Paraísos fiscales y la postura de Panamá, un debate abierto

Los criterios que utilizan los bloques económicos y jurisdicciones, para crear listas de paraísos fiscales se centran en una publicación de 1998 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con base en la definición de la OCDE—un grupo de de carácter intergubernamental de 37 países— estos territorios se caracterizan por tener una tributación baja o nula, poco intercambio de información con los organismos correspondientes, escasa transparencia y falta actividad económica.

Estas naciones con entidades 'offshore' ofrecen una serie de garantías de confidencialidad a empresas y ciudadanos de otros países cuyos países de origen tienen regulaciones e impuestos más altos o severos, por lo que difieren con los estándares de las organizaciones y bloques económicos, ya que pueden ser utilizados, para evadir impuestos, promover el lavado de dinero y financiar el terrorismo, con lo que surgieron las "listas negras", mismas que son revisadas con cierta periodicidad, para verificar el nivel de cumplimiento y compromisos de los países allí exhibidos.

En noviembre de 2020, Tax Justice Network —una coalición independiente de investigadores y activistas preocupados por los efectos dañinos de la evasión de impuestos, la competencia fiscal y los paraísos fiscales— publicó el informe "El Estado de la Justicia Fiscal 2020", que trata del tema fiscal en tiempos de la covid-19, revelando que en el mundo se evade $427 mil millones, producto del abuso fiscal corporativo, es decir de las multinacionales.

Según el reporte, de estos $427 mil millones, unos $245 mil millones -el 57%- son dineros que las multinacionales trasladan a paraísos fiscales para no informar en su país de origen sobre la cantidad de beneficios que realmente han obtenido y, por consiguiente "pagan menos impuestos de los que deberían", destaca el escrito. 

Estas transferencias de beneficios al extranjero "acentúa las desigualdades entre países, situando a los países más pequeños y de ingresos más bajos en una desventaja sistemática", subraya Para Tax Justice Network.

En febrero de 2020, previo a la pandemia, la Unión Europea incluyó a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales —de la que había salido en enero de 2018— por según estos no cumplir con las normas del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal.

Mientras surge la duda de cuánto deben pagar los ciudadanos de los paraísos fiscales en ITMBS o IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) y a dónde los ciudadanos de otros países deben declarar los tributos de su trabajo o ganancias ¿En el país de procedencia o dónde se invierte o se desarrolla el negocio? Para aclarar este punto, La Estrella de Panamá consultó a expertos en el tema, sobre ¿Cuándo se considera que un país es un paraíso fiscal? y si Panamá, bajo la definición es o no un paraíso fiscal y qué hacer ante esa realidad al aparecer en las listas negras, grises, pero igual restrictivas, lo que afecta la imagen.

Para Julio Aguirre, asesor financiero, el tema de paraíso fiscal lo adjudican al régimen tributario de aquellos países donde a los no residentes hay distinción en la aplicación de los impuestos o no cobro de impuestos. En la práctica, sería decir que están exentos. En el caso de Panamá, el país "está bajo esa apreciación internacional por los principios de territorialidad que aplica".

Aclaró que no hay ventajas al estar en estas listas negativas, debido a que "provoca que los costos se incrementen de quienes quieren hacer negocios en o desde Panamá". Por lo tanto, aclaró, "las presiones de los últimos años son cada vez más fuertes".

Según Aguirre, las opciones de no ser considerado paraíso fiscal estaría resuelto si (el país) aplica las obligación de estados financieros con contadores de Panamá de las empresas ‘offshore’.

Por su parte, Adolfo Linares, el abogado y experto en el tema es de la opinión que "según el derecho internacional todo país es soberano de diseñar su fiscalidad de acuerdo a su imagen y semejanza; acorde a sus propios intereses". Además, dijo, que "el término 'paraíso fiscal' no existe en el derecho internacional, puesto que es un término con ribetes peyorativos utilizado por la OCDE, para definir a aquellos países que, según ellos, no le cobran suficientes impuestos a sus residentes individuales y corporativos".

