Las secuelas de la pandemia y el riesgo de una desestabilización social

Existen una serie de factores que en los próximos meses, podrían desencadenar en el país en un desequilibrio social, conflictos, y de seguridad, como el incremento delincuencial: desempleo; decrecimiento económico; exclusión educativa y deserción escolar, y la percepción de corrupción gubernamental entre la ciudadanía que ha provocado pérdida de confianza y credibilidad en los gobernantes. Lo que los politólogos denominan legitimidad.

Es el diagnóstico de la otra pandemia. Una que se centra en la descomposición de la economía. Una estructura que tomó mucho tiempo construir, pero producto del cataclismo que provocó la pandemia de Covid-19, está caóticamente girando en torno a su estabilización.

Ya lo han repetido los economistas. La firma Indesa proyecta un decrecimiento del Producto Interno Bruto para este año del -13.6%.

Es decir, perdimos patrimonio y corremos el riesgo de que las señales que presenta la recuperación -aunque algunos organismos internacionales apuntan que será del 4% el próximo año-, hay quienes miran estas cifras con lupa.

Uno de los primeros desencadenantes radica en la tasa de desempleo. En 2020, esta cifra pasará de 7.1% (cuando inició el año) a 25%. Es decir, se multiplicará más de tres veces la cantidad de gente sin empleo formal y la población cesante más impactada serán los jóvenes menores de 30 años.

“Esto implica que a corto y mediano plazo, la mayoría de oportunidades laborales para los jóvenes vendrán de emprendimientos y no de empleos asalariados, por lo que la capacidad para adaptarse, emprender y automotivarse serán condiciones indispensables para el éxito en el futuro”, describe el asesor empresarial, René Quevedo.

La lenta evolución en la recuperación de empleos formales recaerá en un aumento desproporcionado de la informalidad. Esto se traduce en menos ingresos para la Caja de Seguro Social y para el gobierno. Indesa estima que el déficit fiscal será de -9.5% este año, con perspectivas de -7.6% para el 2021.

En términos prácticos, tenemos un gobierno que aún no termina de endeudarse, cuyos ingresos están en rojo, y que tiene una fila larga de ciudadanos y empresarios que piensan que el Estado debe resolver su situación económica, darles trabajo o financiar sus negocios.

El tema va a reventar cuando las exigencias de los desempleados no se vean satisfechas en función de un principio que eventualmente todo mundo aceptó como bueno, y es que la empresas que existían en la vieja normalidad, se reactiven en las mismas condiciones. Aún no se tiene un cálculo preciso de cuántas de ellas van a sobrevivir a la crisis. Es casi seguro que un grupo amplio de trabajadores no solo se quede sin empleo, sino que también sin empresa que optarán por no abrir sus puertas ante la falta de liquidez.

En cuanto al sistema educativo, la deserción escolar en Educación Premedia y Media en Panamá era de 63% antes de la pandemia. Los eventos antes descritos la acelerarán y agravarán la creciente proporción de “adolescentes Ninis” en nuestro país. En los últimos 5 años (2014-2019), 23,032 jóvenes entraron a este tramo de edad, de los cuales 10,649 (46%) buscaron trabajo (de éstos, sólo la mitad lo encontró) y ante el incremento de la deserción en Educación Premedia y Media, hay 8,050 menos estudiantes. En consecuencia, el número de Ninis entre los 15 y 19 años (25,872) superó su crecimiento poblacional (23,032) en 5 años, y se están generando 5 Ninis por cada empleo en ese segmento de edad. El COVID-19 agravará esta tendencia.

“Hay mucha gente que va a recurrir a cosas que no debe hacer, espero que no escojan el mal camino, pero es una posibilidad muy grande”, considera Antonio Sanmartín, politólogo.

“A pesar de la duplicación del presupuesto asignado al Ministerio de Seguridad para la vigencia fiscal 2021, que ascenderá $1,445.3 millones, dada la génesis social de este aumento, prevenir la escalada será un enorme desafío”, enfatiza René Quevedo, asesor empresarial.

Al panorama anterior, hay que sumar las diarias manifestaciones en las calles por diferentes motivos: protestas en contra de la corrupción; necesidades básicas, como falta de agua, vivienda; o en reclamo de que el gobierno brinde solución a sus necesidades básicas. Estas demostraciones también se mezclan con aquellas que tienen agendas ocultas, intereses propios que intentan desestabilizar el sistema para aventajarse de la situación.

