El gobierno de Petro y Francia, el reto de escribir una nueva historia para Colombia

“Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo”, fueron las primera palabras que dirigió Gustavo Petro a los millones de colombianos dentro y fuera del país que esperaba escuchar al nuevo presidente.

Con más del 50% de los electores, unos 11 millones 182 mil votos, Petro junto a su fórmula a la vicepresidencia Francia Márquez, alcanzó, en su tercer intento, llegar a la Casa de Nariño, una institución y símbolo de poder reservado durante dos siglos a las élites del país.

En 2010 y 2018, el economista y exguerrillero de 62 años buscó sin éxito romper el cerrojo impuesto sobre la izquierda colombiana frente a los partidos tradicionales, y especialmente desde el uribismo, que por más de dos décadas presentó a las FARC y luego al chavismo en Venezuela como el espejo de la “hecatombe de la democracia” en la que supuestamente se vería Colombia de ser electo un presidente izquierdista. Fantasmas que no fueron suficientes para impedir la victoria del Pacto Histórico.

Tan desprestigiadas llegaron las fuerzas de derecha y extrema derecha a la segunda vuelta presidencial, que su salvavidas frente al “petrismo” fue Rodolfo Hernández, un empresario y exacalde de Bucaramanga cuya verborrea tóxica y procesos por corrupción pusieron cuesta arriba el frenar el ascenso de la izquierda a la Presidencia.

Como nunca antes, la población salió a votar, harta del fracaso de las administraciones anteriores para resolver sus problemas básicos. La propuesta de “cambio” se convirtió en el “leitmotiv” de las campañas de Rodolfo y Petro; una idea que movilizó al 58% del electorado, la mayor participación en el siglo XXI. Lo que coloca una altísima expectativa en el nuevo gobierno ante desafíos estructurales y un panorama en extremo complejo

Entre los pilares propuestos por el Pacto Histórico está la consolidación de una paz que ponga fin a medio siglo de la guerra que desangra a Colombia. Lo que plantearía un rediseño de las estrategias de seguridad para combatir a los grupos armados y al mismo tiempo cumplir con la palabra de cesar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante décadas. Algo importante en la narrativa del nuevo gobierno y que Petro dejó ver el mismo día que ganó al cederle la palabra a la madre de Dilan Cruz, un joven asesinado por la Policía de Bogotá durante el estallido social de 2019.

Desde la firma de la paz en La Habana y la dejación de armas de las FARC han sido asesinado unos 1,308 líderes sociales, de los cuales 81 ocurrieron este año y en medio del proceso electoral, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Una situación cuya solución pasa por definir cómo será la relación con la Policía y las Fuerzas Armadas, instituciones fuertemente politizadas por elementos de derechas y que incluso han tomado postura dentro de la política electoral.

Un ejemplo de ello fue las declaraciones del actual mayor general del Ejército, Eduardo Zapateiro, quien sostuvo durante la campaña diatribas en Twitter con el hoy presidente electo.

De allí que hay mucho interés sobre quién será el encargado de la cartera de Defensa y cuanta pericia política tendrá la administración Petro para atender temas sensitivos para los uniformados como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o los fondos destinados estas instituciones.

También, un aspecto socioeconómico que se enmarca dentro del conflicto armado es la propuesta de reforma agraria. La tenencia de la tierra y sus riquezas que, al igual que el poder político del país, ha estado concentrado en un puñado de familias. Datos de la PNUD apuntan que el 52% de la tierra de Colombia está en manos del 1.5% de la población. Es justamente este problema uno de los nudos gordianos del conflicto armado ya que un parte importante de ese acaparamiento territorial se ha desarrollado sobre la base del despojo a los campesinos. Petro pretende atender en parte dicho problema con la reforma propuesta.

Igual la consecución de los diálogos de paz con el ELN congelados desde 2019 bajo el mandato del actual presidente, el uribista Iván Duque. El grupo guerrillero ya adelantó su “disposición” de dialogar con Petro pero aún es incierto su desmovilización será similar a lo ocurrido con las FARC.

El gobierno del Pacto Histórico plantea avanzar hacia una economía que se aleje de los esquemas extractivistas, eso incluye la prohibición de la minería a cielo abierto así como el no otorgar nuevas licencias para la explotación de crudo y acabar estudios de técnicas altamente contaminantes como el fracking.

Esta postura ambiental que apuesta a una “desescalada gradual” de la explotación extractiva, genera incomodidad entre las grandes compañías petroleras y mineras en el país. Y además, pese a ser una país con reservas muy pequeñas en comparación con otras naciones exportadoras de crudo, cerca del 30% de su PIB depende de esta industria por tanto sus sustitución implicará un cambio económico y también cultural importante.

A corto plazo el gobierno del Pacto Histórico tendrá como retos económico el contrarrestar una inflación (9.23%) que está golpeando con dureza a la clase media y los sectores populares, su principal base de votantes. Lo anterior se suma a las tasas de desempleo de 12.2% y una informalidad que supera el 50%, en momentos que Colombia aún no despega de una recuperación plena tras la pandemia y sufre las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Otro reto que enfrentarán será el avanzar políticas de igualdad, en el segundo país más desigual de Latinoamérica luego de Brasil según el Banco Mundial; sus propuestas apuntan especialmente a cerrar la brecha género, una de las principales promesas de campaña. La creación del ministerio de Igualdad, que dirigirá Francia Márquez, abogada y primera mujer afrocolombiana en ser electa vicepresidenta, además el compromiso que el 50% de todos los cargos públicos estará ocupado por mujeres, es parte de esa agenda.

En una nación predominantemente católica y conservadora, las discusiones sobre el desarrollo de políticas por garantizar los derechos de la comunidad LGBTQ+ o el derecho de la mujer sobre su cuerpo, son algunos de los temas que generarán resistencia de la oposición a un gobierno del Pacto Histórico.

Petro no tendrá mayoría en el Congreso, lo que representará un problema a la hora de aprobar proyectos emblemáticos de su propuesta como la reforma a las pensiones o la cambios a la normativa tributaria. De las 108 curules del Senado, el Pacto Histórico solo tiene 20, que se suman a los cinco de los Comunes y dos espacios que corresponden a las curules especiales indígenas y afrodescendientes, lo que totaliza unos 27, muy lejos de los 55 necesarios para avanzar las reformas.

Esto lo obligaría a sumar los votos de los 13 senadores del partido Centro Verde Esperanza, que quedó dividido entre respaldar al Pacto o a Hernández. Aún si alcanza un acuerdo con los liberales que son 14, quedaría con 54. Eso lo deja dependiendo de apoyos de senadores del Partido de la U (centro-derecha) y por tanto es probable que se vea obligado a negocias algunas de sus propuestas.