Pelea Clarín y gobierno afecta periodismo

El conflicto que sostienen desde hace cuatro años la presidenta Cristina Fernández y el Grupo Clarín ha puesto al descubierto una lucha despiadada por dominar a la opinión pública y el deterioro de la calidad del periodismo argentino.

El enfrentamiento, que se había agudizado en los últimos meses, promete seguir vigente con la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal de extender la medida cautelar solicitada por el multimedios que había suspendido la aplicación de dos artículos de una ley de medios de 2009 que lo obligaba a desinvertir en el mercado audiovisual.

La suspensión estará vigente hasta que se decida la constitucionalidad de dichos artículos.

La medida de la Cámara, conocida el jueves, benefició así a Clarín en su enfrentamiento con el gobierno, que había establecido el viernes 7 de diciembre como último día para que esa empresa periodística y todas las que se excedan en licencias de señales audiovisuales --según los límites establecidos por la ley-- presenten un plan para desprenderse de inversiones.

El hombre clave del gobierno en la pelea, Martín Sabbatella, titular del organismo público que regula a los medios audiovisuales, dijo a Télam que "el fallo lesiona a la democracia" y que "la justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones".

En el marco de la pelea judicial, el gobierno presentó el viernes ante la Corte Suprema de Justicia un recurso contra la prórroga de la cautelar para que el alto tribunal dirima cuanto antes sobre la situación.

Fernández y Clarín llevan cuatro años enfrentados. Ambos dicen defender el interés público, aunque pareciera que se esmeran más en proteger sus posturas cada vez más crispadas.

La ley busca, según el gobierno, defender la pluralidad de voces en el mercado al obligar a desconcentrar la propiedad de los grandes medios.

Clarín y los medios críticos con el oficialismo dicen que la verdadera intención de la presidenta es desguazar al grupo, atentar contra la libertad de prensa y alentar la creación de un bloque de medios obsecuentes con el gobierno.

Quienes cuestionan a Clarín, en tanto, dicen que su lucha enconada con Fernández ha afectado los estándares periodísticos del grupo.

Los dos artículos de la ley en debate obligan la venta de licencias que superan un límite y que, según Clarín, atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada.

Algunos de los límites son que aquellos que tengan un servicio de televisión por cable sólo podrán tener una sola señal de TV abierta, mientras que los prestadores de televisión satelital no podrán tener otras señales audiovisuales. Los grupos también deben cumplir con el límite de 35% de llegada a la población o a los suscriptores, según la característica del medio y con un máximo de 30% de inversión extranjera.

Para Roberto Guareschi quien fue jefe de redacción del diario El Clarín entre 1990 y 2003, la norma está "hecha para perjudicar a Clarín y para permitir al gobierno crear un grupo de medios propios".

"Están destruyendo el periodismo entre el gobierno y los diarios principales en Argentina", dijo a The Associated Press Guareschi, quien fue profesor de periodismo en la Universidad de Berkeley, y que ahora escribe y edita columnas para Project Syndicate, una agencia internacional.

Esta crispación "ha conllevado una disminución de la calidad del periodismo en general", dijo a la AP Andrés D'Alessandro, director del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), espacio de debate que reúne a cientos de periodistas.

Señaló que esta última pelea entre Clarín y el gobierno muestra cómo se ha agudizado la polarización entre el bando contrario a Fernández, liderado por el multimedios, y el que es afín al oficialismo.

"Hay temas de la agenda diaria que son eliminados porque benefician o afectan al gobierno o a los grupos periodísticos", dijo D'Alessandro. "Muchas fuentes se cierran a hablar con cierta prensa y hay medios que sólo buscan fuentes que coinciden con su línea editorial".

Las portadas de Clarín y de medios que critican abiertamente al multimedios se han centrado en los últimos tiempos en esta batalla y ofrecen menos espacio a temas que mayormente preocupan a la gente, como la inflación o la inseguridad.

Una encuesta de FOPEA entre 1.000 periodistas realizada en septiembre arrojó que la segunda preocupación de los reporteros, luego de sus condiciones laborales, "es la falta de rigor en el ejercicio de la profesión. Sólo tres de cada diez analizan positivamente el compromiso ético de los periodistas argentinos. El resto lo considera regular, malo o muy malo".

El gobierno había informado que 14 grupos de los 20 que deben desinvertir ya presentaron sus planes para hacerlo, que serán revisados para su aprobación o corrección. Esa veintena de grupos excede en unas 500 licencias al tope establecido por la ley.

