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Durante 2024, Panamá dio muestras de superación y atendió con estrategia la crisis hídrica del Canal, las calificadoras de riesgo, implementó medidas de salvaguarda agrícolas por el TPC, apelará el fallo de la OMC a favor de Costa Rica y consiguió adherirse al Mercosur, para ampliar su mercado a 271 millones de habitantes
La caída en el calado y tránsitos por el Canal, las secuelas en las cifras de exportación por el cese de la mina de cobre (en 2023), la posible pérdida del grado de inversión y la adhesión al Mercosur, fueron algunos de los desafíos económicos, financieros y comerciales que enfrentó Panamá este 2024.
El país experimentó un año electoral con cambio de autoridades y las nuevas adoptaron varias medidas de salvaguarda, el fallo de la Organización Mundial del Comercio en contra de Panamá y atendieron los daños por las inundaciones de noviembre.
La Estrella de Panamá presenta un resumen de las informaciones económicas más importantes del año. Tomando como referencia que el producto interno bruto (PIB) del país al primer semestre de 2024 creció 2,2 %, un aumento de $814,3 millones en comparación con igual periodo de 2023. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que el crecimiento será de 2,5 %, cifra que coincide con el Fondo Monetario Internacional, a diferencia del Banco Mundial que la ajustó a 2,4 % y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 18 de diciembre pasado volvió a ajustar la proyección a la baja de 3 % a 2,6 %.
Los primeros desafíos que enfrentó el país este 2024 venían de arrastre del año anterior y se trata de la crisis hídrica que se originó con la entrada tardía de lluvias y el bajo nivel de los lagos artificiales que sirven al Canal de Panamá, que provocaron una histórica restricción de calado y disminución gradual de tránsitos diarios de buques.
Sin afectaciones climáticas, por la vía cruzan a diario unas 36 naves, pero la sequía llevó a ajustar el paso de 32 a 26 buques diarios, pero manteniendo un calado competitivo en el año fiscal 2023-2024; sin embargo, de extenderse la sequía en febrero el tránsito bajaría a 18 naves, pero no ocurrió.
La situación se restableció en agosto pasado cuando el tránsito se reanudó con el cruce de 35 busques diarios hasta los 36 ordinarios. Los desafíos climáticos impactaron las finanzas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que, al cierre del 30 de septiembre, logró ingresos totales por $4.986 millones, la cifra es apenas un 1 % o $18 millones más al año fiscal previo.
Además, la ACP entregó en aportes directos de 2024 al Tesoro Nacional $2.470 millones y para 2025 prevé subir un 12,91 % llegando a los $2,789 millones, el monto más alto de la historia de vía que conecta el océano Atlántico con el Pacífico desde 1914 y su ampliación para neopanamax desde 2016.
Cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial revelan que entre 2019-2023, el valor FOB (del inglés Free On Board) de las exportaciones de concentrado de cobre panameño totalizó $10.063,0 millones, siendo los principales destinos China (Continental), Japón, Corea del Sur, España, Alemania, India, Bulgaria. Canadá, Filipinas y Bélgica por mencionar algunos.
Al combinar la exportación del oro rojo —como también se le conoce al cobre— con industria, agrícola, pesca y agroindustria, la cifra alcanza el total de $14.641,4 millones, donde el cobre acapara 68,73 % del total y el 31,27 % restante representa la exportaciones de bienes tradicionales.
Tras el cese de la mina en 2023, el valor FOB de las exportaciones panameñas a octubre de 2024 de industria, agrícola, pesca y agroindustria ascendió a $810,3 millones, lo que refleja una disminución comercial de 94,46 % al compararlo con la exportación de concentrado de cobre.
Mientras tanto, las exportaciones agrícolas y pesca dominan la actividad al décimo mes de 2024, con un alza de 4,3 % respecto a 2023, cuando se situó en $776,7 millones, ya que el valor FOB de $810,3 millones hasta octubre, es el más alto desde 2010.
El 28 de marzo de 2024, 38 días previos a las elecciones generales del 5 de mayo, la calificadora de deuda soberana Fitch Ratings rebajó la calificación de riesgo emisor a largo plazo de Panamá a ‘BB+’ desde ‘BBB-’, perdiendo el país el grado de inversión luego de 14 años. En 2010 ese sitial en Latinoamérica no lo ostentaban Brasil, México y Chile.
Luego de la calificación de Fitch Ratings, algunos economistas de la plaza coincidieron en que el país no había perdido el grado de inversión, ya que era solo una sola empresa y que se requería de dos más, es decir, S&P Global Ratings y Moody’s.
El 26 de noviembre, Panamá conoció la calificación de S&P Global Ratings, un resultado esperado por el nuevo gobierno central del presidente José Raúl Mulino y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, donde bajó la calificación soberana de largo plazo de Panamá a ‘BBB-’ de ‘BBB’, con perspectiva ‘estable’, pero le mantuvo el grado de inversión. La calificadora destacó en su informe que Panamá debe llevar acciones que fortalezcan la recaudación fiscal.
