Panamá comienza a cumplir condiciones del BM para concretar préstamo

Panamá dio el primer paso para poder acceder a más financiamientos millonarios por parte del Banco Mundial (BM), tras emitir una resolución ministerial que establece los pasos, procedimientos y responsabilidades necesarias para asegurar la generación de estados financiaros consolidados.

Se trata de la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) número 2020-2189 del 30 de octubre de 2020 ya publicada en Gaceta Oficial y que es una de las condiciones que el BM fijó a Panamá para acceder a un financiamiento de apoyo presupuestario que el país negocia en estos momentos con la entidad financiera internacional.

En la resolución se señala que para esta negociación Panamá tiene que cumplir con “una matriz de política” mediante la cual se compromete a la implementación de 10 acciones prioritarias relacionadas con diferentes políticas públicas en los años 2020 y 2021 como condiciones necesarias para el desembolso de los fondos del financiamiento.

Se detalla en esta resolución que como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia de covid-19, la situación fiscal del país ha cambiado requiriendo la recolocación de los recursos presupuestarios para hacerle frente a los gastos para la contención y erradicación de dicho virus y el incremento de la asistencia social, a través de la implementación de diferentes políticas públicas.

Con esta resolución Panamá resuelve implementar el plan institucional por el cual se establecen procedimientos y responsabilidades necesarias para asegurar la generación de estados financieros consolidados del gobierno central.

Dicho plan consiste en cuatro proyectos: La implementación de Contabilidad del Tesoro Nacional, el Plan de revisión y carga de información de ingresos del gobierno central, la corrección a las cargas masivas de extractos bancarios a partir del año 2015 y el Plan de revisión y depuración de cuentas contables para el EEFF.

Paralelo a la ejecución de estos proyectos, y una vez culminados los mismos, se debe dar la coordinación con la Contraloría General de la República para la revisión y actualización del marco normativo relacionado con el proceso y aplicación de métricas de eliminación de cuentas entre entidades relacionadas para la consolidación de estados financieros.

El proyecto 1 tiene como objetivo implementar la contabilidad del Tesoro Nacional dentro del sistema ISTMO para que funcione como una sociedad separada de la sociedad P000 (Gobierno Central), el cual estará bajo la responsabilidad de la Dirección General de Tesorería.

En el proyecto 2, que estará a cargo de la Dirección General de Ingresos, se deberán crear las parametrizaciones de ingreso en el sistema ISTMO para las entidades del Gobierno Central, ministerios y sus dependencias para el registro de ingresos de aquellas instituciones que gestionan ingresos y las depositan en fondos institucionales.

El proyecto 3 tiene como objetivo corregir y actualizar la carga de datos de los extractos bancarios balanceados y poder emitir los estados financieros. Este estará bajo la responsabilidad de la Dirección General de Tesorería.

Una de las medidas que de berá aplicar esta dirección será la de solicitar a las entidades del Estado los estados de cuentas bancarios de todas las cuentas abiertas en el sistema de los años 2015 a 2017.

El proyecto 4 tiene como fin lograr que las entidades del Gobierno Central y sus dependencias que ya utilizan ISTMO, puedan generar y mostrar saldos razonables en sus estados financieros, y el mismo estará bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Contabilidad.

Para ejecutar el proyecto 4, esta dirección en estrecha coordinación con las entidades, deberá realizar la depuración de cuentas de carga inicial 993 y 994 del Gobierno Central y sus dependencias, caja menuda sin reembolsar, adecuación de fondos de cuentas institucionales, saldos contra su naturaleza, falta de registro de amortización de activos fijos, falta de culminación del proceso logístico de compras, depuración de cuentas de anticipo y pagos efectuados fuera del sistema.

El plan tendrá una duración de dos años, contados a partir de la fecha en que empieza a regir esta resolución.