A excepción de Clarín, todos han expresado su voluntad de desprenderse de las inversiones.

Sabbatella ha dicho que Clarín debe adecuarse respecto de sus licencias de cable ya que "puede tener 24 y hoy tiene 237".

Clarín afirma que tiene "siete licencias de radio y cuatro de TV abierta". Respecto de la operadora de cable Cablevisión dijo que posee "158 licencias locales (una por ciudad o pueblo) y la ley pretende que sólo pueda tener 24 y por lo tanto llegar sólo a 24 localidades. Mientras, permite a sus competidores directos (DirectTV o las empresas telefónicas) llegar a 2.200 ciudades con una sola licencia".

La lucha contra el grupo mediático se ha vuelto central para el gobierno de Fernández.

La presidenta sostiene que Clarín quiso sacarla del poder en 2008 cuando el multimedios apoyó a productores agropecuarios en sus protestas por el frustrado intento oficialista de aumentar los impuestos a las exportaciones de algunos granos, que provocaron desabastecimiento de alimentos y cortes de rutas en todo el país.

La mandataria también acusa al grupo de haber sido funcional a los intereses de la última dictadura militar (1976-1983) y haber presionado a los siguientes gobiernos democráticos para preservar su poderío económico. También de mentir en su contra.

El 7 de diciembre era una "cuestión simbólica" para Fernández porque significaba demostrar que "se atrevió" contra Clarín, que recortó algo su poder y no se quedó en las meras palabras, señaló a la AP el analista Ignacio Fidanza, director del sitio lapoliticaonline.com.

A medida que se aproximaba la fecha límite, el cruce verbal entre las dos partes se exacerbó y se instaló en la opinión pública.

En el marco de esa suerte de "circo", como lo denominan algunos analistas, el gobierno difundió avisos en los programas de mayor audiencia de la televisión pública, como "Fútbol para todos" donde se emiten los partidos de la liga nacional, para destacar la trascendencia del "7 D" (7 de diciembre).

Clarín contestó con avisos televisivos en los que afirmó que "el 7 de diciembre no debe suceder nada" y publicó en su diario homónimo, avisos acusando al gobierno de mentir cuando dice que no hay inflación o inseguridad.

Para Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, "hay una pelea política de fondo" relacionada con la intención oficialista "de avanzar en la reconfiguración del mapa de medios a partir de la reducción de la posición de Clarín".

Subyace una disputa "por la influencia en el espacio público", señaló a la AP Becerra, profesor en la Universidad Nacional de Quilmes. Según el analista, tanto Clarín como el gobierno están "sobreactuando" para hacerse las víctimas ante la sociedad.

El analista también cuestionó que el gobierno haya aplicado aspectos de la ley de medios "beneficiando a algunos actores ligados al oficialismo" y dejando de lado aquellos puntos que asegurarían verdaderos avances en el derecho a la comunicación.

Según el analista Fidanza es difícil discernir "cuánto hay de pelea personal, de apuesta política y de interés económico" en esta guerra. Coincidió con Becerra en que al gobierno le conviene todo este ruido mediático porque le sirve para no abordar temas que le incomodan.

La situación de tensión ha trascendido las fronteras argentinas. Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició el jueves una visita a Buenos Aires para evaluar el estado de la libertad de expresión.

Claudio Paolillo, titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, dijo a la AP que la prórroga de la cautelar "es lo más razonable que podía pasar. El país estaba encaminado a una situación sin salida".

Agregó que "mientras la justicia no definía sobre el fondo, lo más razonable era mantener la medida cautelar para que el Poder Ejecutivo no avanzara de oficio" sobre los bienes y señales del Grupo Clarín.

Sabbatella había advertido que "si algún grupo mediático no presenta hasta el viernes a la medianoche el plan de adecuación voluntaria", el lunes 10 de diciembre acompañaría personalmente a un escribano para notificar a esa empresa sobre "el inicio de la transferencia de oficio" a otro titular de las licencias excedentes.

Ese proceso, dijo, incluye la valoración de licencias de radiodifusión y otros bienes afectados, las licencias que irían a concurso público y luego el traspaso a nuevos propietarios.

Sabbatella aseguró que el Estado "no viene a expropiar" pero juristas cuestionaron el proceso de desinversión y advirtieron que el Estado podría quedarse con antenas, cables o equipos sin pago de indemnización previa.