Linares considera que "los países OCDE, son los infiernos fiscales que buscan impulsar los impuestos altos a nivel mundial para poder ellos mantener sus 'estados de bienestar' sostenido por impuestos confiscatorios. A dónde prefiere usted vivir, en un paraíso o en un infierno, cuestionó el experto.

A diferencia de Aguirre, Linares es de la postura que "Panamá no le debe importar que lo consideren paraíso fiscal. Lo que le debe importar es que nos discriminen y nos chantajeen a punta de listas negras".

"Panamá debe defender su derecho a actuar como un país soberano e independiente; sin intromisiones de potencias extranjeras. Mientras sigamos bajándonos los pantalones, más nos seguirán humillando" aseguró el abogado y agrega "Panamá va estar en todas las listas y seguirá estando, mientras no se atreva a caminar con pantalones largos".

En tanto, el economista Víctor Cruz, recordó que en la década de los años 70, el Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá inició un proceso irreversible de actividades, que según este sostienen el crecimiento económico del país. Sin embargo, estas mismas actividades son contradictorias para otros. El crecimiento y fortaleza del sistema local es vigilado desde afuera y, por ello, ha llevado al país a realizar ajustes a partir de los diversos acuerdos entre ellos los de Basilea (I, II, III y IV), en los cuales parte de las acciones sugeridas están las mejoras prácticas de los sistemas de antilavado de activos y acciones en contra del financiamiento del terrorismo.

El economista enumeró otra serie de ajustes que se han dado con el pasar de los años, así como el surgimientos de otras normativas, entre las que destacó la Ley 23 de 2015, la cual puntualiza las acciones a ejercer por Panamá para enfrentar mejor, "jurídicamente", el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras directrices, pues se adoptan medidas puntuales para tipificar el mismo, tal como se refleja en los ajustes realizados al Código Penal en los artículos 254 al 259.

Cruz recordó que con el pasar de los años, las diversas administraciones gubernamentales han suscrito diversos acuerdos y convenios de intercambio de información, de debida diligencia, así como es evaluado in-situ por brazos regionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que sus 40 recomendaciones, constituyen un esquema internacional de medidas que los países deben implementar y adaptar a sus circunstancias particulares para combatir los delitos, y las que son seguida de cerca por una batería de entidades fiscalizadoras, como la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), entre otras.

"Lo que busca la OCDE es que Panamá se convierta en un policía de sus ciudadanos, para que estos les reporten y no sea el istmo, donde operan las que reciban los mismos, ya que esa cargas de IVA podrían ser mucho menores a los que regulan en sus países de origen", señaló el economista.

El tema también fue abordado por el abogado, Carlos Barsallo, quien es de la opinión que el establecimiento de listas de colores, ya sean blancas, grises o negras, "iniciaron como un mecanismo de nombrar y avergonzar (name & shame) para lograr, vía presión, cambios, y ha pasado a ser un importante mecanismo de evaluación de riesgo seguido por la comunidad financiera internacional y los reguladores".

Según Barsallo el problema radica en que hoy la OCDE evalúa los resultados identificados en su documento de 1998. El abogado citó una entrevista que le hizo en 2016, la revista Portada. Según la publicación, el istmo aparecía en la séptima posición, con un aumento del 0.5%, de los países que más depósitos había atraído. "Cuando se compara el crecimiento de depósitos y la actividad de firma de tratados, Panamá aparece en primer lugar con un 80% de crecimiento en depósitos", indicó el abogado.

Aclaró que además de la OCDE y la supervisión de GAFI, el país es analizado de cerca por el Financial Crime Enforcement Network (Fincen) de Estados Unidos, el cual reacciona a lo que señale el GAFI. "Así Panamá ha experimentado consecuencias concretas en el tema de los servicios de corresponsalía para los bancos y otras entidades financieras... producto del ingreso del país a la lista gris del GAFI en 2014", puntualizó.

En este último punto desde 2016, Panamá inició la recuperación de las corresponsalías bancarias tras su ingreso en la lista discriminatoria. En ese primer año, la banca local recuperó 33 relaciones de servicios de pago, línea de crédito y garantía, que le brinda la banca internacional, y para finales de 2018, ya contaba con 93 corresponsalías de las 74 perdidas en julio de 2014, con lo que ganó nuevas.