Incógnitas de revivir el indulto al expresidente Fujimori

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) peruano de restituir el indulto al expresidente Alberto Fujimori no solo ha reabierto una herida en la sociedad, sino que ha generado numerosas preguntas en el país, que ahora se cuestiona si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) podrá revertir la medida y qué pasará con otros procesos abiertos al exmandatario.

Desde que irrumpió en política en 1990, Fujimori mantiene al Perú fracturado entre quienes ensalzan su figura, al considerar que salvó al país del terrorismo y el colapso económico, y quienes remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a los derechos humanos y abusó de las instituciones democráticas para conservar su poder.

Esa polarización se recrudeció esta semana luego de que el TC aceptara el hábeas corpus que solicitaba anular el fallo judicial que revocó el indulto humanitario concedido, con presuntos aires políticos, a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Con este último revés judicial, que encendió las alarmas de organismos globales, el exgobernante alcanzará la libertad tras haber cumplido 15 de los 25 años de condena que se le impuso por el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), cometidas por el grupo militar encubierto Colina.

No se sabe, aunque los abogados cercanos al caso estiman que Fujimori podría salir la semana que viene de Barbadillo, el penal ubicado en barrio limeño de Ate y construido expresamente para él, con una celda de tres ambientes donde recibe numerosas visitas semanalmente y cuenta con asistencia médica durante todo el día.

Primero, los magistrados del TC deben redactar la sentencia y firmarla. Hasta que esto no suceda, ninguna de las otras maquinarias administrativas se pondrán en marcha, aseguró a Efe la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador.

"No hay un plazo para esto, pero considerando que está en sus propias manos y que ha sido una decisión política creo que no lo van a demorar mucho", estimó la abogada.

En cambio, el abogado del Fujimori, Cesar Nakazaki, fue más optimista y calculó que la excarcelación podría darse entre el lunes y el martes próximo.

El letrado detalló que el alto tribunal debe primero oficializar su resolución al juez de ejecución penal supremo, quien debe acatar la decisión y dar luego la orden de libertad al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Para las organizaciones que defienden a los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, el camino más "directo y seguro" para evitar la impunidad de Fujimori lleva por nombre CorteIDH, que en 2018 ya exigió a la Justicia peruana revisar el perdón presidencial otorgado por Kuczynski.

Incluso antes de conocer la decisión del TC, las entidades solicitaron un paquete de medidas provisionales a este órgano judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Esperamos que la corte emita las medidas o que nos conceda la audiencia que hemos solicitado para que el Estado peruano responda", declaró a Efe la responsable legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, quien agregó que este organismo "tiene sus tiempos", pero al tratarse de medidas "urgentes" pueden dictarlas en el plazo más corto posible.

También el Gobierno del presidente Pedro Castillo dijo el jueves a través del viceministro de Justicia, Juan Carrasco, que recurrirá a la CorteIDH para revertir la resolución.

Pero para Dador, este anuncio es "bien raro" porque, de acudir a esta instancia, el Gobierno tendría que denunciarse a sí mismo, ya que el ente responsable en la corte es el Estado peruano.

Sí, pero son más enrevesadas. Por un lado, uno de los jueces podría resistirse a cumplir el fallo, haciendo un control convencional de sí mismo y aplicando un pacto internacional, pero esta "no suele ser una práctica común" en Perú, dijo la secretaria de la CNDDHH.

Por otro lado, Castillo podría derogarlo, tal y como solicitaron algunos partidos antifujimoristas, como el liberal Partido Morado y el oficialista Perú Libre, bajo el pretexto de que el indulto se otorga a través de una resolución suprema, que se emite desde la cabeza del Ejecutivo.

Sin embargo, esta medida sería jurídicamente discutible y "no muy limpia", sobre todo teniendo en cuenta la polarización que genera este caso, advirtió Dador.

La decisión del TC deja sin efecto la ejecución de la condena que se impuso a Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, pero no lo exime de haber sido declarado culpable y, en principio, tampoco de rendir cuentas por otros dos procesos que tiene abiertos.

Estos son el célebre caso de las esterilizaciones forzadas, que está pendiente de la ampliación de extradición de Chile, y el caso Pativilca, en el que ya se rechazó la aplicación de la gracia presidencial.

"Jurídicamente, el indulto no impide que el resto de casos sigan su curso natural, pero en la práctica si se lo pone en libertad sin ninguna restricción al día siguiente puede tomar un avión y salir" del país, alertó Dador.