Tres días después, el 29 de noviembre, Moody’s Ratings cambió la perspectiva de Panamá de ‘estable’ a ‘negativa’ y afirmó que las calificaciones de emisor y de deuda sénior no garantizada a largo plazo en ‘Baa3’, y las calificaciones de deuda sénior no garantizada a largo plazo en ‘Baa3’, sin quitarle el grado de inversión tampoco. Por lo anterior, el país aún mantiene el sitial, pero debe hacer ajustes antes de las revisiones del próximo año.
En su reporte, Moody’s advirtió que para el 2025 y años subsiguientes Panamá tendrá que ajustar las leyes especiales que incrementan el gasto público y limitan el esfuerzo hacia la consolidación fiscal.
Ante la mirada de las calificadoras, Chapman, ha reafirmado el compromiso del gobierno con la disciplina financiera, haciendo hincapié en que el deterioro fiscal al que hacen alusión ambas calificadoras afecta a todos, de ahí la importancia de tener marcos regulatorios responsables que aseguren la estabilidad económica y el bienestar de la población.
Hasta noviembre, el Ministerio de Comercio e Industria activó la salvaguardia especial agrícola (SEA) de 52 fracciones arancelarias del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos.
El MICI viene emitiendo resoluciones de SEA al TPC desde 2018, donde a la fecha incluye 74 resoluciones y en las que ordena aplicar, investigar o modificar la medida transitoria de ciertos productos durante un año; se trata de un derecho de importación adicional sobre mercancías agrícolas originarias, enlistadas en el artículo 3.17 del TPC.
El proceso implica una revisión de los volúmenes de importación para una amplia gama de productos que incluyen desde carne de bovino, cerdo y pollo, hasta quesos como cheddar y mozzarella, leche fluida, aceites vegetales, mantequilla, tomate procesado, yogur, leche en polvo, helados, arroz con cáscara y arroz pilado, entre otros.
En los cuatro primeros días de noviembre en Panamá se presentó un récord acumulado de lluvias, con 850 milímetros de agua, lo que debió caer en todo el onceavo mes de 2024, que afectó miles de hectáreas en proceso de producción.
Un informe del Ministerio de Desarrollo Agropecuario indica que entre las explotaciones más impactadas estuvo el arroz, con 523,55 hectáreas (ha) con pérdida total, en lugar de las 1.218,22 ha reportadas en las provincias de Veraguas, Los Santos, Coclé y Chiriquí.
En el caso de la sandía, las lluvias afectaron 27 ha, de las cuales 23.51 ha tuvieron pérdida total.
En cuanto al maíz, aunque las precipitaciones no superaron las 24 ha en pérdidas, la planta sufrió el embate del mal tiempo en la provincia de Herrera, donde también se perjudicaron cultivos de zapallo y poroto, entre otros.
Las hectáreas de otros productos como café y plátano también estuvieron afectadas. Café tuvo 446,80 ha y plátano, con 626,16 ha, las pérdidas no sobrepasaron las ocho hectáreas en cada uno de los cultivos señalados.
Las provincias que presentaron mayores pérdidas fueron: Veraguas, con 189 ha; Los Santos, con 176 ha y Coclé con 89 ha en diversos cultivos; sin embargo, el arroz fue el producto que más resintió el impacto de las lluvias de los primeros días de noviembre.
En la provincia de Chiriquí, los productores también registraron pérdidas, con unas 57 hectáreas y Herrera, con 43 hectáreas. En ambas provincias los cultivos en producción con mayor daño por el exceso de agua están: arroz, maíz, café, plátano y frijol, zapallo, poroto, cebolla, lechuga y ají, entre otros.
En el área comercial, el 5 de diciembre, el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) falló a favor de Costa Rica y no de Panamá.
El presidente Mulino afirmó que respetando el derecho internacional, Panamá apelará al fallo de OMC. Sin embargo, el Órgano de Apelación desde 2019 tiene un bloqueo impuesto por Estados Unidos, que impide que designen a sus nuevos integrantes, por lo que no puede tratar apelaciones, sino consultas, grupos especiales y otros medios previstos en los acuerdos de la OMC, como los arbitrajes o los buenos oficios del director general.
La diferencia entre ambos países data del año 2020, cuando Panamá impidió el ingreso de algunos productos costarricenses porque se les venció una extensión del permiso de importación otorgado en 2014.
El 6 de diciembre, durante la 65° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, Panamá formalizó su adhesión al Mercado Común del Sur (Mercosur) como Estado asociado, abriendo oportunidades comerciales y económicas para ambas partes.
Panamá es el primer país fuera de la región de Sudamérica en adquirir la condición de Estado asociado del Mercosur, integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, que juntos representan la quinta economía más grande del mundo con un mercado de 271 millones de habitantes.
En ese bloque comercial-económico también participan en la figura de Estados asociados Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam.
Para 2025, la economía panameña se prepara para atender temas como la reforma a la Ley 51 de 2007 sobre la Caja de Seguro Social, la discusión del futuro de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón, la revisión de las calificadoras de riesgos, así como el cumplimiento de las recomendaciones de el Grupo de Acción Financiera, la Unión Europea y demás organismos que señalan a Panamá.