Auditorías pendientes, el legado de Solís; recuperar la credibilidad de la Contraloría, el reto de Flores

Sin arrancar. La gestión de Gerardo Solís al frente de la Contraloría General de la República (CGR) durante el último quinquenio dejó más sombras que luces: el aval en la entrega de becas o “auxilios” a personas con recursos económicos, los dineros de la descentralización, la renegociación de concesiones, una supuesta contraloría paralela y reformar la entidad con una ley que redujo las auditorías, son algunas de las fallas notables que deja en esta entidad estatal.

Conocido por su afición a las motos, lo que le valió el mote de “Poncharelo”, por el personaje de la serie televisiva de los años 80 “Chips, patrulla motorizada”, Solís no logró darle velocidad a una gestión que según las instituciones que dependían de las auditorías de la CGR, señalaron ver sus funciones afectadas.

Desde el primer día de su gestión, Solís estuvo bajo el escrutinio público por lo que el nuevo contralor, que inicia funciones este 2 de enero, Anel Bolo Flores, tiene por delante la tarea de presentar una institución renovada, alejada de los vaivenes políticos; transparente y moderna, distante de la discrecionalidad y que actúe en total apego a la ley, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

“Esto permitirá que la ciudadanía recupere la confianza en esta institución que está llamada a ser independiente y que debe contribuir al crecimiento económico y el bienestar social de Panamá”, indicó Juan Arias, presidente del gremio empresarial.

Prominente miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) , al cual posteriormente renunció, vicepresidente en la fórmula presidencial del PRD liderada por el hoy ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, en 2014, Solís menciona que solo en el último año de su gestión a cargo de la CGR se atendieron 580 notas en el departamento de asuntos jurídicos.

De estas, 260 eran oficios del Ministerio Público y el Órgano Judicial, y el resto peticiones de otras instituciones públicas y particulares, según su último informe de gestión publicado en el portal de la CGR.

Entre sus logros, entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 el departamento de jurídica posterior atendió 150 auditorías y se monitorearon 152 proyectos por $90,7 millones de los gobiernos locales, que resultaron en 521 reportes, de los cuales 508 no tuvieron observaciones y 13 fueron atendidos por gobiernos locales.

Se menciona la participación de más de una docena de capacitaciones y foros nacionales e internacionales, el trámite de más de 8 mil documentos por $2,9 millones desde la Secretaría General, entre solicitudes de avalúos, 232 peticiones de auditorías, por mencionar algunos puntos del profuso informe cuyos resultados son opuestos a las voces de organismos ciudadanos y autoridades.

“Lamentablemente, Solís no llenó las expectativas que tenía la ciudadanía del rol que debe tener un contralor, partiendo del hecho que promovió una ley que le daba la capacidad de escoger qué investigar y qué no”, dijo Giulia de Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.

De Sanctis se refiere a la ley 351 de 2022 que modificó las funciones de la CGR, criticada por al menos ocho organizaciones de la sociedad civil y que desde 2023 se encuentra demandada ante la Corte Suprema de Justicia por la Fundación para la Libertad Ciudadana.

Esta norma fue defendida por Solís porque a su juicio “robustece el control previo y posterior” pero marcó un antes y después del periodo, explicó Olga de Obaldía, la directora ejecutiva de dicha fundación.

La renovación de las concesiones de los puertos como Panamá Ports y del ferrocarril con Panamá Canal Railway hasta por 25 años sin renegociarlos, los fondos que recibían las juntas comunales popularmente llamada “descentralización paralela”, fueron los mayores escándalos durante su gestión, pero las auditorías brillaron por su ausencia.

Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, las auditorías de la CGR son la prueba idónea para las investigaciones del Ministerio Público.

Por ello, esta institución le solicitó a la Contraloría, entre 2020 y 2024 unas 235 solicitudes de auditoría, se abrieron 17 procesos y pero apenas cuatro fueron “efectivas” para condenas, detalla un reporte del Ministerio Público.

