del planeta, y apuestan a economías verdes; aquí nuestras autoridades nos llevan en una narrativa engañosa de generar empleos pospandemia, nos llevan a convertir nuestro país en un gran vertedero tóxico. Nuestro nombre Panamá, que según expertos significa, “abundancia de peces y mariposas”, será un recuerdo, pues nuestros nietos solo los conocerán por fotos e imágenes digitales. Mientras en las casas de los corruptos y vende patria, tendrán mariposas y peces de oro sobre sus paredes.

Tal como expresa la Cámara Minera en su comunicado que adjunto a este correo, es un acontecimiento positivo para el país ya que es una ocasión única para demostrar ante el mundo que somos un país serio donde se respetan los derechos de los inversionistas y demostrar ante la faz del país que ahora cuando más se necesita la inversión extranjera para la recuperación económica, se actúa de manera responsable en esta coyuntura para generar confianza, no solamente de los inversionistas mineros, sino que también de aquellos otros sectores económicos. Indudablemente que es un paso necesario que hay que dar si lo miramos desde todo punto de vista, ya que estas negociaciones ofrecen amplias posibilidades de llegar a acuerdos y puntos de encuentro, donde se mejoren las condiciones que rigen la relación entre las partes, hoy dentro de un marco muy diferente al existente al momento de firmar el contrato en 1997.

Confiamos en la voluntad de las partes de llevar adelante un proceso ganar-ganar cuyo fin último sea el maximizar los beneficios para los panameños. El gobierno y la empresa, trabajando en base a acuerdos y puntos de encuentro de acuerdo a las leyes y a la normativa actual que rige en nuestro país.

La tesis del apocalipsis ambiental que generaría una mina a cielo abierto en Panamá ha sido desmentida por los hechos: hoy opera en nuestro país la 15ava mina más grande del mundo y esta aporta de manera innegable y muy importante al desarrollo sostenible de nuestro país en sus dimensiones económicas, sociales y ambientales, generando una sostenibles mejoras en todos los índices de desarrollo sostenible de la zona donde opera y el país en general. Esto se debe básicamente a que el proyecto fue concebido desde sus inicios como una plataforma de desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, tomando en cuenta las experiencias de muchas décadas en otros países, utilizando los más altos estándares, procedimientos y tecnologías modernas, y asumiendo más de 370 compromisos ambientales, económicos y sociales a través de su Estudio de Impacto Ambiental y Social, y generando desarrollo económico sostenible, promoviendo el desarrollo social sostenible e impulsando el desarrollo ambiental sostenible. Es posible ver y palpar todo este aporte solamente con hacer una visita al área alrededor de la mina y comparar la situación actual con la anterior, donde la población y el ambiente estaban abandonados a su suerte, sin oportunidades de educación, salud, y mejoras en su calidad de vida, sin planes de conservación de la biodiversidad de especies, ni atención a la salud de los ecosistemas ni de calidad del recurso hídrico. Toda actividad humana ejecutada con la mayor responsabilidad posible genera beneficios en su entorno y un impacto neto positivo o nulo. La minería ha sido declarada por la ONU como una actividad que contribuye grandemente a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible (ODS).

Dado que toda actividad humana genera impactos sobre el ambiente de mayor y/o menor escala, el concepto de desarrollo sostenible por ningún lado establece que esta u otra actividad es sostenible o no. Sin embargo establece muy claramente que para alcanzar el denominado desarrollo sostenible, toda actividad tiene que cumplir una serie de requisitos que permitan alcanzar un estado de equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente. Es decir que toda actividad debe asumir y promover las mejores prácticas y estándares en su relación con el país y los territorios, las comunidades, el medio ambiente, el sistema productivo y el Estado y actuar de manera colaborativa para reducir los riesgos y potenciar los beneficios que genera. El ejemplo ya lo tenemos en Donsoso con la operación de la 15ava mina más grande del mundo.

No es posible, y mucho menos en las condiciones actuales de la economía, que se prive a la gente más necesitada de las posibilidades de mejora de sus condiciones de vida y de acceso a empleo digno, al ambiente en general y a las áreas protegidas de programas de conservación, protección y monitoreo de la biodiversidad y al país de la generación de dinámicas económicas virtuosas en el entorno humano nacional y de las comunidades. El desarrollo sostenible no se logra dejando de lado actividades económicas que proveen los recursos, mecanismos y condiciones para propiciar este desarrollo, tomando decisiones basados en supuestos, medias verdades y tergiversaciones lanzadas al calor de una oportunidad mediática. Para tomar las mejores decisiones, existen los espacios para la discusión seria e informada de acuerdo al conocimiento científico, técnico y sobre todo en los hechos reales.