La degradación del conflicto acecha al próximo presidente de Colombia

En Colombia parece lejano el clima de expectación e ilusión por el fin de un largo conflicto con el que se celebraron las elecciones presidenciales de 2018. El escenario de este domingo es el de un país donde los grupos armados han extendido su poder y las masacres y asesinatos de líderes sociales se han vuelto cotidianos.

“(El presidente Iván) Duque entrega un país en llamas”, resume Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Un país dividido y con las heridas aún abiertas cuya dirección se juegan este 29 de mayo siete candidatos, de los cuales el izquierdista Gustavo Petro y el derechista Federico Gutiérrez parecen ser los más cercanos a conseguirlo.

2021 fue el año con más asesinatos de defensores de derechos humanos desde 2010, con 139 homicidios y 996 agresiones, según el Programa Somos Defensores. Además, hubo 96 masacres (una cada cuatro días) con 338 víctimas mortales, según el Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz).

El vacío que dejó la desmovilización de las FARC en muchas zonas tras el acuerdo de paz de 2016 no fue llenado por el Estado y dio paso a una reconfiguración de control territorial de los grupos que quedaban: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares del Clan del Golfo, a la que se sumaron múltiples disidencias de las FARC.

En estas zonas, como la frontera con Venezuela o la costa pacífica, “la presencia del Estado existe sobre todo para cuidar a las empresas, pero no existe para ejercer soberanía sobre esos territorios y que la gente sienta que está bajo el mando del Estado y no bajo el mando de un grupo armado”, resume Garzón.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lleva un par de años alertando de que, lejos de haberse terminado, en Colombia hay cinco conflictos entre grupos armados o entre grupos y las Fuerzas Armadas, al que en el último año se le ha sumado uno más, lo que deja un contexto “aún más complicado” y con una “tendencia a la agravación de la situación humanitaria”.

“Recién se había firmado el acuerdo de paz el Estado tenía que hacer un esfuerzo por copar los territorios que las FARC dejaban, que creo que es (...) algo que no pasó y lo que hemos tenido en estos cuatro años es el aumento del número de efectivos que tienen estos grupos”, indica la investigadora.

La fuerza de estos quedó demostrada en el reciente “paro armado” impuesto en mayo por el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que con sus más de 3.000 integrantes, según Pares, paralizó 77 municipios de 9 departamentos, sobre todo en el Caribe y el norte del Pacífico, dejando también 22 asesinatos, varios enfrentamientos y quema de vehículos y establecimientos.

Comunidades indígenas y afrocolombianas como las de Valle del Cauca o las del Chocó se han quedado en medio de este conflicto y siguen poniendo los muertos a decenas, mientras el gobierno se ha plegado a una estrategia de militarización que muchos expertos creen que no está resultando.

Por ello, como indica Garzón, el próximo presidente debe “tomar una decisión” clara: o se les combate militarmente o se negocia con ellos, porque el actual gobierno “ni negoció ni los combatió militarmente, por lo que casi se doblaron en número de efectivos” los grupos armados ilegales.

La mayoría de candidatos –Gutiérrez parece el más escéptico y aferrado a continuar la línea militarista aunque, al contrario de Duque, sí se dice defensor del acuerdo de paz– están dispuestos a negociar, al menos con el ELN, y retomar los diálogos que estableció el expresidente Juan Manuel Santos en La Habana, interrumpidos definitivamente tras el atentado terrorista de enero de 2019 contra una escuela de Policía en Bogotá.

Sin embargo, la mayoría de estos grupos no tiene un mando único como las FARC, por lo que, en palabras de la investigadora de Pares, “se hace difícil plantear una salida negociada porque uno no sabría con quién negociar” y además se ha vuelto “más difícil reconocerles un carácter político” ya que casi todos se mueven más por intereses propios y negocios ilegales que por lo revolucionario.

El narcotráfico es otro de los retos del próximo gobierno ya que, a pesar de la reducción en las hectáreas sembradas de coca en el país, la producción de cocaína a nivel internacional, en la que Colombia está a la cabeza, se ha disparado.

Y esta planta está trayendo una riqueza a los territorios más golpeados por el conflicto que el Estado no ha sabido disuadir con desarrollo, educación, vida digna u ofertas laborales.

“El Estado no puede llevarles únicamente militares para cuidarlos, tiene que ofrecerles bienes y servicios”, afirma Garzón, quien recuerda que “cuando se logra establecer un campo seguro para los campesinos cocaleros, empiezas a quitarle fuerza a estos grupos armados”.

Y para ello, la lucha contra el narcotráfico, más allá de la erradicación forzosa en la que parecen concentrados todos los recursos, tiene que contemplar también, según Pares, el ataque a eslabones medios de la cadena y al lavado de activos, “un esfuerzo que nunca hemos visto que realmente se haga”.

“Yo creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno que llegue, sea Gustavo Petro o Federico Gutiérrez, que son probablemente los dos candidatos que tienen más perspectivas, es hacer un buen diagnóstico de cómo están las cosas”, dice la analista.

Y de ahí construir dos agendas: una para los territorios rurales, los golpeados por el conflicto y que siguen a merced de los grupos armados, que iría en la senda de “tratar de ver qué tanto del acuerdo con las FARC se puede recuperar”, y otra para las ciudades donde los problemas son más la delincuencia urbana, el desempleo juvenil o el alto coste de la educación.