Suspensión del partido Semilla, otra mancha en la política de Guatemala

La suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, recién ganador de las elecciones presidenciales en Guatemala, no sorprende a Samuel Pérez, jefe de la bancada de diputados que el colectivo mantiene en el congreso de la nación. “Nuestro partido ha sido objeto de persecución política desde su constitución, hace cuatro años”, menciona el diputado y ex secretario general de Semilla, en entrevista con La Estrella de Panamá.

Según Pérez, estos “ataques” son ocasionados por un Ministerio Público liderado por personas “internacionalmente sancionadas por actos de corrupción que atentan contra la democracia”, alega el funcionario, haciendo referencia al fiscal Rafael Currichiche, quien lidera las investigaciones en contra de Semilla y al Juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, quien aparte de dar el aval para suspender a Semilla, también ha estado envuelto en el cierre de medios de comunicación y órdenes de captura contra periodistas y opositores al Gobierno.

En julio de 2022, el Gobierno de los Estados Unidos incluyó a 16 funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos, en la lista Engel, que recopila los nombres de “actores corruptos y antidemocráticos” presentes en los países de América Central, entre ellos, los antes mencionados.

“Ese juez (Orellana) se ha encargado de realizar acciones completamente ilegales, como el allanamiento de la sede del partido, establecer órdenes de aprehensión contra nuestro colectivo y otras cosas fuera de la ley”, asegura Pérez.

El 31 de agosto, la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió un comunicado expresando su preocupación por las acciones realizadas en contra de Semilla. “Estos son nuevos intentos de desconocer la voluntad expresada en las urnas por las y los guatemaltecos”, comenta la nota.

Este 1 de septiembre  la OEA emitió una resolución que le otorga a  Luis Almagro, Secretario General de la entidad, mayor autoridad para vigilar el proceso de transición de gobierno en Guatemala.

Otra organización que ha salido a manifestar su temor es la Unión Europea, que manifestó que este proceso electoral es “víctima de una excesiva fiscalización” y que suspender a Semilla está “limitando  el derecho de los votantes a que sus representantes electos puedan tomar posesión de sus cargos”.

Esta semana el Congreso de la República de Guatemala, dirigido por el oficialismo, anunció que desconocía la bancada de Semilla y declaró a los siete diputados que la componen como independientes.

“Esto afecta a la bancada dentro del congreso”, reconoce Pérez, quien considera que dentro del congreso hay un “ambiente de temor” por parte del oficialismo, lo que ha ocasionado esta “cancelación del partido”.

“Nos preocupa que intenten quitarle a nuestros diputados la posibilidad de participar en las comisiones de trabajo y de ocupar algún cargo en la junta directiva del congreso. Aunque no creemos que esto termine por afectar los votos de los diputados durante las sesiones plenarias”, anexa.

Desde la OEA consideran que  “la negativa de permitir expresarse a Semilla en el pleno [legislativo] violenta las mínimas normas de convivencia democrática y del derecho parlamentario”.

Aun así, el jefe de bancada de Semilla, comenta que ya se presentaron los recursos legales para hacer frente tanto a la suspensión del partido, como a la anulación de la bancada en el congreso, por lo que están pendientes de los resultados.

A criterio de Pérez, lo que se perjudica en todo este proceso es la credibilidad de las instituciones públicas. “El Ministerio Público y su fiscal,  Rafael Currichiche, están perdiendo credibilidad todos los días, porque están atacando a la voluntad popular, del pueblo de Guatemala”, sentencia el funcionario.

Estas acciones terminan por afectar la confianza del electorado en sus instituciones democráticas. Datos del Latinobarómetro 2023 aseguran que solo el 29% de los guatemaltecos ve en la democracia un sistema preferible al de cualquier otra forma de gobierno, lo que representa una disminución de casi 8%, en comparación con el estudio hecho en 2020.

A la par, aumenta la indiferencia política en la población,   pues el 41% de los guatemaltecos encuestados en el Latinobarómetro considera que “da lo mismo” si su gobierno se traduce en un régimen democrático o no.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, el 55% de las personas inscritas en el padrón electoral fue a votar, lo que sumado a los votos nulos y en blanco, da un porcentaje del 59.7% de población que no se decantó por ninguna opción electoral.

El propio presidente electo, Bernardo Arévalo, dijo durante su discurso de victoria que ellos iban a trabajar por restaurar la confianza de la población en las instituciones.  “Les hablo a todas las personas que no acudieron a votar, sepan que en mi gobierno vamos a trabajar por ustedes, para crear instituciones que ganen su confianza en el Estado y la democracia”, declaró.

Aun así, Pérez ve con optimismo la consolidación de la presidencia de Arévalo el 14 de enero. “Cuando Arévalo llegue al poder, nuestro objetivo será detener la polarización y la persecución política para que cualquier persona que quiera opinar del Gobierno pueda hacerlo con libertad, lo que permitirá generar consensos sociales amplios e incentivar la unidad de nuestro pueblo”, dijo.

“Nosotros vamos a erradicar el sistema de corrupción que lleva años en Guatemala y eso va nos va a ayudar a recuperar la credibilidad del Gobierno, pero eso dependerá de los resultados y en eso estaremos enfocados”, concluye el líder político.