Aprueban en tercer debate aumento del déficit fiscal a 4 % para 2025

Con 47 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó este lunes, 28 de octubre, la reforma la Ley 34 de 2008, sobre Responsabilidad Social Fiscal, subiendo el límite para 2025 de 2 % a 4 %.

Creada hace 16 años, la norma establece límites máximos por año de déficit fiscal permitidos al Sector Público No Financiero (SPNF), con el objetivo de reducir el crecimiento de la deuda pública y lograr su sostenibilidad a largo plazo, permitiendo un manejo ordenado de las finanzas públicas.

Según el proyecto de ley 138, aprobado por el pleno, para el año 2025, la actual administración tiene un tope o límite de endeudamiento de hasta 4 % del déficit del Balance Fiscal del SPNF.

La reforma del tope que disminuye gradualmente hasta el año 2030, queda así: En 2026, el topa es 3,5 %; para el 2027, será hasta 3,0 %; para el año 2028, un 2,5 %; para el 2029, un 2,0 % y para el año 2030, en adelante, el tope de endeudamiento es de hasta 1.5 %.

El objetivo, según precisaron las autoridades del MEF, es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas al tiempo que reduce las presiones sobre la deuda, sin comprometer las funciones esenciales del Estado.

Eida Gabriela Saiz, viceministra de Economía y Fausto Fernández, viceministro de Finanzas, presentes en el tercer debate, detallaron que la actual administración mantiene su compromiso con el manejo fiscal ordenado ante los panameños y los mercados.

Agregaron, que, sin la modificación aprobada, la ley habría sido incumplida, debido a que el déficit a junio del 2024, se reflejaba en un 4 % del producto interno bruto (PIB) nominal cuando estaba establecido para 2 %.

Además, también se aprobó en tercer debate la Ley 38 de 2012, sobre el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).

Apunta a una estrategia monetaria del uso eficiente de los dineros estatales para llegar al déficit financiero permitido y del manejo administrativo del Fondo de Ahorro de Panamá.

Previamente, las autoridades del MEF han manifestado la importancia de estás modificaciones, ya que las mismas alineadas con las mejores prácticas internacionales de transparencia, debido a que aportan mayor certidumbre y rigor en la gestión de los recursos públicos, así como precisión y confiabilidad en la ejecución de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).