Gobierno de López Obrador inicia primer proceso contra el Ejecutivo anterior

Aunque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había rechazado enjuiciar a sus predecesores por corrupción, fue una denuncia presentada por su Gobierno la que ha derivado en la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex.

En su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador negó una "persecución política" contra Lozoya y atribuyó la orden de arresto a una investigación iniciada por el anterior gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sin embargo, el fiscal general, Alejandro Gertz, desmintió al presidente al informar que pidió el arresto de Lozoya a raíz de una denuncia presentada en marzo por la actual dirección de la estatal Pemex.

"Lo que sí les puedo decir es que no hay persecución política, son hechos que se tienen que perseguir y castigar si lo determinan los jueces", aseveró López Obrador, quien señaló que no puede "cancelar procesos ya iniciados".

Además, recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) es "una entidad autónoma" del Gobierno federal y que este organismo es el encargado de decidir si emprende investigaciones judiciales.

En entrevista con Radio Fórmula, el fiscal general admitió que sobre Lozoya pesan denuncias anteriores, pero informó que el orden de arresto corresponde a una demanda reciente por la compra venta irregular de una planta de fertilizantes.

A petición de la Fiscalía, un juez emitió este martes una orden de captura por presuntos delitos de corrupción en contra de Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Peña Nieto y bajo investigación en el caso Odebrecht.

Aunque no tiene relación con su orden de arresto, Lozoya también ha sido señalado por su presunta vinculación con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Al exdirector de Pemex se le investiga también por haber recibido unos 10,5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicada este martes, Lozoya habría adquirido en 2012 un lujoso inmueble en Ciudad de México pagado con dinero de sobornos de Odebrecht.

Junto con Lozoya, el juez ordenó la detención, consumada este martes en España por agentes de la Interpol, del dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México, Alonso Ancira, presuntamente relacionado con el exdirector de Pemex.

Aunque no pudo dar detalles de la investigación, Gertz Manero explicó que Lozoya está acusado de "uso de fondos a través de un sistema financiero de carácter ilícito para beneficio propio".

También informó de que anoche fueron registrados el domicilio del exdirector de Pemex y el de sus padres, pero en ambos solo había empleados "cuidando la casa".

Sobre Ancira, arrestado en Mallorca, el fiscal dijo que el proceso de extradición dura 45 días y lamentó que las filtraciones a la prensa sobre esta investigación facilitaron que el empresario huyera de México.

En entrevista en la misma emisora, Javier Coello, abogado de Lozoya, definió este proceso como una "defenestración y persecución" contra su cliente, al que se lo usa de "chivo expiatorio", y anunció un amparo para "conocer de qué se lo acusa".

El abogado sostuvo que Lozoya no firmó el contrato de compra de la planta de fertilizantes, algo que tendría que haber aprobado el consejo de administración de Pemex.

E implicó al que entonces era presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien citará para que declare como testigo en todo este proceso.

Coello aseguró que su cliente se encuentra en México, a diferencia de Ancira, y que no se presentará ante las autoridades judiciales hasta conocer los delitos de los que se le acusa.

El fiscal general le respondió que será informado de eso "cuando se presente ante el juez".

"Tiene el derecho constitucional de que se le den todos los elementos para que pueda defenderse, pero que se presente", sentenció Gertz.

El principal objetivo del Gobierno de López Obrador es erradicar la corrupción del país, que según su opinión es el principal mal de México, del que derivan las desigualdades y la violencia.

No obstante, al asumir la Presidencia el 1 de diciembre, el líder izquierdista prometió "punto y final" y rechazó perseguir judicialmente a sus antecesores en el cargo.

La denuncia contra Lozoya presentada por Pemex, empresa que depende del Gobierno federal, es la primera acusación por un caso de corrupción que hace contra el gobierno anterior.