El Chorrillo:el caso de la invasión de 1989 y los programas de vivienda social en Panamá

La historia de El Chorrillo, y especialmente de aquella parte construida para dar alojamiento a los trabajadores afroantillanos del Canal de Panamá en 1914, sintetiza en gran medida la historia de la vivienda social y las políticas habitacionales y de ordenamiento territorial implementadas por el Estado panameño desde su origen hace ya 116 años.

De acuerdo con el informe 'El Chorrillo: situación y alternativas' (IDEN, 1990), “el área afectada por la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989 y sus secuelas queda entre la calle 22 Oeste y la Avenida de los Mártires, correspondiendo a las antiguas fincas La Huerta del Rey y Los Pocitos”. La zona de las casas de inquilinato, entre las calles 25 y 27 Oeste, sería urbanizada y lotificada por Alberto de Obarrio, quien convertiría terrenos adquiridos por menos de 5 centavos/m², a los cuales se les dotaba de agua, acueducto y calles a 85 centavos/m² y se vendían luego urbanizados a 4 o 5 US dólares el metro cuadrado.

Una vez terminada la construcción del Canal, “El Chorrillo se estancó, en gran medida porque la ciudad se expandió en una dirección distinta. La fijación del límite de la Zona del Canal en esa esquina del área urbana influyó en ese sentido. El valor de las propiedades aumentó poquísimo en las décadas subsiguientes, y en algunos casos, llegó a caer. La empresa privada raras veces sustituyó las antiguas casas de madera por casas más modernas de concreto. En El Chorrillo, las casas decayeron hasta cuando fueron condenadas. Los incendios se encargaban del resto” (Uribe, 1990).

A partir de la década de 1940, pero con más fuerza en la década de 1970, se desarrollaron diversos programas de construcción de vivienda social en El Chorrillo por parte del Estado, que en su mayoría correspondían a 'multifamiliares de gran altura' que no contribuyeron a consolidar un tejido urbano integrado al resto de la ciudad, y que “reflejan los fracasos de la política habitacional en Panamá”, (Tejeira, 1990).

Con la invasión de 1989, se estima que al menos 2,200 viviendas fueron destruidas, y más de 4 mil personas tuvieron que refugiarse temporalmente en Albrook (68%), entre otros sitios. En febrero de 1990, a solicitud del gobierno de Panamá, la USAID inició un programa de ayuda de 15.7 millones con el fin de proveer vivienda y amenidades básicas a la población desplazada de El Chorrillo, este programa sería llevado adelante por la Caja de Ahorros y el Miviot. (General Accounting Office US, 1990).

A los desplazados de El Chorrillo se les ofrecieron dos opciones por parte del Miviot y la Caja de Ahorros para su reasentamiento. La primera, una vivienda de 24 m² construida por contratistas privados en las afueras de la ciudad, áreas con “transporte público inadecuado, inexistencia de escuelas secundarias, limitado acceso a comercios y servicios médicos en el área, ubicados a 15 km de la ciudad” (General Accounting Office US, 1990).

La segunda opción correspondía a la construcción de edificios apartamentos en el área destruida durante la invasión en 1989. El Miviot preparó el 'Plan Panamá', a través del cual se atendieron las necesidades habitacionales de población residiendo en casas condenadas o albergues temporales. A través de este programa se construyeron 2,176 apartamentos en El Chorrillo además de 856 viviendas unifamiliares en Los Llanos en Pacora y El Valle de Arraiján, Arraiján (Miviot, 1991).

Este último proceso conllevó la transformación del tejido urbano de El Chorrillo, con la desaparición de las antiguas casas de madera, el cambio en el trazado de algunas calles y la transformación de áreas de uso militar, como el antiguo Cuartel Central, en parques y edificios de apartamentos. A 30 años de la invasión, es posible considerar que la oportunidad de reconstruir e integrar el barrio a la ciudad no se aprovechó y, finalmente, resultó en una reproducción de las condiciones originales de marginación y exclusión social.

La historia de El Chorrillo es la síntesis de los fallos de la política pública de vivienda, de ordenamiento territorial y de integración de aquellos barrios que a principio de siglo XX sirvieron de campamentos para los trabajadores afroantillanos durante la construcción del Canal. El Marañón, Curundú, Santa Ana, San Miguel, siguen siendo zonas con vivienda en un precario estado y con altos índices de criminalidad y violencia, siendo el germen de estallidos sociales como la huelga inquilinaria de 1925 y alimentando los factores que originan la actual crisis de inseguridad en la ciudad de Panamá.

Recuperar estos espacios para la ciudad debería ser el eje articulador de un proceso de redensificación y reactivación de la actividad económica del centro urbano. Este proceso debería servir para saldar una deuda histórica del Estado con pobladores del centro urbano y al mismo tiempo, lograr una política urbana que brinde opciones reales de vivienda para las clases media y baja, tradicionalmente expulsadas a la periferia, en zonas bien servidas y con acceso a servicios, espacio público, educación, trabajo y esparcimiento a un costo asequible.