Proponen un tope fiscal anual hasta 2030 que abarque el 1,5% del PIB

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) pasó a segundo debate el proyecto de ley 138, que modifica y añade artículos a la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), que presentó la semana pasada el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Al iniciar la jornada, el ministro encargado, Fausto Fernández, explicó a los diputados que al producirse un déficit del balance fiscal del sector público no financiero, este deberá seguir una trayectoria decreciente a partir de los resultados de 2024, con el objetivo de alcanzar una convergencia hacia la meta 1,5% del producto interno bruto (PIB) nominal, a partir del 2030.

El desglose comenzaría con el año límite máximo de 2025 (4,0%), seguido de 2026 (3,5%), 2027 (3,0%), 2028 (2,5%), 2029 (2,0%) y 2030 en adelante (1,5%).

Fernández adelantó la modificación a la LRSF tras los cuestionamientos del diputado independiente, Jorge Bloise, quien expresó su preocupación respecto al proyecto de ley 138, al considerar que dejaría abierto los topes en los porcentajes del déficit, que según el MEF plantea que el mismo siga una trayectoria decreciente, con el objetivo de alcanzar una convergencia hacia la meta del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) Nominal a partir del año 2027, y establece como meta reducir el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública de manera responsable a un nivel igual o menor al 50% del PIB nominal, en un plazo de 10 años, a partir de 2026.

Sin embargo, Fernández dijo que “la sugerencia era tener un promedio móvil que fuera menor que el año anterior, cosa que nos diera un poco más de juego para poder ajustarnos año contra año sin tener que estar demasiado amarrado”.

Fernández resaltó que la intención de esta ley es modernizar los tiempos actuales, para así tener la capacidad de realizar, en los próximos dos o tres años, la reingeniería financiera necesaria para obtener la prudencia y responsabilidad de poder administrar los recursos del Estado de forma más eficiente.

Para economistas consultados, lo planteado dentro de la LRSF es una muestra de la necesidad para que el MEF se centre en buscar nuevas formas de ingresos, más allá de solo establecer topes de gastos.

El economista Víctor Cruz criticó que “lo cierto es que todos los topes que por año debe haber en cuanto al déficit fiscal, están apoyados en supuestos o estimaciones y que no necesariamente suelen cumplirse”.

Mencionó que es lógico que el ministro Chapman presente modificaciones a dicha ley, primero porque es requisito legal para sustentar un nuevo presupuesto y, segundo, debido a la debilidad de los ingresos del gobierno y la necesidad de cubrir las brechas con financiamiento externo, mucho más oneroso debido a la pérdida del grado de inversión.

Hablar de responsabilidad social fiscal no es solamente establecer topes de endeudamiento o de gastos, sino buscar nuevas fórmulas de ingresos, ponderó Raúl Betancourt, del Colegio de Economistas de Panamá.

Si bien es cierto, Betancourt se siente “optimista” en que el país pueda incrementar sus inversiones, su tasa de crecimiento y la confianza a nivel internacional, aclaró que todo eso debe redundar en beneficio para la responsabilidad fiscal con los topes de endeudamiento.

“La idea es comenzar, que ese tope de LSRF del 4% comience a disminuir año tras año, siempre y cuando el MEF entienda que tiene que apalancar nuevos ingresos para el país”, subrayó el representante del Colegio de Economistas de Panamá.

Chapman, en reiteradas ocasiones ha defendido que las modificaciones a la LRSF “es una visión a largo plazo y enfocada en la estructura fiscal del país. No solo en fijar unos topes, sino en cómo alcanzar eso con elementos que permitan un espacio de maniobra a situaciones adversas, como la pandemia, inundaciones o traumas de desaceleración del crecimiento económico”.

Por ejemplo, mencionó que la reforma a la LRSF se concentra en el déficit estructural, es decir, lo que puede responsablemente manejar el país.

También, dijo, contempla elementos como el comportamiento del PIB, en temas como una desaceleración importante del crecimiento económico y efectos adversos que no se pueden contemplar, como una pandemia o una crisis financiera global con un detenimiento súbito del flujo de capital, como la de 2008 que llevó a una caída del crecimiento económico del país de 10% a 1 %.

Cruz indicó que desde que se creó la LRSF, los gobiernos han realizado ajustes a la misma acordes a sus proyecciones particulares, y el ajuste que hoy hace el Gobierno Nacional, como elemento de estabilización presupuestaria, no escapa a ello.

Pero hoy, agregó, existe una gran diferencia y es que el Gobierno, en la figura del ministro de Economía y Finanzas, reconoce que el problema de la deuda externa frena las perspectivas de un crecimiento económico más alto, debido a que nuestros ingresos se quedan cortos ante lo que aspiran las entidades gubernamentales en sus presupuestos particulares.

“El Presupuesto General del Estado se supone debe ser la herramienta de planificación que un Gobierno use para llevar adelante su gestión. Sin embargo, pareciera que el accionar gubernamental se queda en el plan de gobierno mostrado en las elecciones pasadas”, expresó el economista.

Betancourt es más de la opinión que la LRSF es una necesidad para poder ordenar las pocas finanzas públicas, porque todo ronda entre los ingresos y los gastos, sin embargo, sobre los ingresos, el MEF hace pocos aportes.

“La ley establece topes de endeudamiento, pero para que esos endeudamientos realmente cobren fuerza, el MEF tiene que actuar de forma diferente y tiene que ser más transparente y promover más inversiones como, por ejemplo, con las concesiones”, puntualizó el representante del Colegio de Economistas.