Abogados están dejando de ofrecer el servicio de agente residente en Panamá

La legislación panameña requiere que todas las sociedades y otras entidades ficticias, como fundaciones de interés privado y fideicomisos, tengan un agente residente con domicilio en la República de Panamá. Pero desde la llegada de las nuevas regulaciones en materia de agente residente y los controles impuestos por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), “muchos profesionales de la abogacía han encontrado una fórmula para desvincularse de esa supervisión, renunciando a su condición de agente residente”, dijo a 'La Decana' el abogado y presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.

Explicó que quienes han ido renunciando lo hacen porque no les resulta competitivo dedicar el tiempo que implica completar todas las exigencias de la Superintendencia de Sujetos No Financieros y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) frente lo que se cobran como honorarios por ofrecer el servicio.

“La actividad ha perdido interés en algunos abogados por las responsabilidades que se adjudican en la actualidad para ser agente residente”, apuntó Araúz, resaltando que el servicio de agente residente es una de las actividades que se contemplan en la ley de la abogacía como “actividades exclusivas de los abogados” .

La abogada Edna Ramos, por su parte, coincidió con Araúz en que los abogados están renunciado a ofrecer estos servicios no solo por las exigencias del Grupo de Acción Financiera (Gafi), sino también por las regulaciones restrictivas que ha establecido Panamá sobre ese particular servicio de agente residente, lo cual “afecta la profesión de abogados”.

Ramos dijo que “lo que va a suceder aquí es lo que querían desde un principio, que se centralizara este servicio en la menor cantidad de firmas posibles, porque en este momento se hace difícil, sino imposible, que la SSNF, más reciente, la menos robusta, sea precisamente a la que le corresponda verificar el cumplimiento de las regulaciones, en no menos de 60 mil personas jurídicas y naturales, entiéndase que son 30 mil abogados, 20 mil contadores públicos, además de las casas de cambio, casinos, corredores de bienes raíces, promotores inmobiliarios”.

Al preguntarle a Araúz sobre quién se quedaría con el negocio si los abogados que ofrecen el servicio de agente residente renuncian, y si serían las grandes firmas de abogados, respondió que “no necesariamente”. “Un abogado que desee cumplir y estar sometido a los controles. Hay sociedades que son actividades familiares muy pequeñas y ese perfil de cliente busca un abogado individual de su confianza”, sostuvo Araúz,

Insistió en que el hecho de que “yo no ofrezca el servicio, no quiere decir que otro no lo vaya a ofrecer; lo que la sociedad siempre va a tener es un agente residente registrado”. Destacó que el servicio de agente residente seguirá siendo llevada por los abogados que se comprometan a cumplir las reglas, más que con el Gafi, las internas que han sido aprobadas a la luz de la nueva integración del mundo.

Según Araúz, simplemente lo que se ha determinado es que, al menos desde el Colegio de Abogados, estén empeñados en capacitar a los abogados para que todos puedan estar en la misma posibilidad, es decir, evaluar el riesgo que al final del día motiva a alguien a renunciar en su condición de agente residente. “Si yo puedo medir y sustentar que mi cartera de clientes en materia de agente residente no son un riesgo, voy a seguir brindando el servicio de forma habitual, teniendo mis ingresos de forma cotidiana”, dijo Araúz.

Agregó que ahora lo que hay que tener es una evaluación del riesgo que implica tener un cliente determinado y eso va de la mano con la comunicación, es decir, mucha información de la que hay que aportar y corresponde al propio cliente suministrarla. Recordó que hubo una época en la que no se mantenían esos registros y en la época actual en la que se mantienen de forma obligada, a otros les ha resultado también difícil documentar esos perfiles de clientes de a lo mejor muchos años atrás; y por eso como solución más eficiente han encontrado la vía de renunciar a su condición de agente residente.

“El Estado hoy, a través del Registro Público, a la sociedad que no tiene agente residente, simplemente la decreta suspendida y paraliza sus actividades hasta que designe un agente residente que pueda vincularse a toda la información que debe ser completada”, acotó Araúz.

El abogado Adolfo Linares, por su lado, argumentó que “las intenciones finales es que los abogados de Panamá no ofrezcamos servicios legales de exportación, cosa que sí hacen los abogados y profesionales de EE.UU. y de Europa, cuyos centros financieros, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el Gafi, no los molesta como acá”. “Mientras tengamos una política exterior pusilánime y entreguista, nunca saldremos de las listas”, expresó Linares.

El 18 de agosto, la SSNF anunció que Panamá actualizó los lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan las actividades sujetas a supervisión, mediante el Acuerdo No. JD-02-2022 del 28 de julio 2022 que reemplaza el acuerdo No. JD-01 de 25 de junio de 2022, con la finalidad de elevar el nivel de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo, fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales y la competitividad del país.