¿Se busca el retorno a los duelos por motivos de honor?

El duelo por motivos de honor estuvo de moda en una época. Se recurría a esa manera de zanjar una injuria en vez de solicitar al Estado. En el campo del honor constituía una reacción de dignidad de quien sentía lesionada su honra. Era tan precedente el lance que algunas codificaciones lo permitieron en los casos en que realmente existía un agravio y se cumplían ciertos requisitos como la equiparación de las armas o la designación de padrinos, cuya gestión previa era buscar una solución honorable al conflicto.

En nuestro medio fue famoso el duelo que enfrentó al general Faustino Antonio Figueroa a José Francisco de la Ossa, terminando con la muerte de Figueroa. Se habla sin ninguna constancia de algún duelo de Belisario Porras, pero sí está confirmado el que tuvo su padre Demetrio. Recuerdo el duelo que dirimió alguna controversia entre José N. Lasso de la Vega y Rubén Miró. Y casi soy un testigo presencial de un lance de honor entre Jorge Illueca y un prominente político, en la plaza de Santa Ana a finales de la década de 1940, duelo irregular que no se dio por no concurrir a la cita la contraparte retada por el entonces diputado Illueca.

En la medida en que el estado de derecho se fue fortaleciendo y las figuras delictivas describían las pugnas humanas referentes al honor, el duelo entró en desuso. En los tiempos actuales el ofendido por una calumnia o por una injuria prefiere comparecer ante un tribunal, a pesar de que esta clase de delitos en la mayoría de los casos no concluye con sentencias condenatorias. Esa omisión judicial es una de las causas de la proliferación de tantas lesiones al honor, tan del mundo político y mediático.

Es preciso recordar que la Ley 80 de 1941 define con acierto la calumnia como “toda imputación de un hecho determinado, pero falso, que se hace a cualquier persona y de la cual, si fuere cierto, debería resultar al calumniador, alguna pena, o bien deshonra, odiosidad o desprecio”. El duelo, por tanto, descansa en un motivo de honor, no pecuniario ni de otro orden material; es de la esfera de la moral de las personas.

Estas definiciones legales y doctrinales indican también que la injuria viene siendo una ofensa al honor. La diferencia entre la injuria y la calumnia es clara. En la calumnia se atribuye la comisión de un delito y en la injuria media una ofensa, sin importar si su contenido es cierto o falso. En la calumnia existe la excepción de la verdad; es decir, el denunciante tiene la oportunidad de probar su cargo y de lograrlo no comete delito alguno. En la injuria bastar proferir la ofensa para que se perfeccione el delito. No existe excepción de la verdad.

Se puede trasladar este mundo teórico a realidades concretas. Si algunos empleados de la Contraloría General pasean un cartelón que dice: “El contralor es un corrupto”, sin especificar el delito cometido, estamos en presencia de un delito de injuria debidamente consumado.

Antes, una ofensa de tal naturaleza provocaba una reacción que se conocía como legítima defensa del honor, pero hoy las ofensas se pasean por las calles en múltiples romerías con tal intensidad y provocación, que los afectados miran para otro lado y simplemente se someten a los mandatos de la resignación. Sobre todo, si la víctima es consciente de que las mayorías gozan con el asesinato de la honra ajena. Tal es de profundo el arraigo de la cultura del agravio en nuestro medio.

Lo alarmante es que si el ofendido por una injuria enfrenta verbalmente a los difamadores, se lleva un descomunal golpe inesperado y no provocado en el rostro. Adicionalmente la mayoría de los medios de comunicación aplauden la agresión y ridiculizan al agredido, como quien echa leña al fuego, tratando de provocar, deliberadamente, a la larga o a la corta, un segundo round para continuar en el festín que les produce la honra ajena agraviada.

En este aquelarre infernal, habitado por toda clase de brujos y de diablos, en el que los órganos jurisdiccionales del Estado son inoperantes y el descontrol social hace de la calumnia y la injuria una moneda de uso frecuente sin solución sancionadora alguna, legal o moral, hemos de presenciar pronto escenas de legítima defensa del honor o los duelos de antaño en defensa de la dignidad herida, no solo para contento de los noticieros, sino para regocijo de quienes desean depositar el estado de derecho y la justicia pública en el tinaco de los mamotretos inservibles.

Se impone una reflexión y una acción muy seria y responsable de las autoridades y los ciudadanos. Se debe dar vida a la presunción de inocencia, al secreto del sumario y al carácter de derecho público que ostenta el derecho penal, indispensable garante de la honra y único distribuidor de las penas por los delitos cometidos.

Publicado originalmente el 8 de enero de 2005.