Una pandemia y la necesidad de Estados eficientes en la región

El panorama que la covid-19 le está dejando al mundo es más que sombrío. Como pandemia, aún no se detienen los contagios en Europa, a pesar de que la región ha trabajado mucho en función de generar políticas para cortar las cadenas de transmisión y, con ello, aplanar las curvas de contagios.

No obstante, la clave está en el distanciamiento social, ya que pareciera que en cuanto se flexibilizan las medidas y el ser humano trata de volver a sus hábitos de “cercanía”, el virus, que está al acecho, de nuevo ataca.

Nada más tomando como referencia el caso de España, vemos que para el 29 de julio había un total de casos confirmados en 24 horas de 1,229, siendo las comunidades autónomas más afectadas, obviamente las más pobladas e interconectadas como Cataluña, Madrid (ambas por encima de los 75,000 casos y Castilla La Mancha por encima de los 20,000 casos totales).

Esto demuestra que mientras hay un mayor acople a la economía global –en términos de porosidad de las fronteras, libre tránsito de bienes, flujos de capital y personas–, hay más vulnerabilidad frente a la pandemia.

Ahora bien, y ya “cruzando el charco”, tratemos de observar cuál es la situación de América Latina. En primer lugar hay que decir que el SARS-CoV-2 llegó a América en un momento en que la región se debatía en un conflicto entre dos modelos: liberalismo y socialismo autoritario, donde la ideología y lo político condicionan el rendimiento económico de las naciones.

Esto, sin duda, ya nos da una primera aproximación al estado de la cuestión: ¿cuáles son los principales focos de la covid-19 en nuestro continente? Pues aquellos países más “liberalizados e interconectados con el mundo”: Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina, entre otros.

La crisis sanitaria ha llevado a América Latina, según estudios de la Cepal (Comisión Económica para América Latina de la Organización de Naciones Unidas), a la peor contracción económica en los últimos 100 años; de hecho, la década comprendida entre 2010 y 2020 se conoce como una 'nueva década perdida' donde el PIB y el PIB per cápita vuelven a los niveles de 2010, lo cual tiene un impacto directo en la diferenciación social, con la elevación del desempleo, la pobreza y el comercio de bienes.

Hay, por consiguiente, un choque de modelos sobre cómo reaccionar frente a la pandemia: por una parte vemos a gobiernos que, para cortar las cadenas de contagio, han intensificado las medidas de confinamiento, hasta el punto de aplicar toques de queda; una decisión con amplias repercusiones para los países cuyos sistemas tienen bajos niveles de apoyo popular, conflictividad social e inestabilidad, incrementando así el control social e impactando en la productividad, en la reducción de remesas en aquellos países con grandes flujos de migrantes, en la contracción del sector turístico y generando una alta incertidumbre financiera.

Por otro lado se encuentran los países que hemos de llamar “liberales”, que para atenuar el impacto de la caída económica, han relajado las medidas de confinamiento, han abierto sus fronteras al turismo y se han apresurado a reactivar sus economías; hasta el punto de subestimar la agresividad del virus.

En este escenario, ¿cuáles son las políticas públicas y comportamientos más proclives a superar la crisis del mundo occidental que vive bajo los principios de la globalización? En primer lugar, fomentar un Estado fuerte –y esto no quiere decir fuerte en términos de represión, de control social ni de intervencionismo en la vida de los ciudadanos, al contrario–, hablamos del sentido del Estado institucionalmente robusto que lo hace “árbitro social”, capaz de intermediar y resolver conflictos entre los diversos actores, de ofrecer certidumbre y reglas del juego claras en procura de la equidad.

Ese Estado tiene la obligación de no discriminar, de crear condiciones y oportunidades para los actores económicos y sociales más afectados por la pandemia, en términos, por ejemplo, de promover políticas fiscales y monetarias que coadyuven a la reactivación; tiene que ser un Estado compañero e integrador, que comprenda la necesidad de crear políticas públicas complementarias en los ámbitos económico, social, de infraestructura; con bajos niveles de conflicto social, al tiempo que sean innovadoras y atractivas para la cooperación financiera internacional, sin olvidar al individuo-ciudadano, y la obligación que el Estado tiene de buscar los mecanismos para explotar al máximo sus capacidades y talentos.

Un país que muestra estos niveles de rendimiento positivo, y que trata de alejarse de los radicalismos, al tiempo que fortalece el Estado, es Uruguay.

Aunque pequeño, este país ha generado políticas como el diferimiento del impuesto al valor agregado para pequeñas y medianas empresas, el diferimiento de impuestos locales, la creación del fondo para el coronavirus que se tradujo en beneficios del Banco de la República y la reducción de salarios y pensiones de los servidores públicos.

El problema, por ende, no es económico, el problema es político, y la pandemia ha demostrado lo dicho: serán más capaces de sobrevivir aquellos que dejen atrás los radicalismos ideológicos que simplemente dividen y fragmentan la sociedad, centrándose en mejorar e incrementar la capacidad de delivery del Estado para la satisfacción de las necesidades de los gobernados, con políticas públicas flexibles y pragmáticas con altos niveles de eficiencia, eficacia e impacto; y abandonar el populismo y el personalismo político, todo en función del progreso y del bienestar con equidad.

Al tener las reglas de juego claras, y un Estado que genere confianza en función de la construcción de un proyecto nacional inclusivo, seguros estamos de que se podrá superar la pandemia.

El autor es internacionalista y especialista en derecho y políticas internacionales.