Además, cuando los sindicatos vean mermada su membresía, también saldrán a las calles en reclamo al gobierno.

Estos ingredientes dan pie a un ilusionismo, los populares Mesías, individuos que prometen un panorama muy poco real, pero que dicen lo que la gente quiere escuchar.

La profundidad de la crisis es multifactorial y abismal, pero además es la ideal para prender la chispa y generar caos. Y los estamentos de seguridad lo saben. Indicaron a este medio que han capacitado a sus unidades en derechos humanos para evitar un fenómeno como el de George Floyd, en Estados Unidos o el del abogados Javier Ordóñez en Bogotá, Colombia, ambos con consecuencias dramáticas conocidas.

“Desde el momento en que la gente comenzó a ver que las reglas eran para el resto y no para los políticos se acentuó la desconfianza en el gobierno. Parecieran cosas sin importancia, reunirse en un restaurante, pero se ve la diferencia en la aplicación de la ley”, añade Sanmartín.

El politólogo cree que a las autoridades les falta tomar el timón. Contar el plan que tiene el gobierno y la hoja de ruta a implementar para estos meses. “¿Desde cuándo no hay una reunión del Presidente con sus ministros para saber lo que sigue? Hasta ahora es cómo va el Covid, pero desde cuándo no nos dicen: este es nuestro plan con fases y resultados y la parte que esperan de los gremios y de la ciudadanía”, se pregunta Sanmartín.

Internacionalmente, la Unión Europea ha dado carta blanca a sus miembros para que se endeuden, pero no es un paso sencillo para un país como el nuestro. Cuidar el nivel del déficit es una decisión de Estado, porque alguien tendrá que pagarlo, por lo general son los ciudadanos con nuevos impuestos.

Algunos economistas advierten que la administración del concepto del nivel de endeudamiento y estabilidad fiscal se puede desplomar y va a obligar al gobierno a salir a buscar más deuda, pero no para financiar el presupuesto, sino ponerlo en la calle.

Para reactivar el país a mayor velocidad será necesario poner dinero en las familias.

En tres meses el gobierno debe tener una estrategia definida al respecto, ya que en diciembre culmina el plazo otorgado de la moratoria bancaria.

La gente se enfrentará al pago de sus compromisos y eso creará tensión en la población y en el sistema. Además, la empresa privada requiere de financiamiento para generar empleo pero no está pudiendo acceder al crédito debido a los requisitos que exige la banca y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para este fin.

Todo el panorama anterior, se analiza contando que el nivel de transmisión de la pandemia no se dispare luego de la liberación de la movilidad y apertura de nuevos bloques económicos, de lo contrario complicará todo nuevamente.

La complicada situación expuesta requiere de un gobierno sólido, sin ambivalencias y de rendición de cuentas. En esta ocasión, a diferencia de las elecciones, el mandatario Laurentino Cortizo, podría no contar con el apoyo del partido, dividido en más de tres corrientes que aspiran a dominar el Comité Ejecutivo Nacional en las elecciones internas del próximo año.

“La capacidad de contener la inminente escalada delictiva dependerá de nuestra habilidad para atacar los factores sociales que la generan”, apunta Quevedo.

Por otro lado, hay esfuerzos significativos para atraer la inversión extranjera a Panamá.

Hay apuestas internacionales a la estabilidad de Panamá, a una serie de factores como la creación del hub tecnológico impulsado por la Corporación Andina de Comercio, para convertir al Istmo en un centro de formación y capacitación de técnicos que manejen la distribución de la información para promover una infraestructura digital en Centroamérica que fomente un intercambio eficiente del tráfico regional de Internet.

La Autoridad del Canal de Panamá desarrolla una inversión de “2 mil millones en el sistema de optimización de recurso hídrico que permita asegurar la disponibilidad de agua para el consumo humano y las operaciones de la vía.

Otros proyectos a los que apuesta el gobierno, previa evaluación del Banco Mundial, son: Cinta Costanera, desde Panamá Pacífico hasta La Chorrera; rehabilitación de carretera Panamericana desde Yaviza hasta David; y el Metro Cable de San Miguelito. Aunado a esto, se iniciarán una serie de programas de rehabilitación de infraestructuras en los barrios, entre otros.