En el mismo periodo, la Fiscalía General de Cuentas requirió 52 auditorías a la Contraloría, de estas la institución respondió con 16 notas, ordenó cuatro auditorías y finalmente solo se remitió un único informe (ver cuadro).

“No recibimos respuesta, al contrario, se nos cuestionó el estar solicitando la rendición de cuentas del estatus de las auditorías ya que según el contralor [Solís] la nueva ley le daba esas facultades y dijo que no tenía obligación de remitir esos informes”, relató la exfiscal general de cuentas, Waleska Hormechea a La Estrella de Panamá.

Entre estas denuncias pudo estar la de los fondos de la descentralización, explicó la fiscal, porque un grupo de ciudadanos presentó una denuncia pública.

Sin contar las solicitadas, las auditorías remitidas por año no superaron las 25 entre 2020 y 2023, a julio de 2024 no se llegó ni a 10, precisó.

Esta ínfima colaboración con las auditorías tuvo como efecto no poder darle respuesta a los ciudadanos, añadió Hormechea, quien resaltó que solamente en un año, con su antecesor, Federico Humbert, se enviaron 87 auditorías por los manejos irregulares de fondos con las juntas comunales.

Usualmente, los auditores hacen muchas auditorías, ¿dónde quedaban las otras realizadas por el equipo de auditores que no eran remitidas?, se preguntó.

Por otro lado, además de que las auditorías no se remitían a la jurisdicción de cuentas, otras demoraban más de un año en salir del despacho de Solís, lo que perjudicó las evidencias o sus resultados tenían montos muy bajos en cuanto a los hallazgos de perjuicios al Estado.

“El nuevo contralor tiene un arduo trabajo”, dijo Hormechea, y entre sus tareas sugirió replantear la gestión para que el contralor “concentre menos poder” en su figura y que el subcontralor ayude a agilizar el trabajo.

Otra institución que vio perjudicado su desenvolvimiento con la nueva ley de la contraloría impulsada por Solís fue el Tribunal de Cuentas cuya función es fiscalizar la actividad económica y financiera del sector público.

“El envío de las auditorías sí bajó respecto a lo que nosotros requerimos. Sí afectó al Tribunal de Cuentas porque esas auditorías son la materia prima con la que iniciamos nuestros procesos, y al dejar de enviarlas el trabajo del Tribunal, la recuperación y montos a favor del Estado, bajó”, explicó a La Decana Álvaro Visuetti, magistrado presidente del tribunal.

Visuetti está a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia ante la demanda de la ley que modificó las funciones originales de la CGR y pidió al contralor entrante el envío de auditorías para reactivar el trabajo de este órgano del Estado.

Retomar el papel de la Contraloría

Por esta razón, el rol principal del contralor entrante es recobrar el rol de la Contraloría ante los posibles malos usos de fondos públicos, porque haber evitado el control previo lo convirtió en un “cómplice de los abusos que se dieron en la administración pasada”, consideró la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

“Verificar los números de auditorías que pidieron y recibieron, porque no entregarlas fue una falta absoluta de incumplir con su rol de coadyuvar con la justicia”, comentó De Obaldía.

Restablecer un sistema de seguimiento de las cuentas por pagar para evitar “pagos para agilizar estos trámites” y con ello eliminar cualquier vestigio de una contraloría paralela es otro de los retos del contralor, cuya gestión se inicia en enero para el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá y docente, Raúl Moreira.

Es importante que los casos más sonados, como el del manejo de $300 millones de la descentralización, los auxilios económicos supuestamente para estudios entregados a personas con recursos no queden impunes y sean rescatados por la nueva administración, resaltó el abogado Carlos Barsallo.

Pero también frenar el “abuso” con contrataciones excepcionales o antes llamadas directas, manifestó Barsallo, presidente del Instituto de Gobierno Corporativo.

“La Contraloría y otras instancias, como la Dirección de Contrataciones Públicas, deben revisar esto y proponer cambios que fomenten realmente la competencia y eviten contrataciones que no son las mejores para el Estado, ya que solo benefician a los seleccionados, usualmente allegados”, acotó.

La Estrella de Panamá intentó contactar a Solís, pero no fue posible.