Políticas públicas, lineamientos claves en la gestión del agua

Las políticas públicas pueden ser definidas desde varias perspectivas. Pueden entenderse como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico, o como un conjunto de iniciativas y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de estas o llevarlas a niveles manejables.

Además, se entiende que una política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático.

Lo anterior genera que las políticas públicas busquen alcanzar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para transformar total o parcialmente la sociedad en relación al tema o eje definido.

Así, según el documento, 'Guía para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas distritales del Gobierno de Colombia', la política pública es un proceso de mediación social, en la medida en que el objeto de cada política sea tomar a cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros, o entre un sector y la sociedad global.

Es por ello que los ejes centrales de las políticas públicas suelen estar asociados a la construcción y toma de decisiones públicas, la transformación o cambio de las situaciones problemáticas o de desajuste social, la priorización de la agenda generada a partir del diálogo con la ciudadanía y la lectura analítica de las realidades sociales, políticas y económicas; y el reconocimiento de los procesos de participación y movilización social.

Por ende, al entender los conceptos claves que contiene una política pública es posible definirla como el “conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la transformación de una realidad social, que tanto los ciudadanos como quienes representan al Estado han determinado como importante o prioritaria de transformar, dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida”.

Además, “la política pública plantea una distribución diferente de lo existente, en especial y de manera estructural, del poder y su relación con la distribución de los bienes o servicios, y de estos en atención a la materialización de los derechos individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos y territorios políticos y sociales”.

En la publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 'Lineamientos de política pública para el sector de agua potable y saneamiento', se describe el panorama general de América Latina y el Caribe en cuanto a sus marcos normativos, planes sectoriales y la institucionalidad existente.

No obstante, la publicación empieza señalando que América Latina cuenta con un poco más de 620 millones de habitantes y es la región más urbanizada del mundo en vías desarrollo, con un 80% de su población viviendo en ciudades, lo que indica que el número de ciudades de más de 500,000 habitantes se ha multiplicado por casi cinco (de 28 a 131) en los últimos 50 años, generando que más de la mitad de la población urbana (55%) resida en ellas.

Estas cifras hacen que la seguridad alimentaria, energética e hídrica de la región dependan de recursos naturales como el agua, lo que demanda un marco de políticas que den un lineamiento para su conservación y uso.

Entonces, si la elaboración de las políticas públicas está asociada al conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que lleven a la transformación de una realidad social, a las condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la vida de la sociedad, lo social y la búsqueda de la dignidad, una política pública para el sector del agua contendrá estrategias de descentralización para garantizar el derecho al agua de todos los ciudadanos.

La Cepal estima que algunos países de América Latina alcanzarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en materia de agua potable y saneamiento, sin embargo, habrá otros que no, porque sus inversiones relacionadas con el agua no tienen prioridad suficiente para elaborar políticas públicas.

En América Latina, los países requieren invertir anualmente más de $5.000 millones para alcanzar los ODS, sin embargo, estas inversiones fluctúan en el tiempo y el monto adecuado; por ello es necesario que cada país latinoamericano cuente con un instituto de planificación que contemple entre sus objetivos la elaboración de políticas públicas en el tema del agua, de manera que se asegure una efectiva priorización del sector, tanto en la formulación de políticas como en asignaciones presupuestarias.

Según el documento de la Cepal, Panamá ha elaborado a través del tiempo planes estratégicos con objetivos claros para que la población tenga acceso a los servicios de agua potable, acompañado de un programa de saneamiento urbano y rural que contemple coberturas de alcantarillado, fundamentalmente en las ciudades, fijando entre sus propiedades la construcción de acueductos, alcantarillados, letrinas, el manejo de residuos sólidos y el saneamiento de la ciudad de Panamá y de la bahía.

Sin embargo, aunque esta estrategia se ha extendido a la provincia de Panamá Oeste, Panamá tiene entre sus desafíos que los roles de la entidad rectora se establezcan con un claro liderazgo y que se propicie una adecuada coordinación interinstitucional.

De igual manera, señala la Cepal, se requiere plena claridad en los roles de las instituciones vinculadas al sector, con el fin de evitar duplicidad de funciones, siendo imprescindible además dotarlas de la autonomía operativa e independencia política.

Otro importante desafío se relaciona con la necesidad de superar el rezago tarifario, que limita la sustentabilidad, calidad y expansión de los servicios, y además tiene como resultado un altísimo nivel de consumo de agua por habitante.

En el ámbito urbano, las prioridades son: 1) introducir criterios de equidad para la asignación presupuestaria, con base en las necesidades de la población carente de los servicios; 2) establecer tarifas de tratamiento de aguas residuales y gestión de lodos; 3) introducir un canon por servicios ambientales; y 4) implementar una estrategia de comunicación para lograr cambios de comportamiento higiénico-sanitario en la población.

En el ámbito rural, las acciones prioritarias se centran en: 1) elaborar políticas y un plan estratégico con enfoque integral que permita un desarrollo adecuado del saneamiento; 2) definir normas de diseño de soluciones sanitarias viables en áreas rurales; 3) promover la investigación, uso y adaptación de tecnologías apropiadas, con la participación permanente de la comunidad; y 4) aumentar los recursos económicos para la ejecución de proyectos, dando prioridad a las áreas más vulnerables y comunidades indígenas sin acceso a los servicios.

Tomando en consideración la visión de la Cepal en cuanto a las fortalezas y debilidades del sector del agua en Panamá, es posible construir políticas públicas que permitan la transformación de nuestra realidad social.